Pan y Circo

Esta vez, las negociaciones de Venezuela son de vida o muerte

2021-08-13

También es relevante la sensación de que ambas partes llegan a esta mesa de...

Luz Mely Reyes | The Washington Post

Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente ‘Efecto Cocuyo’, del que es directora.

El 30 de junio, la adolescente venezolana Niurka Camacho, de 15 años, participó en el inicio de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el mundo dijo: “en el hospital ha sido muy duro porque he visto a muchos compañeros falleciendo al esperar el trasplante. Y es difícil para mí porque no quiero que a mí me pase lo mismo”. Niurka falleció el pasado 3 de agosto.

Al menos otras 150 niñas, niños y adolescentes con deficiencia renal que son pacientes del maltrecho hospital J.M. de los Ríos, ubicado en Caracas, al cual deben acudir desde distintas partes del país, podrían haber recibido un trasplante si las cosas estuvieran funcionando. El servicio de procura de órganos tiene cuatro años suspendido.

Los reclamos de estos niños, sus familiares y organizaciones de apoyo, como Prepara Familia, datan de al menos 2008. En lo que va de 2021 han muerto 12 niños del Servicio de Nefrología; entre 2017 y 2018 murieron otros 11 por una bacteria intrahospitalaria. Ni el Estado venezolano, manejado por el gobierno de Nicolás Maduro, ni la entelequia del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó desde 2019, han podido responder a los llamados de una población que muere de mengua o busca a toda costa resolver sus precariedades.

Las muertes de estos chicos son un llamado urgente para que los grupos políticos que manejan el poder en Venezuela logren un acuerdo. Tal vez el sufrimiento de Niurka y de otros como ella, ayude a que las partes aprovechen la nueva oportunidad de negociación, pautada para iniciar este viernes 13 de agosto en México, a la que ambos lados llegan sin convencimiento, pero urgidos.

Venezuela no es un país formalmente en guerra, pero tampoco es un país en paz. Una nación devastada cuyos habitantes hacen lo humanamente posible para subsistir en medio de la vulnerabilidad que causa los tantos peligros que la amenazan. Desde la pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado hasta la existencia de territorios controlados por grupos en armas.

El encuentro de México es como una súplica de los propios actores en conflicto para no empeorar aún más la situación de una sociedad que ve cómo muchas muertes y sufrimiento evitables se concretan, cómo miles de sus ciudadanos siguen saliendo hacia otras naciones, en una crisis de movilidad sin precedentes en la región y cuyas consecuencias son aún inestimables para el propio país.

Llegan por tercera vez a un encuentro de magnitud internacional por las mismas razones por las que se suele negociar: ninguna de las partes ha logrado acabar con la otra. Pero mientras hacen el intento, millones de personas son afectadas por las acciones u omisiones de ambos. El principal responsable es el gobierno de Maduro. Sin embargo, esto no exime a Guaidó. Desde que asumió como interino también le corresponde a él y su equipo parte de la responsabilidad de lo que ha ocurrido en adelante.

La imposibilidad de la aniquilación mutua es un buen incentivo. Pero, como todo, tiene su momento. Desde 2019, la situación para los demócratas ha ido, políticamente, de mal en peor. No solo para los que están en oposiciones, sino para los sectores con vocación demócrata del chavismo, que son perseguidos con saña para evitar deserciones organizadas.

Pese a los malos augurios y temores sobre este tercer intento, es recomendable no solo apostar por el éxito, sino que quienes pueden ayudarles a que lo logren, lo hagan.

Los expertos consideran que hay varias zonas donde ambos lados pueden coincidir: la liberación de presos políticos, un calendario electoral; condiciones para elecciones libres; levantamiento progresivo de algunas sanciones —especialmente de Estados Unidos—; un acuerdo realmente humanitario y que haya justicia por las violaciones de derechos humanos.

Estas partes ya habían llegado a preacuerdos, primero en República Dominicana, en 2016 y luego en Barbados en 2019. Tal vez si toman como base algunas de aquellas premisas puedan empezar a desenredar la trama que han ido tejiendo, cuando ya no han podido verse más las caras.

Una encuesta de la firma Delphos revela varios datos: el chavismo obtiene 25.3% de autoidentificación partidaria, mientras que la oposición logra 35.9% y la opción “Ninguno”, 38.8%. En ese mismo estudio, 57,4% considera que es muy necesario y 26.7% que es necesario un cambio de gobierno; mientras que 53% expresa su disposición de votar en las elecciones regionales. La encuesta revela además que si todos los factores de oposición llaman a votar la intención de voto sube a 60%.

Una mirada más profunda permite avizorar potencialidades de un mercado electoral para la oposición: 15.8% de los que se dicen chavistas están descontentos con Maduro. De manera que la reconstrucción de la vía electoral para lograr un cambio pacífico es más que deseable y alcanzable.

Pero el asunto no es tan sencillo. La oposición agrupada en el G4 ha reempacado sus condiciones en un “acuerdo de salvación nacional” que tenga un cronograma de elecciones —presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, de acuerdo con el orden señalado en la propuesta inicial—; la entrada masiva de la ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19; garantías democráticas para todos los actores políticos. Esto incluye a los del chavismo y la justicia transicional. Como incentivo, ofrecen el levantamiento progresivo de las sanciones, condicionado al cumplimiento de los acuerdos. También se han comprometido a dejar la vía insurreccional.

El madurismo por su parte ha hecho concesiones, pero mantiene una estrategia que le ha funcionado: si no tienen el amor de las mayorías, al menos se garantiza que les teman. Algunas acciones los han llevado a ser examinados por la Corte Penal Internacional para evaluar si hay fundamentos que sostengan una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos a partir de abril de 2017.

Sin embargo, hay algunas cosas que podrían salir mejor, siguiendo algunas señales sobre las que abunda la analista Colette Capriles: “la activación de actores de la sociedad civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico sobre las instituciones”.

También es relevante la sensación de que ambas partes llegan a esta mesa de conversación como dos boxeadores en el penúltimo round de una pelea pactada a 12 asaltos.

La negociación en México podría ser un momento en el que ambos sectores escuchen a sus propias disidencias y se conecten con las bases críticas, pero sobre todo que se vinculen con quienes están viviendo las peores consecuencias por la situación política.

Tengo la esperanza de que el encuentro en México logre algún avance, que la voz de Niurka y otros como ella esté en el ambiente de las conversaciones y que ambos grupos recuerden que está en sus manos la posibilidad de aliviar tanto sufrimiento.
 



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