Internacional - Seguridad y Justicia
El limbo jurídico de los mercenarios colombianos acusados de magnicidio en Haití
Catalina Oquendo | El País
Medellín - Han pasado ya seis meses desde que Haití se sacudió con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y las investigaciones sobre los autores intelectuales del atentado parecen haber caído en un fango. La isla sigue sumida en la delincuencia y comenzó el 2022 con otro intento de magnicidio: el primer ministro, Ariel Henry, sufrió un ataque con disparos —del que salió ileso— cuando salía de una misa en la Catedral de Gonaïves, a 100 kilómetros de Puerto Príncipe.
Para los 19 exmilitares colombianos que fueron capturados por su supuesta participación en el asesinato de Möise también está detenido el tiempo. Así lo aseguran los familiares del grupo de mercenarios que, según la fiscalía haitiana, fue contratado por la empresa CTU Security e ingresó el 7 de julio a la mansión del mandatario donde le asesinaron. “Se nos van a morir en esa cárcel. Están mal de salud, desnutridos, con diarrea y tuberculosis”, dijo a EL PAÍS Nataly Andrade, esposa de coronel en retiro Giovanny Guerrero. Andrade viajó a la isla para llevarles ropa y comida y denuncia que siguen sin abogados.
Del grupo original de 22 exmilitares que viajó a Haití, tres murieron a manos de la Policía haitiana. A seis meses del asesinato, aún no han sido repatriados sus cadáveres. “Yo viajé a hacer el reconocimiento de mi hermano. Pero aún no nos dicen cuándo los van a entregar”, dijo Yenny Capador, familiar del sargento Duberney Capador, quien supuestamente lideraba el grupo de mercenarios y acabó muerto.
El caso del el exsoldado Mario Palacios, que huyó en un barco hacia Jamaica y estuvo detenido allí, también es confuso. El Gobierno de ese país ordenó su deportación a Colombia este lunes, pero fue detenido al hacer escala en Panamá y llevado a Florida. “Los tres países (Panamá, Colombia y Estados Unidos) estuvieron en constante contacto coordinando esta deportación y la última extradición a Estados Unidos”, dijo el Director General de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, este martes.
De acuerdo con la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias (Funderef), que asesora legalmente a estos exmilitares, Palacios era requerido por Estados Unidos, país de origen de CTU Security —la empresa que los contrató y de donde procedían las armas que usaron. Este martes, la Policía de Colombia agregó que tras ser detenido en Panamá, el propio Palacios “solicitó ser trasladado a la ciudad de Miami para cumplir la orden de captura emanada de una Corte para el Distrito Sur de La Florida”.
La orden previa de no enviarlo a Haití sino a Bogotá fue del Tribunal Superior de Jamaica, lo que había generado críticas en el país donde se produjo el crimen por la lentitud de la investigación. “El Gobierno haitiano no ha proporcionado pruebas suficientes para establecer la participación del mercenario en el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, dijo en Twitter Claude Joseph, el ex primer ministro de la isla.
Joseph aseguró que era un “duro golpe para la investigación” y que, a pesar de contar con la colaboración de las autoridades colombianas, “el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento”. “No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”, denunció el político haitiano. Según The New York Times, el presidente de Haití fue asesinado por intentar enviar a EE UU una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
En una carta enviada al presidente Iván Duque los familiares de los detenidos, pedían que Palacios volviera a Colombia. “Lo que sí es cierto es que cualquier cosa que el soldado profesional Mario Palacios pueda decir de forma libre, sin riesgo a torturas o la misma muerte, puede salvar a nuestros 18 militares en Haití y puede poner de frente a la misma tortura que ellos viven actualmente a los verdaderos responsables de la muerte de Jovenel Moïse”, dijeron los familiares a través de la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias (Funderef), que asumió la defensa legal de los detenidos en Colombia.
Funderef también denunció que los exmilitares han sido torturados y que les violan el debido proceso. “Llevan seis meses detenidos en condiciones infrahumanas, donde han sido obligados a confesar bajo tortura y sin la presencia siquiera de un abogado de oficio, los cuales son estudiantes de segundo año de derecho en Haití”, escribió la abogada Lorena Lázaro, de Funderef.
Lázaro insiste en que los colombianos fueron utilizados como “chivos expiatorios o ganchos ciegos”. “Es pertinente hacer la claridad, no cuentan con abogados que puedan defenderlos en Haití, lo que usted claramente sabe es ilegal y no solo eso, sino que es violatorio de todos los tratados sobre Derechos Humanos y el derecho al debido proceso”, escribió en la misiva.
Del Gabinete del presidente les respondieron que enviarían la información a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y en agosto de 2021, la canciller Martha Lucía Ramírez había dicho que su vicecanciller Francisco Echeverri estaría en Haití “para concretar la repatriación de los cadáveres de los fallecidos y la asistencia jurídica de los detenidos”.
Jamileth
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