De Protestas a Propuestas
Los Dreamers han sobrevivido a los ataques de Trump. Ahora merecen una solución permanente.
Editorial, The Washington Post
TRES AÑOS después de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciara su ataque contra los Dreamers, inmigrantes indocumentados traídos al país por sus padres cuando eran niños, un tribunal federal ha ordenado que se restablezcan a su forma inicial todas las protecciones que originalmente les otorgó la presidencia de Barack Obama. Y no por primera vez.
En julio, otro tribunal federal, luego de un fallo reciente de la Corte Suprema en el mismo sentido, le ordenó al gobierno que comenzara a aceptar nuevas solicitudes del programa de la era de Obama que protege a los Dreamers de la deportación. A pesar de esa orden, del fallo de la Corte Suprema y del amplio apoyo bipartidista para los Dreamers y para extender sus protecciones y permisos de trabajo, el gobierno eludió, ignoró y se quejó públicamente de la Corte Suprema. La decisión “usurpa la evidente autoridad del poder Ejecutivo”, se quejó el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien no tiene título de abogado y cuyo propio nombramiento para su cargo actual violó la ley federal, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno y un tribunal federal.
Incluso en sus últimas semanas en el poder, sin ninguna ventaja política que obtener, la cruzada republicana continúa su ataque contra un grupo de de jóvenes criados en este país y que son estadounidenses en todos los sentidos menos en su estatus legal. Un grupo de fiscales generales estatales del Partido Republicano ha impugnado la constitucionalidad del programa en un tribunal de Texas, donde está prevista una audiencia para finales de este mes.
Cerca de 650,000 jóvenes están cubiertos por el programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), y se estima que 300,000 más califican para el programa y están esperando la oportunidad para presentar la solicitud. Esa oportunidad fue la que eliminó el gobierno en 2017, cuando comenzó su campaña para acabar con DACA. Las autoridades no pudieron rescindir de inmediato los beneficios del programa de quienes ya los disfrutaban, incluyendo los permisos laborales renovables por dos años, mientras continuaban la pelea en los tribunales. Pero en junio, justo después de que la Corte Suprema bloqueara el intento del gobierno de sepultar el programa DACA, Wolf se dispuso a destruirlo, prohibiendo cualquier nueva solicitud y reduciendo de manera drástica la renovación de los permisos de trabajo de dos años a uno.
La primera semana de diciembre, el juez Nicholas G. Garaufis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn decidió ponerle fin a la necedad. Le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias que comenzaran a aceptar nuevas solicitudes de DACA, incluidas las de unos 55,000 adolescentes que habían sido excluidos del programa durante los últimos tres años pero que desde entonces han cumplido 15 años, la edad de elegibilidad.
Es difícil entender qué mezcla tóxica de rencor, crueldad y fervor ideológico impulsa la lucha contra DACA a estas alturas. El presidente electo, Joe Biden, ha dejado claro que restablecerá el programa. Ademas, más de las tres cuartas partes de los estadounidenses afirman que los Dreamers deben permanecer en Estados Unidos con estatus legal, incluyendo casi 70% de los republicanos, según una encuesta realizada este verano.
Armado con ese conocimiento, Biden debería hacer más que restaurar el status quo ante. Los Dreamers merecen una solución permanente, y eso significa una legislación para codificar su estatus legal o ciudadanía en este país. Es absurdo insistir en batallas legales cuyo final implícito es la marginación y eventual expulsión de cerca de un millón de inmigrantes, la mayoría entre 20 y 40 años, que carecen de un apoyo permanente en el país por causas ajenas a ellos. Acabemos ahora con esta locura.
Jamileth
