Incapacidad e Incompetencia
El fracaso comunicacional del regreso a clases en México
Alexandra Zapata Hojel, Pablo Clark | The Washington Post
En México, 62% de los padres de familia no quieren que sus hijos asistan presencialmente a la escuela en el ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, según encuestas recientes. Este rechazo no se debe a que la educación no sea importante para las familias, ni a que falte compromiso de los maestros con sus estudiantes. Más bien, 68% de los mexicanos no percibe que el gobierno federal y las administraciones estatales hayan preparado adecuadamente un regreso seguro.
La resistencia a las clases presenciales refleja el fracaso de las autoridades en generar la confianza necesaria de que puede garantizar condiciones mínimas de seguridad en las escuelas ante la pandemia de COVID-19.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido más de 17 meses para planear un regreso a las aulas, pero la confianza ciudadana en las clases presenciales seguras está en su peor momento. En diciembre de 2020, la mayoría de las personas (56%) estaban dispuestas a regresar presencialmente a las escuelas. Seis meses después, la opinión se ha invertido: en julio de 2021, solo 35% estaba de acuerdo.
La renuencia a regresar no es resultado de que la escuela en casa vaya mejor. El miedo, la ansiedad y la depresión continúan en aumento entre los estudiantes. Y dos de cada tres empleos perdidos durante la pandemia los realizaban mujeres, entre las cuales están quienes deben quedarse en casa para cuidar de sus hijos mientras no van a la escuela.
La percepción sobre las clases a distancia tampoco ha mejorado. De hecho, 75% de los padres sigue considerando que en las clases a distancia los estudiantes no aprenden lo mismo que en las aulas. La evidencia inicial de las mediciones del aprendizaje logrado con la estrategia gubernamental “Aprende en Casa” muestra que los padres están en lo correcto.
A esta enorme incertidumbre se suma que, a menos de 20 días del regreso —”llueve, truene o relampaguee”, según el presidente Andrés Manuel López Obrador—, las comunidades educativas tienen muy poca información oficial. “No sabemos nada”, nos dijo la directora de una escuela primaria en Ciudad de México, quien pidió no revelar su nombre por miedo a que las autoridades tomen represalias. Si esto ocurre en la capital, donde la educación básica depende directamente del gobierno federal, preocupa pensar cómo es la situación en escuelas más alejadas de las autoridades.
Algunos otros directores que entrevistamos dijeron que la comunicación con las autoridades es de una sola vía. Directores y maestros reciben indicaciones desde la SEP, pero no tienen manera de resolver dudas al respecto. Cuando padres y familia se acercan a la escuela con las mismas inquietudes, los directores no tienen la información que necesitan para darles confianza.
Mientras López Obrador dice que “a las madres y padres de familia y personal educativo (…) corresponde decidir libremente sobre el retorno a las aulas”, los maestros con los que platicamos se preguntan si el presidente entiende las repercusiones de lo que está anunciando. Las dudas de estos docentes empiezan desde los detalles básicos del esquema híbrido, que divide las clases en distintos grupos de alumnos por días de la semana: ¿Cómo evitar contagios si los adultos que los cuidarán serán los mismos todos los días y, en muchos casos, un mismo docente asiste a múltiples planteles?
Las exigencias de las autoridades hacia los directores y maestros han sido muy grandes durante la pandemia. Desde aprender a dar clases desde casa hasta pagar sus propios dispositivos electrónicos e internet, los maestros han enfrentado ciclos escolares complicadísimos sin recibir mayor apoyo. Además, cuando han expresado su inconformidad al respecto, muchos han sentido que su vocación docente se pone en duda. “La brecha entre lo que cree y visualiza el gobierno, y la realidad que nosotros vemos en las escuelas, es enorme”, nos dijo la directora.
Por ejemplo, el último boletín de la SEP convoca a las comunidades educativas (directoras, maestras, padres de familia y alumnos) a participar en las jornadas de limpieza que arrancan el 11 de agosto. La SEP no da información sobre quiénes les ayudarán o proveerán los insumos de limpieza para alistar los planteles abandonados durante más de un año. El profesor Francisco Bravo, líder de la sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y director de una escuela primaria en Ciudad de México, nos dijo que se siente afortunado de poder comprar cloro con recursos ahorrados del último pago que recibieron del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en octubre de 2019. La mayoría de las escuelas no tienen el mismo privilegio.
Las comunidades educativas financian parte importante de la educación pública en este país. En este último año han costeado herramientas tecnológicas, planes de datos de internet e insumos para preparar los planteles. Esto, en un contexto en el que en más de 61% de las viviendas del país hubo una disminución en los ingresos, significa que para las familias más pobres, el derecho a una educación de calidad es solo una promesa que depende del dinero que puedan gastar.
Además, las escuelas necesitan mucho más que cloro y gel sanitizante para enfrentar la pandemia. En nuestro país hay muchas promesas y discursos pero faltan dos cosas: presupuestos y confianza. Y para hacer frente a las necesidades para reabrir los planteles, el presupuesto educativo para 2021 tuvo un nulo crecimiento en términos reales respecto al año anterior.
Sabemos ya que la pandemia va a seguir, que el riesgo de contagio en las escuelas va a existir —especialmente mientras no se vacune a todos los menores de edad, a lo cual las autoridades se han mostrado reacias inicialmente— y que estas tendrán que hacer cierres temporales, ajustes de planes y replanteamientos constantes, como ha sucedido en el resto del mundo. Pero hay una clave fundamental: las comunidades tienen que poder confiar en que las autoridades hacen todo lo posible para mantenerlos seguros.
Ese hoy no es el caso. Por eso no debe sorprendernos que tantos padres respondan que no mandarán a sus hijos a la escuela. Esencialmente, las encuestas hoy les preguntan: ¿qué prefieres, salud o educación? Hace unos días, las autoridades de Salud anunciaron que la educación será reclasificada como actividad esencial; es decir, las escuelas podrán abrir incluso en semáforo epidemiológico naranja o rojo. Los lineamientos sanitarios se cuadraron con lo que quiso el presidente. Ojalá fuera al revés.
En el discurso, la educación se volvió esencial para el gobierno de un momento a otro. En la práctica, nada cambia para las comunidades escolares que siguen sin recibir apoyos que reflejen que son una prioridad nacional. Es un escenario perder-perder para los niños y jóvenes de México. El gobierno puede y debe hacerlo mejor que eso.
aranza
