Nacional - Seguridad y Justicia
México demanda a empresas de armas en Estados Unidos; las acusa de avivar la violencia
Por Natalie Kitroeff y Oscar Lopez | The New York Times
CIUDAD DE MÉXICO — Durante años, funcionarios mexicanos se han quejado de que el control laxo de las armas en Estados Unidos es responsable del devastador derramamiento de sangre en México. El miércoles, trasladaron su campaña a los tribunales estadounidenses y presentaron una demanda contra 10 empresas de armas.
La acción legal, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos, dijeron las autoridades. La demanda acusa a las empresas de facilitar activamente el flujo de armas hacia los poderosos cárteles de la droga y de alimentar un tráfico en el que el 70 por ciento de las armas rastreadas en México provienen de Estados Unidos.
“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la demanda. La avalancha de armamento es “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.
El gobierno citó como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Según las autoridades, ese tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea. Un integrante de un grupo vinculado al poderoso Cártel de Sinaloa fue condenado por su asesinato el año pasado.
Los expertos legales cuestionaron las posibilidades de éxito de la demanda porque la ley federal de Estados Unidos garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada y sus familiares. Pero algunos dijeron que esa acción podría brindar apoyo político al fortalecimiento de las regulaciones sobre armas en Estados Unidos, que se encuentran entre las más flexibles del hemisferio.
“Es un poco arriesgado”, dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond. “Es posible que solo sea una forma de llamar la atención del gobierno federal, de Biden y la Casa Blanca para que puedan sentarse y llegar a un acuerdo”.
México tiene leyes estrictas que regulan la venta y el uso privado de las armas, y los grupos de narcotraficantes del país suelen utilizar armas estadounidenses. El Departamento de Justicia descubrió que el 70 por ciento de las armas de fuego que fueron rastreadas en México entre 2014 y 2018 se originaron en Estados Unidos.
Estas armas “están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive hoy”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa el miércoles.
Los fabricantes de armas venden sus productos a cualquier distribuidor con licencia, dice la demanda, “a pesar de las señales de advertencia que indican que los vendedores de armas está conspirando con compradores falsos u otras personas para traficar armas haciâa México”.
Durante años, México se había centrado en presionar a los funcionarios estadounidenses para que reprimieran el contrabando de armas en la frontera. Los contrabandistas suelen reclutar a estadounidenses con antecedentes penales limpios para que compren varias armas a la vez, a menudo en diferentes tiendas, y luego cruzan la frontera con las armas, dicen las autoridades.
Con esta demanda, México amplía sus esfuerzos señalando a los propios fabricantes de armas. Funcionarios del gobierno mexicano dijeron que habían analizado atentamente varios casos recientes relacionados con fabricantes de armas en Estados Unidos, incluida la demanda presentada contra Remington por las familias de los niños asesinados en el tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012.
Ahora esas familias están analizando un acuerdo de 33 millones de dólares ofrecido por la compañía, luego de una serie de procedimientos legales que duraron siete años y que, según los expertos, abrieron un nuevo camino para que las víctimas de la violencia armada responsabilicen a los fabricantes. El caso de la escuela Sandy Hook aprovechó una exención escrita en la ley federal que protege a los fabricantes de armas y que permite litigar contra las empresas si sus prácticas de mercadeo violan las leyes estatales o federales.
Pero los expertos legales ponen en duda que el gobierno mexicano pueda convencer a la corte de Massachusetts de que los fabricantes de armas facilitaron de manera consciente la venta de armas de fuego a los cárteles o habían incurrido en mercadeo ilegal. Vender a minoristas que puedan tener vínculos con grupos delictivos no es necesariamente un delito.
“Incluso si [las empresas] son descuidadas, no son responsables”, dijo Tim Lytton, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia.
Y será difícil demostrar que los fabricantes que pusieron íconos mexicanos en sus armas estaban tratando de apelar a los sicarios de los cárteles, dijeron los expertos.
“Es perfectamente legal tener héroes revolucionarios mexicanos en tu arma”, dijo Eugene Volokh, profesor de derecho en UCLA. “No hay ninguna ley que prohíba eso”.
En Washington, la Casa Blanca señaló que el presidente Biden ha instado al Congreso para que se derogue el estatuto federal que protege a los fabricantes de armas ante las demandas. “El presidente Biden sigue comprometido con la derogación del Congreso”, dijo Michael Gwin, portavoz de la Casa Blanca. “Mientras esa ley siga vigente, los fabricantes y distribuidores de armas deben rendir cuentas, en la medida de lo legalmente posible, cuando violen la ley”.
El gobierno mexicano indicó en la demanda que las leyes estadounidenses sobre armas inciden directamente en la violencia de México. Cuando la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos terminó en 2004, dijo el gobierno, los fabricantes de armas “aprovecharon la apertura para aumentar enormemente la producción, en particular de las armas de asalto de estilo militar favorecidas por los cárteles de la droga”.
Poco después, los asesinatos en México comenzaron a aumentar, alcanzando niveles récord en 2018, cuando más de 36,000 personas fueron asesinadas en todo el país.
El gobierno mexicano está representado por abogados de Hilliard Shadowen, un bufete de abogados de Texas especializado en demandas colectivas, y por Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, la organización de control de armas.
La demanda fue presentada un día después de que Ebrard asistiera a una ceremonia en conmemoración del segundo aniversario de la masacre de 23 personas que fueron asesinadas por un hombre armado en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en 2019, entre ellas varios ciudadanos mexicanos.
A pesar de la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador ese año de frenar el derramamiento de sangre atacando la raíz de la violencia, una estrategia que llamó “abrazos, no balazos”, hasta ahora las autoridades no han podido avanzar mucho.
Desde la aplastante victoria de López Obrador hace tres años, los asesinatos han disminuido menos del 1 por ciento. En lo que va de año, más de 16,000 personas han sido asesinadas en México, según cifras del gobierno.
Las empresas citadas en la demanda son Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, ambos proveedores de armas.
Las empresas mencionadas en la demanda no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pero la National Shooting Sports Foundation, la asociación de la industria de armas de fuego, emitió un comunicado negando las acusaciones de que los fabricantes de armas habían participado en prácticas comerciales negligentes.
“La actividad delictiva en México es resultado directo del tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la asociación. Y agregó que el gobierno mexicano “es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”.
Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que el objetivo final de la demanda era lograr que los fabricantes estadounidenses fueran más responsables en la venta y comercialización de sus armas. La demanda no especifica cuánta compensación está buscando el gobierno, pero los funcionarios de la cancillería dijeron que habían calculado hasta 10,000 millones de dólares en daños potenciales.
Jamileth
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