Agropecuaria
López Obrador debe alejar al ‘lobby del glifosato’ de su gabinete
Alejandro Melgoza, Sergio Rincón, The Washington Post
El 31 de diciembre de 2020 el gobierno mexicano publicó un decreto para prohibir gradualmente el herbicida glifosato y el maíz transgénico, con el fin de que en 2024 su veto sea definitivo. La creación y la publicación del documento provocó que la agroindustria, organizaciones gremiales, diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos y al menos cuatro altos funcionarios de México se aliaran para crear un lobby que busca eliminar este primer gran paso hacia un campo mexicano más ecológico y sustentable.
Quienes apoyaron la publicación del decreto fueron agroecologistas, científicos y expertos en la materia, quienes acusaron que sufrieron acoso, engaño, difamación, posible espionaje e incluso amenazas veladas, de acuerdo con una investigación que publicamos en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas el 22 de septiembre. Algunos renunciaron a su cargo, como el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, después que alguien esparciera en la azotea de su casa un polvo blanco parecido al glifosato. Como funcionario, se manifestó en contra del modelo agroalimentario a base de agrotóxicos, transgénicos y semillas híbridas que existe en México.
Aunque hay buenas intenciones detrás de este decreto, el lobby sigue operando y parece ser más organizado que sus contrincantes. Es hora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no solo firmó el decreto sino que ha señalado públicamente que está en contra del uso del glifosato, ponga un alto a los funcionarios y exfuncionarios que buscan que se siga utilizando.
El decreto nació como una exigencia de la sociedad civil, en particular de la red Sin maíz no hay país, ya que el glifosato ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un agroquímico “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Su venta en México alcanzó los 1,667 millones de dólares, de acuerdo con datos de importaciones realizadas entre 2010 y 2020. La empresa Bayer-Monsanto, que lo comercializa, ha debido de cerrar tratos con al menos 90,000 personas con cáncer tras demandas en distintos países.
En esta operación, que se ha realizado incluso desde el extranjero, también participa la iniciativa privada, que ha intentando influir por medio de campañas mediáticas y 26 amparos.
El decreto sigue siendo una moneda en el aire porque, para la total prohibición del glifosato en 2024, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología debe encontrar un sustituto. Eso supone un reto, pues este lobby todavía tiene oportunidad de retirar o modificar decreto en los juzgados si funcionarios agroecologistas clave, como Toledo, siguen saliendo o siendo removidos del gobierno.
Y también, si López Obrador sigue dando espaldarazos y manteniendo cerca a funcionarios como el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos; el exjefe de oficina de Presidencia, Alfonso Romo; el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y otros mandos medios del gobierno.
Los funcionarios han tenido posturas proglifosato, como contravenir en tres ocasiones el decreto presidencial —mediante los llamados “decretos espurios”— para suavizarlo y alargar el tiempo de uso del herbicida. Estas acciones son contrarias a una apuesta agroecológica y buscan mantener el mismo esquema agroalimentario que tiene el país desde hace al menos tres sexenios, el cual no ha otorgado beneficios directos a los productores.
Villalobos, Romo y Scherer favorecieron a la agroindustria mediante estos “decretos espurios” que avalaron como legítimos. También con una posición laxa y reticente en reuniones internas en torno al decreto. Esto debió haberles costado el puesto, ya que desacataron acuerdos realizados junto con decenas de actores por medio del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad. Pero ante este intento de rebatir el decreto que él mismo firmó, López Obrador solo argumentó que estos anteproyectos de decreto eran producto del debate, de diversos puntos de vista que había al interior de su gobierno.
Alfonso Romo también tiene una proximidad pública con la agroindustria y algunas de las empresas que fundó, como Enerall, mantienen un vínculo con grandes corporaciones agroquímicas como Monsanto. José Manuel Madero, exejecutivo de Monsanto, fue su asesor honorario cuando era jefe de la oficina de la Presidencia.
En la historia del campo mexicano jamás se había desafiado a las grandes corporaciones que impulsan un modelo basado en agroquímicos y transgénicos. Hay una oportunidad para avanzar a una agroecología sustentable, y el presidente deberá involucrarse más en este proceso y destinar los recursos necesarios para encontrar un sustituto al glifosato antes de 2024.
López Obrador debe también poner en cintura a los funcionarios o exfuncionarios que defiendan los intereses de la industria. El futuro y la salud de las y los mexicanos, y del campo, no deberían estar a discusión.
Jamileth
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