La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente

Joaquín Gil y José María Irujo | El País

Madrid - Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscalía mexicana durante los años del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. Así lo sostiene la Policía de Andorra en un informe confidencial fechado en febrero de 2020 al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El letrado está siendo investigado por blanqueo en Andorra, un país que permaneció blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Los agentes acusan a Collado de no poder justificar el origen de los 120 millones de dólares (107 millones de euros) que movió entre 2006 y 2015 en 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Los investigadores atribuyen a la Procuraduría General de la República (PGR) de México –el nombre que tenía entonces lo que hoy se conoce como Fiscalía– una maniobra para que la justicia andorrana archivara provisionalmente en 2018 la causa contra Collado. Y se basan en que la Fiscalía mexicana entregó al juzgado de Andorra durante el mandato de Peña Nieto “información presuntamente engañosa”, según los agentes de la Unidad de Investigación Criminal 3.

La Policía de Andorra añade que la actual Fiscalía México que dirige Alejandro Gertz Manero está indagando la presunta operación para exculpar a Collado desde la Fiscalía. “Se habría abierto una investigación por parte de las autoridades de México debido a la detección de irregularidades cometidas por los funcionarios encargados de emitir el informe de la Procuraduría General de la República, que advierte de diversas anomalías relacionadas con la investigación sobre Juan Ramón Collado Mocelo que motivaron el sobreseimiento [de su causa judicial]”, precisa este documento policial secreto de 19 páginas.

Las pesquisas por blanqueo en Andorra contra el abogado de Peña Nieto han registrado un tormentoso camino desde sus inicios. La fortuna del letrado en este Principado de 77,000 habitantes fue congelada junto a la del resto de clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco fue intervenido por lavar supuestamente fondos de empresarios, dirigentes políticos y grupos criminales. La juez andorrana Canòlich Mingorance embargó después los depósitos del letrado por un supuesto delito de blanqueo.

Las indagaciones sufrieron un parón en octubre de 2018. La magistrada se vio forzada entonces a archivar provisionalmente la causa después de que la Fiscalía mexicana –aún bajo el Gobierno de Peña Nieto– remitiera a Andorra documentos que exculpaban al abogado. Y justificaban que su caso ya había sido juzgado en aquel país. El dictamen mexicano, firmado por la funcionaria Anahí Marcela Mendoza, pedía a la juez de Andorra “el no ejercicio de la acción penal [contra Collado]”. Y concluía que no se podía condenar al letrado en el país europeo porque las autoridades mexicanas no habían podido acreditar el origen ilícito de su dinero. Un requisito clave para sentenciar por blanqueo.

Tras el archivo de la causa en Andorra, el caso sufrió, de nuevo, un revés judicial. Collado fue arrestado en julio de 2019 en México –ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia– por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archivó provisionalmente su causa en Andorra). Entre las operaciones bajo sospecha, figuraban las transacciones realizadas al país pirenaico. Un mes después, el juzgado andorrano reabría la causa y congelaba 93 millones de dólares (76 millones de euros) del investigado.

La figura del no ejercicio de la acción penal ya fue utilizada por las autoridades mexicanas con otro influyente dirigente con cuenta en la BPA, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del PRI. Este recurso jurídico forzó el archivo de la causa andorrana contra este mandatario, que llegó a ocultar en 2012 un total de 1,5 millones de euros en la BPA, según reveló EL PAÍS.

Directivos del banco al rescate de un cliente VIP

El último documento policial incorporado a la causa contra el influyente letrado revela también cómo ejecutivos de la BPA ayudaron a Collado a esconder su fortuna en Andorra mediante una opaca constelación de cuentas y sociedades con tentáculos en México, Holanda, Panamá y Hong Kong.

Los agentes ponen como ejemplo de esta mecánica de ocultación una comunicación interna de marzo de 2009 entre el entonces consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats, y el exdirectivo Pablo Laplana. La misiva prueba –según la policía– que la entidad financiera produjo “facturas falsas o simuladas” para justificar las transacciones de Collado y “ciertos clientes relevantes” a quienes se les permitía “emplear las cuentas puente –instrumentales– bajo control del director general de la BPA”.

Otro correo entre Joan Marc Masson, exresponsable de oficina de BPA en México, y Laplana supuestamente confirma –también según los investigadores- los manejos de estos directivos para blindar el anonimato de Collado y ocultar que era “el auténtico beneficiario de los fondos”.

En un mensaje del 25 de junio de 2013, Masson indica a Laplana la idoneidad de enviar dinero de Collado a una sociedad holandesa para “romper el vínculo con México y proteger más al cliente”.

Según la Policía de Andorra, los exdirectivos del banco Masson y Laplana conocían la existencia de un entramado societario instrumental destinado a emitir facturas falsas para poder justificar las operaciones de clientes de alto riesgo, entre los que figuraba Collado.

Así, Masson, en uno de los correos, muestra que conoce que el entramado financiero del abogado recibe dinero de sociedades “que serían vehículos de canalización de fondos y que no tendrían una actividad real”.

Además, el tinglado andorrano del abogado ingresó fondos de sociedades instrumentales como Hinton SL que, según los investigadores, fue creada y supervisada por el que fuera consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats.

La Policía de Andorra pone bajo el foco a una de las sociedades gestionadas por Masson, Team Faith International Limited. Se trata de una mercantil instrumental ideada para canalizar fondos de clientes mexicanos como Collado, su cuñado, Mario Andrade Manzana, y su hermana Lucía Collado Mocelo.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Collado. Cuando declaró como investigado en 2016 ante la juez andorrana, el letrado explicó que el dinero que ingresó en la BPA procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los años noventa. Un negocio que le había reportado –según contó a la magistrada– unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares (75 millones de euros) en 14 años.

Los investigadores han cuestionado siempre el origen del dinero de este abogado cuya cartera de influyentes clientes incluye al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

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