Pura Demagogia
López Obrador debe dejar de premiar a Alfonso Romo con millones de litros de agua
Alejandro Melgoza, Sergio Rincón | The Washington Post
Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México y uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue recibiendo concesiones para la explotación de agua en el acuífero más importante del país. Y en lugar de ser investigado, como lo ordenó el presidente hace un año, sigue obteniendo beneficios del gobierno mexicano.
Hace un año publicamos —junto a la periodista Janet Cacelín— la investigación “Un cacique del agua en el paraíso maya” en la plataforma latinoamericana Connectas. En el reportaje documentamos que Romo acaparó un importante número de concesiones de agua subterráneas (16.8 millones de metros cúbicos) procedentes de cenotes de la Península de Yucatán, con el fin de regar campos del megaproyecto biotecnológico Enerall, que fundó en 2007.
Tras la publicación, el presidente ordenó a las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de la Función Pública (SFP) investigar los daños ambientales y la destrucción de un cenote, y el procedimiento de la sanción —si es que la hubo—; además de indagar si Romo tuvo un conflicto de interés o favoreció desde el gobierno a Enerall, cuyo accionista principal es su hermano, Gustavo Romo.
“No va a haber impunidad, sea quien sea, se acaba eso de que no se puede tocar al intocable”, prometió AMLO. Al final, las instituciones encomendadas por el presidente para realizar la investigación no iniciaron ningún procedimiento.
Los hechos dejan claro, un año después, que Romo es un intocable cuyo poder empresarial le basta para salir impune en un gobierno que prometió distanciarse de la forma de gobernar del pasado, fuera de influyentismos y encubrimientos.
Alfonso Romo renunció a la jefatura de la Oficina de la Presidencia el 2 de diciembre de 2020, pero mantiene su relación con AMLO: el 25 de febrero acudió a Palacio Nacional a una reunión con empresarios y en enero estuvo presente en la llamada del presidente con su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Desde diciembre pasado, las bases de datos sobre permisos de agua se actualizaron y descubrimos que la empresa del exfuncionario obtuvo nuevas concesiones en septiembre de 2020 por 6 millones 934,000 metros cúbicos de agua. Sumados a las pasadas concesiones que documentamos, de 2012 a 2018, la cantidad se eleva a 23 millones 756,000 metros cúbicos de agua anuales, lo que equivale a llenar 24 veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de América Latina.
Estas concesiones entregadas por la Comisión Nacional del Agua, órgano que pertenece a la Semarnat, la secretaría que supuestamente investigaría a Romo, son relevantes no solo por el mensaje de impunidad que envían, sino por los tiempos en que ocurrieron: las fechas de registro aparecen en septiembre del año pasado, unos días después que renunciara Víctor Toledo como secretario de Semarnat, quien acusó que Romo estaba frenando, desde el gobierno, iniciativas a favor del medio ambiente.
“Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”, denunció Toledo en un audio filtrado a los medios.
Romo —en momentos en que aún era un alto funcionario cercano al presidente— obtuvo el año pasado un premio triple: no se le investigó, Toledo le dejó el camino libre y obtuvo más concesiones para explotar el acuífero de la Península de Yucatán.
El tema del agua es fundamental en esa zona, donde existe la reserva más importante de México: dos terceras partes del agua renovable. Su defensa ha sido una batalla principal para los mayas. No solo contra megaproyectos como el de Enerall o Grupo Xacur, también contra el Tren Maya, el megaproyecto de AMLO que cruzará esa región y que ha recibido críticas por parte de organizaciones ambientalistas.
Pese a que el presidente se comprometió a impulsar los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 y que otorgan un mejor marco jurídico a los pueblos originarios, este gobierno parece favorecer a estos caciques que violentan sus derechos. Lo advirtió el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) en su reciente informe sobre la “mafia agraria”, en el que señala que en los últimos 30 años se ha privatizado la propiedad social en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entre estos acaparadores de tierras señala también a Alfonso Romo.
Frente a esta amenaza al sistema de cenotes, los mayas interpusieron en mayo del año pasado, mediante la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el CCMSS, una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Tren Maya y las afectaciones ambientales.
Al frente de esta oposición está el defensor maya Pedro Uc, quien no solo ve a Romo como un “enemigo” del medio ambiente, sino como un representante de los intereses neoliberales y un enemigo acérrimo de Ah Muzenkab, el dios maya de las abejas, ahora afectadas por las fumigaciones de Enerall y Grupo Xacur.
“No solamente se le premia con la impunidad, sino que se le va a permitir seguir haciendo lo que ha hecho en el país contra el medio ambiente”, nos dijo en entrevista en diciembre, antes de saber que había obtenido más concesiones para seguir erigiéndose como un cacique del agua en el paraíso maya.
Lejos de las selvas, el presidente y sus funcionarios pueden simular desde Palacio Nacional el combate a la impunidad contra poderosos como Romo, pero los habitantes de la zona saben lo que está sucediendo: que falta el agua, que no hay infraestructura, que el Tren Maya es similar a las propuestas enemigas del medio ambiente y de las comunidades indígenas que propusieron los gobiernos anteriores, y que, por eso, las primeras inconformidades mayas que ya llegaron a juicios de amparo e instancias internacionales, son apenas el inicio de una férrea defensa del territorio.
Pero no todo puede quedar en la defensa del territorio. Las instituciones ambientales están obligadas por ley a investigar estos actos de acaparamiento en perjuicio del medio ambiente y las comunidades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya falló una vez cuando no denunció penalmente a Enerall pese a que tapó un cenote. Llegó la hora de que el gobierno actúe y frene a Romo y a los demás caciques del paraíso maya.
aranza
