Editorial
Los asesinatos de periodistas en México deben cesar. Y Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad.
Por Enrique Acevedo | The Washington Post
El problema es que los números son incapaces de transmitir los arcos individuales de cada una de las vidas perdidas. Por ejemplo, explicar la valentía de Roberto Mora García, exdirector del periódico El Mañana y asesinado en Tamaulipas en 2004. O el rigor de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, baleado el mismo año frente a sus dos hijos a un par de cuadras de la fiscalía estatal en Tijuana, Baja California. La audacia de Regina Martínez, reportera de la revista Proceso, quien fue golpeada hasta la muerte en Veracruz en 2012. El carisma de Javier Valdez, fundador de Río Doce y asesinado de 12 disparos en Culiacán, Sinaloa, en 2017. La generosidad de Lourdes Maldonado, quien fue asesinada dentro de su vehículo este 22 de enero en Tijuana.
El homicidio de Maldonado es el tercero contra periodistas en lo que va del año y el segundo en Tijuana. Ahí también fue asesinado Margarito Martínez y, en Veracruz, José Luis Gamboa.
Datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) revelan que al menos 141 comunicadores han sido asesinados en México en los últimos 30 años. La organización Artículo 19 coloca la cifra en 148 desde 2000.
En ambos casos, el total coloca a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y exhibe a un Estado que ha sido incapaz de frenar el asesinato de periodistas sin importar el partido político que esté al frente, ya sea el Revolucionario Institucional, Acción Nacional o el actual, Morena.
Desde su creación en 2012, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, encargada de las investigaciones, ha conseguido cuatro sentencias condenatorias de 803 averiguaciones previas. Es decir, 99.6% de los asesinatos contra periodistas en México permanecía impune hasta 2020.
En el actual gobierno la situación no ha sido muy diferente. Durante una reunión reciente entre funcionarios federales y organizaciones de la sociedad civil, los primeros aceptaron que el porcentaje de impunidad en este sexenio se mantiene por encima de 90%, lo que contradice las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los supuestos avances logrados en lo que va de su gestión.
“Damos un paso para adelante y luego dos pasos hacia atrás. Por cada arresto, hay docenas de crímenes que permanecen impunes. Las acciones tomadas por el gobierno de México no han logrado hacer una diferencia en la violencia contra periodistas en el país. Y no es un tema de partido, no hemos visto el interés por parte de los gobiernos en protegerlos. Por eso México sigue siendo el único país en el que vemos estos niveles de violencia, a pesar de no estar en guerra,” me dijo en entrevista Jan-Albert Hootsen, representante en México para el CPJ.
Los ataques contra periodistas en México forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país: hay más de 30,000 homicidios cada año. No se trata de fenómenos independientes sino de realidades paralelas. Solo así se entiende que además de los asesinatos, los periodistas en México son víctimas de desapariciones en cifras que superan las de países como Rusia, Irak y Siria, según datos del mismo CPJ.
Además del gobierno mexicano, la responsabilidad recae también en la comunidad internacional, que ve los crímenes contra periodistas en México como un problema local y no como una amenaza a la libertad de expresión en todas partes.
Esto resulta particularmente cierto en el caso del gobierno de Estados Unidos, que se dice indignado por los ataques reiterados contra los periodistas en México, pero al mismo tiempo ignora que la mayoría de las armas utilizadas en hechos violentos en México son traficadas desde ese país. Entre 2014 y 2018 el Departamento de Justicia logró establecer que siete de cada 10 armas utilizadas en crímenes en territorio mexicano venían de Estados Unidos.
El arma con la que fue asesinada en Chihuahua la periodista Miroslava Breach Velducea llegó a México desde ese país. Forma parte de la evidencia presentada por el gobierno en la demanda que entabló en contra de los fabricantes de armas más importantes en Estados Unidos.
El poder del crimen organizado en México se alimenta del consumo de drogas en Estados Unidos y de la tibia regulación sobre la venta de armas y el lavado de dinero, que empodera a los delincuentes y que desafía el control del Estado sobre su territorio.
Esta semana el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un tuit en el que envió el pésame a las familias de los tres periodistas asesinados en las últimas semanas y reiteró el apoyo de su gobierno a los esfuerzos de México por la lucha contra la impunidad en sus casos.
Una buena forma de empezar a mostrar ese apoyo sería aceptando la corresponsabilidad que Washington tiene en la violencia que se registra del otro lado de la frontera y, muchas veces, a solo metros de la línea divisoria entre ambos países, como en Tijuana.
Al igual que en 2017, un año sangriento tras el asesinato de al menos 12 periodistas, esta semana se volvieron a registrar manifestaciones en distintos puntos del país demandando justicia y un alto a la violencia. Entre los colegas que, a pesar de las circunstancias, no han perdido la energía ni el sentido de solidaridad con los compañeros abatidos, había muchos jóvenes. Muchos de ellos eran apenas niños cuando comenzó este ciclo de violencia. Y pese a ello, no se han acostumbrado a la realidad dolorosa. La consigna en las pancartas sigue siendo la misma: “Ni uno más”.
aranza
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