Summum de la Justicia
Las consecuencias del olvido penitenciario en México
Saskia Niño de Rivera | The Washingtón Post
Los primeros días de enero, en México se conoció la noticia de Tadeo, un bebé que fue hallado muerto en un penal en el estado de Puebla. La historia se completó más tarde: fue exhumado de un panteón de Ciudad de México y trasladado a Puebla para ser ingresado a un reclusorio, donde su cuerpo fue desechado junto con la basura.
¿En qué momento llegamos a esto? Este caso es una muestra del autogobierno que existe en algunas cárceles del país y el resultado de la normalización de la violencia a la que las mexicanas y mexicanos nos enfrentamos. Sin embargo, también redefine ese autogobierno: un bebé muerto dentro de un basurero rompe todos los límites. Nuestro sistema carcelario tocó fondo.
Estas historias de autogobierno son conocidas desde hace años. Por ejemplo, la del penal de Piedras Negras, en Coahuila, que sirvió más de cuartel y campo de exterminio al cártel de Los Zetas que como centro de reinserción social. Pero la corrupción, la impunidad y la complicidad o ausencia de autoridades competentes al mando de las cárceles tienen consecuencias sociales que permean más allá de estas, y causan niveles de violencia irreparables.
Hemos caído en un ciclo vicioso creyendo que entre mayores sentencias y peores condiciones vivan quienes lastiman a la sociedad, más justicia logramos. En el Congreso se aprobó el año pasado una reforma a ley que aumenta los casos de prisión preventiva por varios delitos, incluso electorales. Esto nos aleja por completo de encaminarnos a la creación de procesos que busquen construir una cultura de paz y legalidad, priorizando las instituciones y el Estado de derecho.
Como ciudadanos y ciudadanas creemos que las cárceles protegen a la sociedad de quienes las dañan, al crear un proceso de reinserción. Pero es una falacia: nos hemos limitado a creer que la justicia forzosamente es igual a cárcel, una realidad que le viene bien a un fallido sistema de procuración de justicia que, en lugar de promover cambios profundos, prefiere seguir nutriendo las filas de personas que ingresan diariamente a prisión.
He visitado más de 140 cárceles en distintos países y en más de una ocasión he escuchado la frase: “En las cárceles habitamos quienes no pudimos comprar la justicia”. En un estudio de la organización Reinserta, se calculó que en México las personas privadas de la libertad tienen que pagar entre 100,000 y 155,000 pesos (5,000 a 7,500 dólares) para su defensa.
Tener un defensor público o uno privado marca una diferencia enorme en el seguimiento del proceso. Según una encuesta realizada entre la población de las cárceles, 70% de las personas sentenciadas que tuvieron un defensor privado estuvo satisfecha con su desempeño. Cuando tuvieron un defensor de oficio, solo 30%.
Además, la reinserción social es una absoluta utopía. Seis de cada 10 reclusas consideran que estar en la cárcel les dificultará reintegrarse a la sociedad. En los centros de reinserción, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hay actividades laborales o de capacitación, o un programa que pueda ayudar los internos a continuar con su educación. Hemos construido un sistema punitivo disfrazado de un sistema garante de los derechos humanos.
Pensar que en las cárceles están solo los grandes capos y las mentes criminales más peligrosas para la sociedad abona a construir un discurso prejuicioso. La realidad es que 32% de las personas sentenciadas fue por robo, 29% por homicidio y solo 2.5% por delincuencia organizada. Asumir que solo están en prisión criminales peligrosos es invisibilizar las injusticias, la exclusión social y la criminalización de la pobreza.
A eso hay que sumar la impunidad en el país: 94% de los delitos no se denuncian y 90% de los homicidios se quedan sin culpable. ¿Cómo garantizar la justicia si 78% de la población no confía en los jueces ni en la Policía judicial?
Las autoridades han mantenido esta realidad penitenciaria relegada a un segundo plano, aunque debería ser un pilar en la estructura de las estrategias de seguridad. Mantener a las prisiones en la sombra ha permitido crear un caldo de cultivo ideal para la corrupción entre la autoridad y la delincuencia organizada. Y México está sufriendo las consecuencias de la ingobernabilidad de sus penales.
Como sociedad, al permitir que se invisibilice lo que sucede al interior de nuestro sistema penitenciario, también estamos siendo parte del problema. Si nos atrevemos a mirar a quienes habitan en una prisión, lograremos ver las estructuras sociales injustas de México.
Hay que presionar para que en toda estrategia de seguridad que implementen las autoridades se aseguren de incluir el eslabón más importante: el de la auténtica reinserción social. También para que asuman el compromiso de reducir las brechas de desigualdad, de crear las condiciones para que la justicia sea la regla y no la excepción, y para que el respeto a la dignidad de todas y todos sea una costumbre.
aranza
