Editorial
El gabinete de López Obrador vive en una transición permanente
Ricardo Raphael, The Washington Post
Para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los 15 movimientos que ha sufrido lo más alto de su gabinete —secretarías de Estado y puestos claves— en solo tres años se justifica por las necesidades de lo que él llama “la cuarta transformación” del país. En julio de 2019, puso como referente de estos cambios al expresidente Benito Juárez, un héroe nacional, quien “cambió 30 veces de secretario de Hacienda porque era una transformación”.
Si bien algunos de estos movimientos se debieron a que las personas funcionarias tomaron una responsabilidad pública distinta a la que tenían, la mayoría se debieron a una pérdida de confianza del mandatario, o bien a que un desacuerdo de fondo provocó la renuncia. No parece cierto que estos se deban a la pretendida transformación, sino a un ambiente de desconfianza y recelo que a veces proviene del presidente, y otras de sus colaboradores.
En la primera lista están quienes abandonaron la cartera para transitar hacia otros cargos, como Alfonso Durazo, quien dejó este año la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la gubernatura de Sonora. También María Luisa Albores, quien se fue de la Secretaría del Bienestar para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la segunda lista está Josefa González-Blanco, primera titular de Semarnat, quien se vio obligada a presentar su renuncia por un presunto abuso de poder que la llevó a ordenar el retraso de un avión en el que debía viajar.
En una situación similar estaría Gabriel García, responsable durante tres años de coordinar los programas sociales del gobierno federal y jefe de todos los coordinadores de delegados en las entidades federativas. García dijo que este hecho se debió a razones personales, pero también —aunque lo niegue— acumuló una serie de tensiones con la Secretaría del Bienestar que solo se resolvieron con la llegada de Javier May Rodríguez como titular de esa dependencia.
Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, también perdió la confianza presidencial después de que su hermano, Pablo Sandoval, fuese señalado —quizá injustamente— de haber orquestado una campaña de desprestigio contra Félix Salgado Macedonio, aspirante del partido oficialista Morena a gobernador de Guerrero, acusado de acoso sexual y violación.
Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, abandonó el gabinete supuestamente porque habría de ser nombrada integrante de la junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dado que este movimiento redujo su rango dentro de la administración pública cabe sospechar que, en realidad, sufrió la falta de confianza del mandatario.
Como contexto a lo ocurrido con Márquez está la renuncia previa de quien fuera su mentor, Carlos Urzúa, a la Secretaría de Hacienda. Y completa el argumento la referencia que hizo López Obrador al marido de Márquez, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, a propósito de un supuesto compromiso con grupos de interés ajenos a las causas del “pueblo”.
La tercera lista, integrada por quienes renunciaron a su cargo por voluntad propia, la encabezó justamente Urzúa. Al presentar su dimisión, advirtió en una carta pública que el gobierno federal estaba tomando decisiones muy serias, las cuales no contaban con suficiente sustento.
Más tarde se sumó al contingente de los renunciantes el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien también hizo públicas sus diferencias con el presidente por la decisión de militarizar tareas que, hasta ese momento, pertenecían al mando civil como la marina mercante y la administración de los puertos.
Luego vendría Víctor Toledo, titular de Semarnat después de Josefa González-Blanco, quien optó por ventilar sus diferencias a través de las redes sociales cuando publicó un mensaje advirtiendo que la “cuarta transformación” estaba lastrada por sus contradicciones.
Entre las renuncias tiene un lugar especial la de Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años. También destaca la de Julio Scherer García, hasta hace unos días consejero jurídico del presidente.
A diferencia de las dimisiones previas, ni Romo ni Scherer concluyeron en pleito su relación laboral con López Obrador. Prueba de ello fue la despedida, en ambos casos, leal y políticamente calurosa. Sin embargo, consta que hubo motivos de fondo.
Romo tuvo una reducción galopante de su margen de maniobra para desarrollar la tarea encomendada por el presidente: sostener la interlocución con el sector empresarial. Hay ejemplos de cómo Romo fue perdiendo fuerza para ser un puente efectivo entre los sectores público y privado, como la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, la renegociación de obras relacionadas con los gasoductos asignados durante la administración anterior y la crisis de medicamentos provocada por el pleito contra la industria farmacéutica nacional.
El tema Scherer posee elementos similares. Durante la primera mitad del mandato presidencial el exconsejero jurídico se convirtió en una especie de segundo secretario de Gobernación. En su oficina se asumieron funciones que, en principio, deberían haber recaído sobre las espaldas de Olga Sánchez Cordero, ahora extitular de esa dependencia. Scherer negociaba directamente con integrantes de la oposición y de Morena; operó con los gobernadores; y condujo las relaciones con el poder Judicial y la Fiscalía General de la República.
La reciente decisión presidencial de remover a Sánchez Cordero, y probablemente el no haber considerado a Scherer como su sucesor en Gobernación, condujo al exconsejero jurídico a una conclusión obvia: igual que antes había ocurrido con Romo, su oficina habría de experimentar una reducción drástica de sus atribuciones políticas. Y antes de enfrentarse con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, optó por regresar a su despacho privado.
El conjunto de cambios ocurrido en lo que va del sexenio es amplio. Y aunque, en efecto, Juárez cambió 30 veces de secretario de Hacienda, lo hizo en un plazo de 14 años y en medio hubo una guerra cruenta por la segunda independencia del país. Actualmente solo van tres años y no hay una guerra declarada.
Jamileth
