Calamidades
El peligro de que la tragedia del Metro quede en la impunidad
Sandra Romandía, The Washington Post
María Dolores vio caer pedazos de su casa como si fueran lluvia: muros, cortes de concreto, una pila de tabiques rojos y varillas que podrían haberla matado. El sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017 mostró lo mal construido que estaba su edificio en el Residencial Grand Insurgentes, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México.
Lo había comprado apenas dos años atrás a la inmobiliaria Dekah, empresa fundada por Simón Neumann y Fausto Galván, asesores y funcionarios en temas de vivienda del entonces jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera. Ese complejo departamental fue apenas uno de los tantos que vendieron y construyeron al amparo del poder, violando normas ambientales, de construcción y planeación de la ciudad.
Ambos fueron identificados en la investigación periodística “El Cártel Inmobiliario de CDMX” en 2018, en la cual revelamos cómo una red de empresarios y amigos de Mancera extendieron sus operaciones inmobiliarias al amparo del tráfico de influencias y bajo un claro esquema de conflicto de interés. En el caso de Residencial Grand Insurgentes ningún funcionario fue procesado.
El sismo de 2017 desnudó operaciones oscuras y una estela de corrupción por falta de supervisión y mantenimiento de edificios de vivienda que, a la fecha, se mantiene en la impunidad. Esa falta de castigo a los funcionarios públicos responsables ha existido en otros casos graves, lo cual demuestra que las vidas de los ciudadanos dependen solo del grado de corrupción, negligencia y colusión de los burócratas del momento.
Es por eso que el esclarecimiento de quién o quiénes fueron los responsables del desplome el pasado lunes 3 de mayo de un tramo de la Línea 12 del Metro, que dejó al menos 26 personas muertas, es vital para acabar con el ciclo de impunidad que ha permeado en las grandes tragedias en espacios públicos en Ciudad de México.
Han pasado ya más de tres semanas y el riesgo de que sigan pasando más días —y meses y años—, y al final no se procese a quienes fueron responsables, lleva consigo no solo el olvido de la justicia que merecen las víctimas involucradas, sino que abre la posibilidad para que próximos gobiernos sigan cometiendo impunemente negligencias y errores cuyo costo son vidas humanas, como ha sucedido previamente.
En octubre de 2000 se incendió la discoteca Lobohombo y 22 personas murieron. La tragedia la provocó un corto circuito y que las salidas de emergencia del lugar estaban bloqueadas. La responsabilidad de supervisarla dependía del gobierno de Ciudad de México, y debió recaer en funcionarios con nombre y apellido, pero nadie pisó la cárcel. En ese tiempo la jefa de Gobierno era Rosario Robles, hoy en prisión por otros motivos.
El 20 de junio de 2008, cuando el hoy canciller Marcelo Ebrard era el jefe de Gobierno, un operativo policiaco mal diseñado en la discoteca New’s Divine provocó una estampida que causó la muerte de 12 personas, entre ellas cuatro menores. Tres funcionarios fueron destituidos pero ninguno procesado. Entre ellos el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y del operativo fallido, Joel Ortega, quien después, de 2012 a 2015, fue director del Metro.
En la administración de Mancera, de 2012 a 2018, además del Cártel Inmobiliario en la Comisión de Reconstrucción tras el sismo de 2017 se registraron desvíos de recursos y utilización de empresas fantasma para saquear el presupuesto destinado para las víctimas. A la fecha, solo el entonces comisionado Edgar Tungüí ha sido detenido. Miguel Ángel Mancera ni siquiera fue citado a declarar y mantiene su cargo de senador de la república.
El 19 de mayo la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta semana ofrecería resultados sobre el estado de la Línea 12 y que en unas semanas se entregará un peritaje internacional que deslindará responsabilidades. La pregunta es si realmente se dará con los responsables de la mala construcción, que pasa por la concepción de la obra en la administración de Marcelo Ebrard, la supervisión de mantenimiento antes y después del sismo por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y el que le corresponde a la actual administración.
No entregar resultados pronto, claros y con nombres de las y los involucrados en la negligencia, omisión o corrupción, alentaría que la impunidad en tragedias clave de Ciudad de México siga siendo la regla. La apuesta por el olvido, la confusión y la interpretación de entramados políticos, para que finalmente nadie termine tras las rejas para pagar la muerte de personas, es un arma macabra que no debería persistir.
La resolución efectiva y ágil de qué fue lo que pasó en el derrumbe de la Línea 12 es un deber pendiente con la ciudadanía que merece, después de varios gobiernos sin resolución de casos, justicia verdadera que les signifique que algo mejor, en cuanto a administración pública, vendrá en el futuro.
aranza
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