Poker de Ases

No basta con que los negocios de la familia de Sebastián Piñera sean legales

2021-10-06

Al proyecto Dominga le queda aún enfrentar algunos flancos en la Corte Suprema y,...

Yasna Mussa | The Washington Post

La lista de polémicas que entrecruzan la vida empresarial y política del presidente Sebastián Piñera, el cuarto hombre más rico de Chile según la revista Forbes, es extensa. Desde su época de senador, Piñera fue uno de los protagonistas del caso Chispas —también conocido como el negocio del siglo—, un escándalo bursátil y político ocurrido en 1997 y que se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis. Piñera era accionista de una de las sociedades y presentó un proyecto de ley para regular las compras públicas de acciones, a fin de proteger a los minoritarios. En ese entonces destapó una serie de contratos de amarre que justificaban el alto precio a los ejecutivos, haciendo una denuncia pública. Poco después se convirtió en denunciado, al ser acusado de utilizar su posición como senador y obtener 3.5 millones de dólares en una negociación directa con Endesa España.

“Considero que hay que establecer una separación tajante entre el mundo de los negocios y el mundo de la política”, dijo en ese entonces el actual ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand, al ser consultado por el periódico La Tercera sobre el caso. “Le he señalado a Sebastián (Piñera) en más de una oportunidad que no se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios. Aquí hay que escoger: el que entre en la política, abandona los negocios; y el que está en los negocios, debe abandonar la política”.

Cuando el domingo 3 de octubre se dieron a conocer los Pandora Papers, la investigación colaborativa de alcance mundial más grande de la historia, Piñera apareció como uno de los tres presidentes en ejercicio en América Latina nombrado entre los 11.9 millones de documentos sobre operaciones en paraísos fiscales investigadas por Ciper y LaBot.

En el capítulo chileno de los Pandora Papers, se detalla el negocio que une a la familia Piñera Morel, que fue la mayor accionista del proyecto minero Dominga, con Carlos Alberto Délano, empresario y amigo de la infancia del presidente. Ambos sumaban más de 56% de la propiedad hasta que en diciembre de 2010 Délano compró la participación de todos los otros socios en 152 millones de dólares. Parte de esta operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas. Si bien, una investigación de radio Biobio ya había dado a conocer parte de esa transacción en 2017, Ciper y LaBot retomaron una de las cláusulas del contrato que incluía tres cuotas, donde la última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación del megaproyecto minero que amenaza a los ecosistemas de la zona donde se espera construir. El detalle para nada menor es que dichos cambios dependen de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera y, según la investigación periodística, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1,000% en 18 meses.

Por otro lado, la filtración de documentos confirma que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios, además de evidenciar que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco, otro de sus negocios, a Islas Vírgenes.

El presidente apareció este mismo lunes para dar su versión frente a la prensa. Durante la conferencia, en que solo se autorizaron tres preguntas, Piñera le bajó el perfil a las revelaciones asegurando que en ellas no existe ningún antecedente nuevo y que cuando se investigó, los tribunales determinaron que no había cometido ilegalidad. “Primero, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera Presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, dijo el mandatario. “Y, adicionalmente, y en forma voluntaria porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”, agregó, asegurando que desde esa fecha no tiene ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas.

El mandatario podrá jactarse de que todas sus acciones son legales, pero no puede esperar que no sea cuestionado por eventuales conflictos de interés mientras ha ejercido cargos de poder como la presidencia durante dos períodos. El marco legal que se ha aplicado no es suficiente para asegurar la legitimidad de un gobierno que solo ha dado pasos en falso y que ha repetido errores —durante ambas administraciones— que profundizan la desconfianza ciudadana hacia lo que él representa: un poder intocable en que política y negocios son las dos cabezas de un mismo monstruo. Ninguna asesoría legal o comunicacional es suficiente para cambiar el camino errático de estos cuatro años que han tenido al país sufriendo las consecuencias de una crisis de gobernabilidad permanente.

Piñera, un presidente con baja popularidad y que en las últimas horas ha sido duramente cuestionado incluso por su sector, apela a su credibilidad, quizá la mayor de sus debilidades. Esclavo de sus palabras, él mismo había asegurado en una reunión celebrada en septiembre de 2016 su terminante oposición a los paraísos fiscales, asegurando que estos no debieran existir pues muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley o con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que proviene del narcotráfico, o se utilizan para evadir impuestos. Ahora el presidente se defiende asegurando que está todo en regla. Pero el mandatario olvida que en el cargo que ostenta no basta la legalidad, pues se da por hecho que se respeta, y palabras como probidad, idoneidad y ética son igual de importantes. Piñera pretende que la ciudadanía confíe en que el presidente ignoraba por completo que su familia y su mejor amigo firmaban un contrato de 150 millones de dólares. Su amistad es tan estrecha que cuando Délano fue condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta, el presidente aseguró que “Carlos Alberto Délano ha sido, es y va a seguir siendo mi amigo. Nos conocimos hace más de 40 años en la universidad, nuestras mujeres son amigas, nuestros hijos son amigos, nuestros nietos son amigos y eso no va a cambiar".

Al ser consultado durante la conferencia de prensa sobre la negativa de su gobierno a firmar Escazú, el tratado internacional sobre el acceso a la justicia ambiental, el presidente negó de manera absoluta que su vínculo con Dominga tuviera relación con esta decisión diplomática. Sin embargo, quien ya ha sido investigado por uso de información privilegiada, no solo tiene que parecer probo sino que demostrarlo. Que la ciudadanía y la prensa desconfíen de sus intenciones es solo el resultado de un sistema de constante impunidad y choque de intereses, en el que se sentencia a protagonistas de casos de corrupción como Délano a asistir a clases de ética.

Sebastián Piñera ha seguido caminando entre esa delgada línea que separa lo legal de lo ético, dejando entrever que nunca hizo una elección entre el mundo de los negocios y de la política, como le aconsejaba su actual ministro Andrés Allamand.

Al proyecto Dominga le queda aún enfrentar algunos flancos en la Corte Suprema y, eventualmente, en el Comité de Ministros. Cuando ese día llegue, el presidente ya no podrá decir que no estaba enterado.



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