Summum de la Justicia
La pandemia dejó sin acceso a la justicia a las poblaciones más vulnerables de México
Laura Castellanos, The Washington Post
El 19 de marzo de 2020 la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, rechazó recibir la copia certificada del expediente con el caso de siete presos políticos mazatecos de Eloxochitlán, para resolver la apelación de tres de ellos contra el auto de formal prisión por homicidio en grado de tentativa denunciado por Elisa Zepeda Lagunas.
La abogada Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, uno de los presos, me dijo en entrevista que tampoco quisieron recibirla tres magistrados de la Segunda Sala. El tribunal lo justificó con una circular que notificaba que por la pandemia de COVID-19 se suspenderían las actividades laborales en la sede oficial del 20 de marzo al 20 de abril, aunque precisaba que los servidores públicos desahogarían su trabajo en casa para evitar rezagos.
La pandemia, en este caso, le dio al tribunal el pretexto para prolongar la dilación sistemática que ya aplicaba en el procesamiento de los presos políticos, pues recibió la copia certificada cinco meses después. También ha profundizado, en general, las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexicano. Y ha afectado especialmente las denuncias que tienen que ver con razones de género, pertenencia a los pueblos originarios y motivos políticos.
El conflicto violento en Eloxochitlán ocurrió en 2014, derivado de la toma del palacio de Gobierno por parte de Manuel Zepeda Cortés, padre de Zepeda Lagunas, quien había terminado su periodo como presidente municipal. La Asamblea Comunitaria lo acusó de tirotear una de sus reuniones, lo que desató una trifulca en la que seis de sus integrantes fueron heridos de bala, mientras Zepeda Lagunas y su madre fueron golpeadas, en tanto su hermano y uno de los hombres armados que tomaron el palacio resultaron muertos.
Zepeda Lagunas acusó a los siete mazatecos de intentar asesinarla. Hoy es la presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso estatal, arropada por Morena, el partido gobernante, y busca reelegirse en las elecciones del 6 de junio.
La copia certificada que fue rechazada por los magistrados contenía 7,000 fojas que exponen las inconsistencias en las declaraciones en distintas etapas del proceso penal de la denuncia de la legisladora. Estas posibilitaron ya, antes de la pandemia, el excarcelamiento de un preso que había sido sentenciado a 50 años de prisión, Miguel Ángel Peralta, además de otros 18 autos de libertad y ocho amparos a favor de integrantes de la Asamblea Comunitaria acusados por ella. Hoy, un año y dos meses después de que fuera presentada la solicitud de apelación mencionada, la resolución sigue en vilo.
Si bien este caso tiene un trasfondo político, también expresa la parálisis del sistema judicial durante la pandemia. El informe Hallazgos del índice del Estado de Derecho en México 2019-2021 de la organización internacional World Justice Proyect (WJP), reveló que esta estancó la eficiencia de los sistemas de impartición de justicia y el respeto al debido proceso, aunque ambos fueron catalogados como esenciales por las autoridades sanitarias.
En el reporte, 16 de las 32 entidades del país, entre ellas Oaxaca, sufrieron una caída en sus garantías al estado de Derecho en comparación con el año previo. De esas 16, 12 limitaron a menos de tres sus servicios de justicia penal por medios remotos o colaborativos durante la pandemia, lo cual frenó prácticamente la procuración de justicia.
El informe agrega que por la ineficacia en las investigaciones policiacas y del ministerio público, los delitos que no se denuncian o para los que no se abre una carpeta de investigación se estimaron en 92.4% a nivel nacional en 2020.
La inoperancia del sistema de justicia también ha dejado expuesta a la población recluida en prisión. El año pasado, a los siete presos del caso Eloxochitlán les dio COVID-19 en la cárcel, a uno de ellos de gravedad, aunque lograron superarlo.
En su reporte ¿Derechos aplazables? la organización Equis Justicia para las Mujeres encontró que, a pesar de que las cárceles del país tienen 118% de sobrecupo, el poder Judicial en el país no considera medidas para atender y agilizar asuntos de ejecución penal ni de liberación, discriminando especialmente a las mujeres.
Las fallas estructurales y las limitantes operativas de la impartición de justicia se agravan cuando se trata de casos de violencia de género, lo cual ha repercutido en la crisis humanitaria vivida en México por la espiral de feminicidios, desapariciones de mujeres y casos de violencia sexual.
De acuerdo a un informe del Observatorio Género y COVID-19 en México, la exigencia de justicia de las mujeres se ha visto obstaculizada por la disminución de personal, la suspensión de actividades y la brecha digital. Esta realidad se agrava aún más en los casos de mujeres de pueblos originarios.
Susana Mejía, de la casa de Sanación Yolpajti en Cuetzalan, Puebla, da refugio a mujeres indígenas y sus familias víctimas de violencia familiar. En entrevista, me dijo que el cierre del ministerio público local por razones sanitarias le significó a las mujeres trasladarse al municipio vecino de Zacapoaxtla, ubicado a dos o tres horas de viaje y con gastos promedio de 1,000 pesos (50 dólares), para enfrentar procesos ministeriales sin que haya intérpretes de lengua indígena.
Me dijo que en el refugio está una mujer y su niña, quien fue violada por su esposo. Los hechos ocurrieron en octubre de 2020 y, hasta este 25 de mayo, el ministerio público de Zacapoaxtla que lleva a cabo la diligencia no había terminado de integrar la averiguación previa. Les dijo que tampoco tiene recursos para llevar la documentación a la Fiscalía General de Puebla. El victimario seguirá libre por tiempo indefinido.
De igual manera han quedado en el limbo casos de feminicidios o desaparición de mujeres, como ha sucedido en el Estado de México. La inacción de las autoridades por desdén o medidas sanitarias ha generado impunidad y que se revictimice a las familias de las víctimas, como lo registró el informe Como anillo al dedo. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México de Amnistía Internacional.
La actuación de las autoridades ante la pandemia también ha truncado las luchas comunitarias de defensa del territorio en contra de megaproyectos impulsados por el Estado o el gran capital. También ha prolongado la impunidad de casos de defensores ambientales asesinados, como el del nahua Samir Flores, asesinado en Morelos por oponerse al funcionamiento de la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos.
La pandemia dejó al descubierto y profundizó la crisis estructural que ya presentaba el sistema de justicia en México. Al mismo tiempo inmovilizó la protesta social, obstaculizó la denuncia penal y agravó la impunidad y la revictimización social, afectando particularmente a las poblaciones más vulnerables.
Al día de hoy hay un saldo oficial de más de 220,000 muertes por COVID-19 y un impacto social y económico de proporciones aún incalculables. Pero aún es incierto el saldo de impunidad social que dejará en un país como México en el que la justicia, desde antes del coronavirus, ya estaba en agonía.
aranza
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