Summum de la Justicia

Comisión de la Verdad: la urgencia de justicia en México

2021-08-12

Los sectores cercanos al gobierno, el presidente y su partido, Morena, utilizaron una narrativa que...

Jacobo Dayán | The Washington Post

La primera consulta popular federal se realizó en México el 1 de agosto y parece que será una oportunidad perdida más en la larga historia de búsqueda de verdad y justicia en el país.

La transición que se dio con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), tras 70 años de ser gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, abrió una ventana para construir, desde la verdad y la justicia ante las violencias cometidas en el siglo XX, un nuevo régimen. La administración de Fox apostó por la simulación al crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que no entregó ni verdad ni justicia. Una segunda oportunidad se esbozó en la campaña y el inicio del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se comprometió a una agenda de justicia transicional que abandonó tan pronto tomó posesión y se decantó por el militarismo, el olvido y el “punto final”.

Sin embargo, en distintos momentos se ha vuelto a colocar la discusión sobre la demanda de verdad, justicia y paz. Sucedió en la Caminata por la Paz convocada en enero de 2020 por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ahora con la consulta popular.

Los sectores cercanos al gobierno, el presidente y su partido, Morena, utilizaron una narrativa que reducía las potencialidades de la consulta a solo hablar del juicio a expresidentes. Una vez que pasó la consulta, comenzaron a proponer una Comisión de la Verdad —que unos dicen sería amplia y otros que solo sobre los expresidentes— y la convocatoria para una nueva sesión del Tribunal permanente de los pueblos. Este órgano ya sesionó en México, de 2011 a 2014, y emitió una condena ética al Estado mexicano. Convocarlo desde el partido en el poder es asumir que no tienen la voluntad de garantizar el derecho a la justicia, al igual que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Elegir este camino es, por decir lo menos, perverso desde el oficialismo.

Por su parte, distintos movimientos sociales levantaron la exigencia para hablar a profundidad de verdad y justicia. Entre ellos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que convocó a una articulación y movilización; diversos colectivos de víctimas que exigen el cumplimiento de los compromisos de la implementación de mecanismos de justicia transicional; y organizaciones que plantean la creación de una Comisión de la Verdad y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad.

No se puede hablar de transformación, y menos de alcanzar la paz, dejando fuera la verdad y la justicia. No hay democracia sólida sustentada en el perdón y olvido. Tampoco sin narrativa social que explique los años violentos, y sin abandonar la lógica de control político de la justicia, sin desmantelar las redes criminales, de protección política y de control económico.

En México, oficialmente hay registradas 90,000 personas desaparecidas y no localizadas de 1964 al 13 de julio de este año. Los homicidios dolosos desde 2006, cuando Calderón inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, se calculan en más de 300,000.

México, como otros países en el continente lo han hecho, requiere una Comisión de la Verdad que aborde los fenómenos de la gran violencia y crímenes contra la humanidad, así como la corrupción e impunidad sistémicas. Adicionalmente, ante el colapso del aparato de justicia, su cooptación por intereses políticos, criminales y económicos y, sobre todo, por la falta de voluntad de la clase política en su conjunto, hay la necesidad de un Mecanismo extraordinario de justicia con acompañamiento internacional. Cuando las instituciones ordinarias no pueden o no quieren garantizar justicia, se debe recurrir a los mecanismos extraordinarios. ¿Existirá desde los poderes Ejecutivo y Legislativo voluntad para crearlas? Sin una fuerte y amplia demanda social será imposible, de allí lo relevante del llamado del EZLN.

Es imperativo salir de la lógica de resolver caso por caso y comenzar la búsqueda de la verdad y la justicia por fenómenos y patrones de violencia partiendo de información oficial, los testimonios de miles de víctimas y victimarios, fuentes periodísticas y académicas. Evidentemente, esto no cancela el derecho de cada víctima de continuar exigiendo justicia por casos particulares.

Ante esto, no se parte de cero. En el periodo de transición del actual gobierno, por presión de diversos colectivos de víctimas, se realizaron mesas de trabajo para la conformación de propuestas de verdad, justicia y reparación.

La propuesta de Comisión de la Verdad tendría como mandato: “Esclarecer y reconocer las graves violaciones de derechos humanos y, en su caso, crímenes de lesa humanidad cometidos del 1 de enero de 1965 al presente (…) que incluyen: desaparición, desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y otras graves (…) cometidas por agentes del Estado mexicano, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado, y otros grupos armados (…) ya sea de manera independiente o en colusión”.

Entre sus resultados, señalan las propuestas, deberá presentar “narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales que den cuenta de los contextos, métodos, patrones de violencia y de impunidad y redes de colusión entre autoridades, fuerzas de seguridad del Estado, empresas privadas, crimen organizado y otros grupos armados”. Adicionalmente, exploraría “la posible conexión entre la violencia política del pasado y la violencia criminal del presente”, y emitiría recomendaciones para la reparación a víctimas y garantías de no repetición. Los resultados de esta comisión serían un gran insumo para la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, el Mecanismo extraordinario de justicia buscaría “investigar y, en su caso, ejercer la acción penal por delitos que afecten bienes jurídicos relacionados con la libertad y la integridad personal y/o la vida en todas sus modalidades cuando se hayan cometido de forma masiva, sistemática o generalizada, así como los delitos vinculados a los mismos, incluyendo hechos o actos de corrupción, despojo de tierras indígenas, negocios lícitos o ilícitos impuestos de manera coercitiva, entre otros”. Ya sea que los perpetradores sean el crimen organizado, agentes del Estado o empresas, “el Mecanismo se enfocará en los más altos responsables y responsables jerárquicos”, pudiendo revisar hechos desde los años 60 del siglo pasado.

El gobierno debe entender que no habrá paz sin verdad ni justicia para las víctimas, pueblos y la sociedad en general. No habrá democracia sólida ni reconciliación abandonando a la verdad y la justicia.
 



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