Calamidades
El peligro de no actuar contra el narco en Sinaloa
Silber Meza, The Washington Post
El próximo gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llegó al poder por los partidos Morena —al cual pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador— y Sinaloense (local). Ganó en las elecciones del 6 de junio por más de 20 puntos de ventaja al candidato opositor, quien abanderaba una coalición de los partidos que siempre habían gobernado la entidad.
Rocha Moya nació en el municipio de Badiraguato, la llamada “cuna” del narcotráfico: ahí nacieron Joaquín “el Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Es el origen del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México. El político prefirió la ruta del estudio, la política de izquierda universitaria y sindicalista.
El gobernador electo es amigo de López Obrador y cuenta con más de una decena de libros y publicaciones, entre las cuales está El disimulo. Así nació el narco. Es una historia de ficción donde los pacíficos habitantes de un pueblo ven alterada la convivencia por la permisividad hacia los estupefacientes, y la violencia y la ambición se apoderan de la voluntad de la mayoría de ellos. “En poco tiempo las opciones de vida son casi inexistentes si no es por el camino del narco”, se lee.
Pese a escribir sobre él, el narcotráfico no es un tema que le venga cómodo. Por lo que ha declarado, está claro que no piensa enfrentar al Cártel de Sinaloa, y el gobierno federal tampoco ha mostrado interés en ello en estos casi tres años.
Nadie en el estado ni el país desea que haya más matanzas, desaparecidos ni desplazados por el crimen, pero tampoco se puede estar de acuerdo con una política del disimulo donde se deje operar al crimen organizado a cambio de migajas de paz. Son organizaciones que día a día se fortalecen en capacidad bélica, económica y política.
El gobernador electo solo aborda el tema si se lo preguntan, como lo hizo Carlos Loret en una entrevista el 22 de abril. En ella el político dejó entrever un posible entendimiento con el crimen organizado para pacificar el estado. Aunque no lo dejó claro, habló de dejar atrás hipocresías e interlocutores para entrar a un acuerdo directo enmarcado en leyes y políticas públicas: “Yo trataría de buscar que hubiera manera de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Yo creo que vale la pena intentarlo porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica”.
Fuera de esta idea vaga de un nuevo entendimiento con la delincuencia, Rocha Moya no aporta soluciones en el combate al crimen organizado que no sea seguir la estrategia marcada por el gobierno de López Obrador, quien ha señalado desde hace años que prefiere “abrazos, no balazos”, sin lograr reducir los altos niveles de violencia.
En una reunión con integrantes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, el gobernador electo mencionó que su gobierno impulsará un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad, que mejorará sueldos, prestaciones y seguros de vida a policías, pero no habló de limpiar a las corporaciones de la infiltración del crimen organizado.
A diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando inició la llamada Guerra contra el narcotráfico, el gobierno de López Obrador ha declarado el fin de “la guerra”, y se ha enfocado sin éxito en disminuir los asesinatos.
En el estado, el narcotráfico siempre ha tratado de influir para que candidatos afines a ellos ocupen el poder. Los ejemplos más claros son la exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN) Lucero Sánchez, hoy presa en Estados Unidos, y el exjefe policiaco en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PAN, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, acusado de operar para el Cártel de Sinaloa.
Estos lazos entre la política y el crimen hacen que, más que por acciones de la autoridad local o federal, aquí la violencia disminuya cuando los grupos del crimen organizado así lo determinan, y aumente cuando se fragmenta el cártel o cuando otro grupo delictivo invade alguna zona del estado.
El cártel por ahora está en relativa calma, pero con un alto poder bélico y de reacción listo para activarse en cualquier momento. Un ejemplo fue el 17 de octubre de 2019, en el llamado “Culiacanazo”, cuando la delincuencia tomó a la ciudad de Culiacán por asalto para frenar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo Joaquín Guzmán.
Rocha Moya prometió que se reunirá con viudas de policías para resolver el problema de pensiones, con grupos de familiares de desaparecidos y con desplazados por la violencia, pero no hay propuestas claras para darle seguridad a las comunidades serranas, donde se origina el desplazamiento forzado por los grupos criminales.
El nuevo entendimiento con el crimen del que habla Rocha Moya, pero el cual no explica, necesitaría modificaciones a reformas federales en materia de seguridad. Esto escapa del ámbito local y obligaría a un acuerdo nacional. Lo que parece que sí ha funcionado en lo local para disminuir homicidios, pero no desaparecidos, es el disimulo frente al crimen organizado. Los gobiernos local y federal han decidido ceder el espacio al narcotráfico y no molestarlo en su operación ilegal a cambio de una relativa calma.
Sinaloa, con Rocha Moya, está a punto de convertirse en el modelo más acabado de los “abrazos, no balazos”. Esto podría disminuir un poco más los niveles de violencia, pero al mismo tiempo empoderar al narcotráfico. Al dejarlo operar en libertad, se le permite ampliar su capacidad para seguir generando dinero por medio de la exportación de drogas, el narcomenudeo, las apuestas ilegales, la venta de cigarrillos sin regulación y el lavado de dinero. Además, de seguir influyendo en los gobiernos. La nueva administración debe combatir las causas reales que mantienen vivo al crimen organizado en el estado, una de ellas es la corrupción profunda que existe en las instituciones de seguridad y en la política, aunque no se ve que haya el mínimo interés de hacerlo.
Jamileth
