Internacional - Población
Masacre de indígenas en Argentina aún afecta a descendientes
Por DÉBORA REY
BUENOS AIRES (AP) — Los detalles sobre el violento operativo de las fuerzas de seguridad que puso fin a una protesta de indígenas que querían mejorar sus condiciones de vida hace casi un siglo en Argentina y las secuelas que todavía sufren las poblaciones aborígenes quedaron expuestas este martes con el testimonio de los descendientes de los sobrevivientes durante un juicio inédito para esclarecer el caso.
El juicio por la llamada “Masacre de Napalpí” -cometida contra las comunidades Qom y Moqoit en julio de 1924 en la provincia de Chaco- es el primero en la historia judicial del país sudamericano por etnocidio. Es un proceso simbólico puesto que los presuntos culpables han fallecido.
Este martes el tribunal se trasladó a una localidad cercana a Colonia Aborigen, fundada por los sobrevivientes de Napalpí, para tomar declaración a sus descendientes.
“Mi papá me contó que un avión volaba sobre ellos y largaba caramelos para que salieran los chicos”, y determinar cuántos eran justo antes de iniciar la represión, relató Lucía Pereira, cuyo padre sobrevivió a la masacre. “Papá se escondió en el monte, estaba herido. Se curó con un yuyo. Lo sepulté con una bala en el hombro, siempre nos pedía que se la sacáramos”.
Los hechos tuvieron lugar en el campamento indígena Napalpí, situado en el centro de Chaco, que albergaba a miembros de las etnias Qom y Moqoit desplazados de sus territorios por grandes terratenientes. Los indígenas eran obligados a trabajar los campos en condiciones de explotación laboral y paga insuficiente.
Según la investigación, los Qom y Moqoit iniciaron una protesta en reclamo de una mejora en sus ingresos que fue violentamente reprimida por fuerzas de seguridad y civiles armados.
“Ellos cortaban madera para carbón. El patrón no les daba de comer, ni de vestir. Ellos sufrían de necesidad, no les pagaban, les hacían trabajar por la comida. Muy esclavizados los tenían”, agregó Pereira.
La abuela de Cristian Enríquez, otro testigo, también le contó a su nieto sobre “aviones que tiraban caramelos y después bombas”. La mujer “se acordaba que disparaban desde los caballos, que venía la policía con su armamento y que mataban a las familias, decía que mataron a muchos”, entre ellos su familia.
Se estima que al menos 300 indígenas, entre ellos mujeres, niños y abuelos, fueron asesinados.
Según Enríquez, su abuela tenía en ese entonces unos ocho años y “se salvó porque se quedó en el monte escondida dentro de un tronco de palo borracho. Decía que gracias a ese palo borracho ella estaba hablando con nosotros”.
Ambos testigos dijeron que no hablan el idioma Qom porque sus ancestros temían que después de la masacre de Napalpí si los escuchaban les pasara algo.
La versión oficial en aquel entonces dio cuenta de un supuesto enfrentamiento contra indígenas sublevados e incluso de una disputa entre etnias. Los fiscales identificaron como responsables al entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; su ministro de Interior, Vicente Carmelo Gallo; al entonces gobernador de Chaco, Fernando Centeno, y al jefe policial Diego Ulibarrie, entre otros. Ninguno de los imputados está vivo.
Este proceso está inspirado en los “juicios por la verdad” por las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) cuando regían las leyes de amnistía que protegieron a los miembros de las fuerzas armadas de la justicia hasta su derogación en 2003.
Raúl Fernández, miembro de la comunidad Qom, docente y autor del libro “La voz de la sangre” que reconstruyó los hechos, recordó que cuando su abuela Luisa le relató lo que había pasado en Napalpí “me advirtió: ‘no cuentes lo que te voy a decir porque te van a hacer algo’”.
“Sus orejas y testículos (de los muertos) fueron exhibidos en comisarías, las cabezas puestas en estacas. Fue humillante, queremos la reparación histórica de nuestro pueblo, que nunca más ocurra otro Napalpí”, pidió.
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