Estados Unidos se anota una victoria en su intento de extraditar a Julian Assange

Eva Millán | El País

Londres - La batalla por la extradición de Julian Assange a Estados Unidos continúa, después de que un tribunal británico considerase este miércoles que su salud mental no es tan feble como para no poder afrontar un proceso judicial al otro lado del Atlántico. El Alto Tribunal facilita así un significativo balón de oxígeno a la determinación estadounidense de sentar al fundador de Wikileaks en el banquillo de los acusados por cargos de espionaje y piratería informática, ya que desafía abiertamente el dictamen que, el pasado junio, había rechazado la demanda de Washington por el riesgo de suicidio, si fuese entregado a las autoridades norteamericanas.

Como consecuencia, la victoria que Assange se anotaba hace dos meses ha quedado hoy neutralizada en una vista que debería ser suficiente para inquietar al fundador de Wikileaks, puesto que la misma jueza que en junio bloqueaba su extradición había amparado, paralelamente, la opinión de Estados Unidos de que sus actividades iban más allá del mero ejercicio del periodismo. Esta coincidencia de pareceres constituía ya por entonces un arma letal para Assange, ya que cuestionaba el argumento fundamental de sus abogados, que insisten en que está siendo castigado por su labor como periodista.

La disputa se remonta a noviembre de 2010, con la publicación de los controvertidos cables remitidos al Departamento de Estado norteamericano, considerada de aquella la mayor filtración de documentos confidenciales jamás perpetrada. Estados Unidos acusa a Assange, entre otros cargos, de haber ayudado a la analista de defensa Chelsea Manning a incumplir la Ley de Espionaje y de publicar información clasificada que puso en riesgo la vida de los informadores. El acusado, por su parte, mantiene que los cargos tienen una motivación política, puesto que el material reveló el alcance de los abusos de los derechos humanos por parte de la Administración norteamericana.

Hasta ahora, la esperanza más realista para Assange se basaba en el crédito que la jueza Vanessa Baraitser había dado al informe psiquiátrico que alertaba de las nefastas consecuencias de enviarlo a Estados Unidos para un juicio que, según su defensa, no sería justo. De hecho, la opinión de la magistrada de que la única barrera que debería impedir la entrega de Assange era su salud, y no qué lo esperaría en un proceso ante la justicia estadounidense, había generado ya una notable controversia y, para frustración de su equipo legal, esta jornada ha quedado en entredicho.

En opinión del juez Timothy Holroyde, se había otorgado demasiada importancia al dictamen psiquiátrico, por lo que la clave de la disputa se centra ahora en el dossier presentado por el profesor Michael Kopelman, que mantenía que Assange se quitaría la vida si su extradición fuese aceptada. El problema principal que los jueces ven ahora es que el informe pasa por alto el hecho de que el acusado había tenido dos hijos con su prometida durante los siete años de auto-exilio forzoso que había pasado en la Embajada de Ecuador en Londres. Su aislamiento llegó a un abrupto final en abril de 2019, cuando fue desalojado contra su voluntad, después de que el por entonces presidente del país sudamericano, Lenín Moreno, anulase la cobertura ofrecida por su antecesor, Rafael Correa, al fundador de Wikileaks.

Su paternidad había sido precisamente el factor de más peso empleado por Assange para solicitar su puesta en libertad bajo fianza, un argumento repetidamente empleado por su pareja, Stella Moris, quien se ha dirigido directamente a la Casa Blanca para rogar que se permita a sus dos hijos, de cuatro y dos años, “tener a su padre”. Sus peticiones fueron desestimadas y el fundador de Wikileaks continúa en la prisión londinense de Belmarsh, debido, en parte, al riesgo de fuga detectado por los jueces británicos.

En última instancia, el debate se dirimirá en base a quién es capaz de convencer de la autenticidad de las conclusiones de Kopelman. Para la acusación, no hay duda de que el experto había confundido a la jueza Baraitser, hasta el punto de sobredimensionar su dictamen; mientras que la defensa de Assange considera que si alguien está en posición de evaluar los hechos, esa es precisamente la jueza que había escuchado todas las evidencias relacionadas con el caso.

Esta jornada, la balanza se ha decantado a favor de la visión norteamericana, ya que el magistrado consideró que era, “como mínimo, justificable” que Baraitser había dado demasiado trascendencia a la opinión del experto forense; y la acusación no perdió la oportunidad de reiterar que la salud mental de Assange no alcanza el mínimo requerido por la ley para impedir la extradición.

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