Summum de la Justicia
El clan Vega y el vínculo con el ‘caso Ayotzinapa’
Pablo Ferri | El País
México - El dilatado proceso contra la organización criminal Guerreros Unidos en Chicago podría serle útil finalmente a los investigadores del caso Ayotzinapa en México. Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que el Gobierno de Estados Unidos le ha enviado parte de un expediente relacionado con el caso, después de la conversación que el mandatario sostuvo con la vicepresidenta del país vecino, Kamala Harris, el 7 de mayo. “Ya me mandó parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto. No puedo decir más”, ha dicho.
López Obrador ha evitado dar detalles del documento, pero los informes que elaboraron sobre el caso los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dan pistas sobre su naturaleza. Uno de los puntos por aclarar del ataque contra los normalistas siempre ha sido el motivo, las razones que condujeron a policías de varios municipios y al grupo criminal Guerreros Unidos a lanzarse contra ellos. Tesis por probar, los expertos de la CIDH han apuntado a los autobuses que transportaban a los estudiantes, planteamiento que enlaza con el proceso que sigue a Fiscalía de Estados Unidos contra Guerreros Unidos en Illinois.
El 26 de septiembre de 2014, unos 80 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, se desplazaron a Iguala a tomar autobuses para viajar, días más tarde, a Ciudad de México. Su idea era participar en los actos conmemorativos por la matanza de Tlatelolco, en la capital. Una vez en Iguala, los estudiantes acudieron a la terminal de autobuses. Salieron de allí en cinco vehículos, cuatro por la puerta principal y uno por la trasera. El ataque inició poco después en las calles del municipio.
Para los expertos de la CIDH, la intención de policías y criminales habría sido parar los autobuses. En el primer informe, publicado en septiembre de 2015, escribieron: “Los ataques muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala (...) Cuando ya habían salido de la ciudad, a no dejar que siguieran su camino y cuando parecía que [ya se habían escapado, evitar que] siguieran huyendo”. Ya desde entonces, los expertos plantearon la idea de que los autobuses podrían haber sido transportes camuflados de heroína, organizados por Guerreros Unidos. De acuerdo a esta teoría, el ataque trascendía a toda motivación política y apuntaría en realidad a razones económicas.
La lógica de los investigadores de la CIDH se apoyaba en un proceso judicial que se seguía en el país vecino. A finales de 2014, las autoridades de Estados Unidos desarticularon la célula de Guerreros Unidos en Illinois. El 8 de diciembre, la oficina de la Fiscalía en el Norte de ese Estado informaba sobre la acusación contra Pablo Vega, su cuñado y otras seis personas por distribuir heroína en Chicago. Vega y compañía eran la estructura de Guerreros Unidos en la región.
Para la unidad de la Fiscalía que investiga el caso Ayotzinapa, Vega es un personaje importante. Una fuente de la dependencia señala que México inició su proceso de extradición a finales del año pasado. Está por ver si Estados Unidos accedería a entregar a México a un sospechoso de importar y distribuir decenas de kilos de heroína en el país. El antecedente más cercano es el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido a finales del año pasado en Los Ángeles, acusado de narcotráfico. Después de una ofensiva del Gobierno mexicano, la Fiscalía de EE UU retiró los cargos y mandó al general de vuelta a México, donde quedó en libertad.
Durante 2013 y 2014, investigadores de la DEA, la agencia antidrogas del Gobierno estadounidense, escucharon llamadas y leyeron mensajes de Vega y los demás. En algunos casos, sus interlocutores eran presuntos integrantes del grupo criminal en México. El escrito de acusación de la Fiscalía refería mensajes en que los presuntos criminales hablaban de envíos de droga desde México, usando autobuses de línea, vehículos como los que habían tomado los normalistas la tarde previa al ataque.
Desde 2015, los expertos de la CIDH reclamaron a la Fiscalía federal mexicana que pidiera a sus pares en Estados Unidos toda la información recopilada durante la investigación al clan de Pablo Vega en Illinois. Al fin y al cabo, la DEA tenía meses de llamadas y mensajes intercambiados por las células de Guerreros Unidos en Illinois y Guerrero. La agencia antidrogas tuvo intervenidos sus teléfonos, antes, durante y después del ataque contra los normalistas.
El proceso de petición de información fue largo y farragoso. En septiembre de 2015, la Fiscalía pidió información sobre Guerreros Unidos al Departamento de Justicia de EE UU. Pero no funcionó. La solicitud fue tan genérica que Estados Unidos contestó que no había forma de buscar todos los documentos relacionados con el grupo criminal elaborados por las agencias del Gobierno. Hubo una segunda petición en febrero de 2016, rechazada también. Más tarde la Fiscalía dijo que la respuesta estaba en trámite.
Finalmente, en 2018, el mecanismo especial de seguimiento al caso Ayotzinapa de la CIDH informó de que la Fiscalía les había dado acceso a las transcripciones de las comunicaciones de Pablo Vega y uno de sus compañeros en México, alias Sílver, en fechas cercanas al día del ataque. Esperado desde hacía tiempo, este nuevo pedazo de información abría todavía más interrogantes, pero probaba que la célula de Illinois había estado pendiente del ataque contra los estudiantes.
Desde entonces, esta vía estaba muerta. La justicia de EE UU conservaba mensajes de los otros detenidos y comunicaciones de Vega y Sílver más allá de los días cercanos al ataque. Eso sería, además del resto de pruebas que acumuló la DEA en su investigación, el contenido del expediente al que se refería López Obrador en su rueda de prensa.
Jamileth
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