Trágico inicio de año para la prensa en México: 3 asesinados

por MARÍA VERZA

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La prensa de México ha vivido un trágico inicio de año con tres asesinatos de periodistas en menos de un mes, dos de ellos en la misma ciudad, la fronteriza Tijuana, y en la misma semana. Aunque los dos comunicadores de Tijuana tenían algunas medidas de protección, eso no evitó que les mataran a tiros.

A Lourdes Maldonado López, que cubría temas políticos y de corrupción, le dispararon el domingo cuando estaba dentro de un vehículo. Al fotógrafo Margarito Martínez, que llevaba dos décadas documentando crímenes, le balearon seis días antes en la puerta de su casa. Las autoridades, de momento, solo han dicho que investigan ambos casos.

México es el país más violento del hemisferio occidental para la prensa, según Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés. Desde hace diez años cuenta con un mecanismo federal para proteger a los comunicadores y a defensores de derechos humanos pero no siempre funciona y el 95% de estos crímenes quedan en la impunidad y cientos de agresiones menores ni siquiera se investigan, denunció Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ.

Para Lourdes Maldonado, el del domingo no fue el primer ataque. En abril de 2021, acribillaron su coche vacío y desde entonces las autoridades le ofrecieron protección de la policía municipal y un botón de pánico para emergencias, explicó a la AP Leopoldo Maldonado, sin relación familiar con la víctima, abogado de la organización en defensa de la prensa Artículo 19.

Un par de años antes, la reportera — que había colaborado con distintos medios y recientemente hacía un programa por internet centrado en noticias locales— estuvo en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pidió ayuda y justicia laboral “porque hasta temo por mi vida”, dijo.

Maldonado estuvo años inmersa en una disputa laboral con una empresa de medios propiedad de Jaime Bonilla —gobernador de Baja California entre 2019 y 2021 por el partido del presidente—, y había ganado recientemente el litigio.

El lunes, el mandatario pidió investigar el móvil del asesinato para saber si está relacionado con esa denuncia pero advirtió que “no se puede, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio”.

Tras esa intervención, Maldonado explicó que por fin los jueces se tomaron en serio su caso aunque siguió arremetiendo contra el exgobernador.

Bonilla, en declaraciones a Radio Fórmula el lunes por la tarde, dijo ser absolutamente ajeno a lo que le sucedió a la reportera. Aseguró que nunca hubo señalamientos en su contra por amenazas y que posiblemente la denuncia de Maldonado ante el presidente fue una forma de protegerse.

Según el recuento del CPJ, el más conservador de todas las ONG, en lo que va de esta administración, desde diciembre de 2018, han sido asesinado al menos 32 informadores y hay 15 desaparecidos.

Muchos de estos crímenes suceden en zonas de gran actividad de la delincuencia organizada y con una violencia generalizada porque en esos lugares cualquiera puede contratar un sicario o atacar a un periodista sin que haya consecuencias, explicó Hootsen.

Tijuana es un ejemplo. En 2021 asesinaron a casi 2000 personas en la ciudad vecina de San Diego y, según los datos del gobierno federal, en diciembre Baja California fue el segundo estado con más homicidios por cada 100,000 habitantes.

Seis días antes del homicidio de Maldonado, en un hecho no vinculado, fue baleado el fotógrafo Margarito Martínez en la puerta de su domicilio. Veterano periodista con más de dos décadas a sus espaldas cubriendo temas policiacos, había recibido amenazas recientemente y una asociación local pidió protección para él.

Según Leopoldo Maldonado, de Articulo 19, sus compañeros lograron que tuviera “una línea directa con la Guardia Nacional”, pero ese teléfono de emergencia no le evitó la muerte.

Justo horas antes de que mataran a Martínez, se había confirmado oficialmente la muerte de otro comunicador, José Luis Gamboa, director de un portal de internet, el 10 de enero en Veracruz, en el Golfo de México. Aunque los primeros indicios apuntaban a un asalto con arma blanca, Reporteros Sin Fronteras pidió que no se descartara su labor periodística como presunto móvil porque “había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado”.

México tiene inscritos en el mecanismo federal de protección en torno a 500 periodistas y a unos mil defensores de derechos humanos. Además hay sistemas similares en la mayoría de los estados. Las medidas que se pueden otorgar van desde el botón de pánico y esquemas de monitoreo a vigilancia en su casas o escoltas pero muchas veces fallan por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno o los afectados no se sienten seguros porque no confían en las personas encargadas de protegerles.

Según el CPJ, en los últimos cinco años, 10 periodistas que estaban en algún tipo de de protección han sido asesinados. Hootsen recordó, además, que hay cientos de casos de intimidaciones, de robo de equipo y de privación temporal de la libertad que nunca se investigan o ni se denuncian.

Periodistas de Tijuana alistaban el lunes protestas en esa ciudad fronteriza y el gremio entero preparaba acciones para el martes em distintos lugares del país.

“La única vía es alzar la voz”, dijo Hootsen, aunque recordaba que las protestas del pasado provocaron promesas de los gobernantes que nunca se cumplieron. Ahora confía en que el gobierno las tome en cuenta porque si no, “los siguientes dos o tres años van a ser brutales”.

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