Cuentas Claras
La situación entre Argentina y el FMI no se resolverá reciclando errores
Estefanía Pozzo | The Washington Post
El último viernes de enero, apremiados por un vencimiento que presionaba el calendario, Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un principio de entendimiento para refinanciar el préstamo de 44,000 millones de dólares que el organismo le otorgó al gobierno del expresidente Mauricio Macri. Este entendimiento es un hito más en una larga historia entre el país y el FMI, que celebraron 22 acuerdos en seis décadas. Y es ese viejo vínculo, a su vez, el que se transforma ahora en un desfiladero finito en el que las partes tienen que hacer equilibrio para no provocar el rechazo de una sociedad que ve a esta organización como uno de los principales socios de las grandes crisis del país.
Hay un hilo que conecta los desafíos económicos con los políticos. Son dos caras de una misma moneda: en Argentina, las grandes crisis de deuda se tradujeron históricamente en agudas crisis políticas, que provocan que la sociedad cuestione —y con razón— la capacidad del sistema político para resolver los problemas. Estas crisis cíclicas conllevan en su propio ADN el germen de la antipolítica.
La promesa de este nuevo acuerdo con el FMI es que no habrá ajuste fiscal. Con especial énfasis, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro negociador, Martín Guzmán, remarcaron este punto cuando informaron que habían dado el primer paso con los técnicos del FMI para darle forma a lo que luego será el acuerdo definitivo. Esta promesa contiene varios mensajes. Primero, y el más obvio, a la sociedad, porque las recetas de austeridad impuestas por el organismo se traducen automáticamente en un flashback de 20 años, a los trágicos días de 2001. Prometer que no hay ajuste es intentar ahuyentar el fantasma del colapso. Pero también es un mensaje político en doble sentido: a la tropa propia de legisladores, que tiene que votar en el Congreso un acuerdo que provoca mucho escozor; y al propio FMI, como recordatorio del límite, porque durante toda la negociación la cuestión fiscal fue el nudo gordiano del entendimiento.
El primer impacto político se sintió a los tres días del anuncio del principio de acuerdo. El presidente de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner (hijo de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, y del fallecido expresidente Néstor Kirchner), renunció a la jefatura del bloque. En una dura carta, explicó su alejamiento por rechazar las negociaciones llevadas adelante por el gobierno y también sus resultados. La oposición aprovechó la tensión interna del frente gobernante para atizar aún más la polarización. El sistema político juega con fuego si recorre este camino.
Si se avanza en la firma del acuerdo, el país debe someterse a 10 revisiones trimestrales entre 2022 y 2024, de las cuales dependerán desembolsos que permitan hacerle frente al criminal cronograma de pagos firmados por Macri y la anterior conducción del FMI. Criminal no es una metáfora: en 2018 se pautó pagar cerca de 19,000 millones de dólares en 2022 y otro tanto en 2023. El nuevo acuerdo es una verdadera espada de Damocles, porque siempre estará latente la posibilidad de que el FMI no apruebe alguno de los desembolsos si el país incumple con alguna cláusula firmada. La dependencia es total.
Si finalmente se recorre este camino, como parece ser el caso por los anuncios realizados desde Buenos Aires y Washington, el calendario presiona. En marzo vencen 2,830 millones de dólares y Argentina tiene escasas reservas internacionales en el Banco Central para hacerle frente. Los países en el FMI no pueden avalar una respuesta burocrática frente a esa crítica situación. No es con ahogo financiero y más crisis como los países pagan sus deudas.
La alternativa del default también tiene consecuencias. En términos financieros, implicaría que Argentina (el Estado y también las empresas) quede excluida del sistema internacional. Menos financiamiento significa una economía que se vuelve más pequeña. En términos geopolíticos podría también crear tensiones con varios países, incluso con socios de la región que tienen parte de sus reservas en activos del FMI.
Las sucesivas crisis económicas agotan, producen cansancio y hartazgo en la ciudadanía. El país necesita crecer para revertir el trágico porcentaje de personas que no llegan a conseguir lo básico para vivir: cuatro de cada 10 argentinos vive en una situación crítica. Sería propicio que la coalición gobernante, la oposición y el FMI no crispen el ánimo social y eviten profundizar la penuria allí donde ya es demasiado difícil la subsistencia.
aranza
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