Educación
El regreso a las clases o la consolidación de la última reforma: los retos de la futura secretaria de Educación
Por David Marcial Pérez | El País
Los últimos dos sexenios han tenido cada uno tres secretarios de Educación. Un recorrido demasiado corto que evidencia la tantas veces criticada subordinación de lo educativo a otras esferas políticas. La salida del actual responsable, Esteban Moctezuma, rumbo a la Embajada de Washington cuando se cumple el primer tercio del mandato hace presagiar que la Administración de Andrés Manuel López Obrador no será en este caso una excepción. Con la pandemia como frente principal, la recién nombrada nueva secretaria, Delfina Gómez, tendrá que abordar toda una batería de asuntos urgentes y que han quedado a medio camino como la vuelta a las clases o la consolidación de la última reforma educativa.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) decretó a mediados de marzo la suspensión de la clases, cambiando de golpe el ecosistema de más 30 millones de estudiantes y sus familias. El cuándo, cómo y quién regresa a las aulas se ha convertido en otra de las batallas políticas propiciadas por la pandemia. El primero en golpear, desde finales de noviembre, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro: “No hay manera de seguir atrasando esta decisión, nos vamos a preparar en la ruta para definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual de las actividades escolares presenciales”.
Alfaro, de Movimiento Ciudadano, es uno de los mandatarios territoriales más activos entre el ramillete de 10 gobernadores —de todo el espectro opositor, incluido el PRI y el PRD— que rompieron amarras en septiembre con la mesa de negociación federal (Conago) y se han consolidado desde entonces como el polo de oposición más firme en lo que va del sexenio. La cuerda se ha vuelto a tensar porque las instrucciones federales son que las clases solo podrán volver en enero en aquellos Estados que estén en semáforo verde, el sistema de supervisión de la covid-19 en México, con la que comenzó la desescalada en junio tras la ligera mejora en los contagios.
El órdago Jalisco es considerable porque de momento no es siquiera de los territorios menos afectados. Está catalogado como naranja, solo un escalón por debajo de la alerta roja, que es la máxima. Ante la presión, Moctezuma en todo caso aceleró las reuniones con la comunidad docente para evaluar todas las posibilidades. 2021 es año electoral y nadie quiere que llegue junio —la fecha de los comicios— y no esté abierta la escuela, que no deja de ser un motor económico con derramas en transporte, alimentación o textil. Tampoco al propio presidente le interesa que se prolongue el cierre.
“Las suspensión a tiempo de la actividades presenciales fue una acierto de la SEP. Y también lo está siendo la precaución que está mostrando para iniciar el regreso paulatino. Además, marca una diferencia con lo manifestado por el presidente, al que le urge la vuelta a la normalidad en año electoral”, apunta Roberto Rodríguez, profesor de Ciencia Política en la UNAM y experto en políticas educativas.
Durante todos estos meses, la SEP puso en marcha el programa Aprende en Casa, basado en las clases por televisión e Internet. Un sistema que ha mostrado sus deficiencias al dejar fuera a los más pobres, una de las prioridades del Gobierno de Morena. Un reciente informe de la organización civil Mexicanos contra la corrupción mostraba como el 45% de los niños de las familias más humildes de Chiapas se vieron forzados a abandonar la escuela durante la pandemia. “La situación está siendo peliaguda y excepcional pero se ha resuelto mal desde la soberbia y la falta de escucha al magisterio”, señala Manuel Gil Antón, profesor de Sociología del Colegio de México.
Reforma a medias
Una de las promesas de campaña de López Obrador fue la derogación de la reforma educativa llevada a cabo por el PRI. Para Rodríguez, “la reforma de la reforma está a medias”. “Los estudiantes tienen distintos pases de estudios. La mayoría de los maestros no han sido formados para el currículum, que apenas se esta implementando”, señala.
Los cambios implementados por el Gobierno de Peña Nieto pasaban por reordenar el acceso y evaluación de los docentes —que en caso de no superarlas eran despedidos— así como una recentralización de algunas competencias —como el pago de nóminas— en el Estado federal. La reforma impone el concurso obligatorio, dejando atrás un modelo de plazas heredadas y control sindical producto del México clientelar anterior a la apertura democrática.
“La revisión de Morena ha sido de poco alcance y más bien pragmática. Ha tratado de quitar los elementos de carácter punitivo y hacer instituciones espejo de las anteriores”, apunta Gil Antón. La nueva norma eliminó las evaluaciones, pero mantiene gran parte de los lineamientos del proyecto educativo que impulsó del PRI, con cambios en ocasiones meramente nominales, como la transición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Tras el anuncio la semana pasada de la salida de Moctezuma, se especuló con una posible acercamiento de Elba Esther Gordillo, la histórica exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), el mayor de América Latina, con más de 1,6 millones afiliados. Esther Gordillo, una de las figuras políticas más influyentes del México reciente, se había distanciado del PRI por rechazar de palmo a palmo la reforma educativa, que desactivaba en parte el ecosistema del poderoso sindicato.
Su salida de la cárcel en 2018 y el reciente aval judicial para su nuevo partido, oficialmente ligado a su yerno, habían alimentado las especulaciones de cara, nuevamente, al año electoral que arranca en unas semanas. “Esther Gordillo sigue siendo una actor político relevante y no dudo que haya aproximaciones pero no tengo tan claro que pueda tener acceso a un puesto tan alto”, sostiene Rodríguez. “Aunque el SNTE ha bajado su perfil después de conservar muchas de sus prerrogativas, sobre todo salitrales tras la nueva reforma. El trato con el Gobierno ha sido ‘ustedes no se montan en política y nosotros no nos metemos en lo laboral”.
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