Comodín al Centro
¿A qué costo Venezuela volvería a las negociaciones en México?
Luz Mely Reyes, The Washington Post
Cuando en octubre de 2021 la delegación de Nicolás Maduro se levantó de la mesa de negociaciones en México, era poco lo que se había avanzado en el más reciente intento de diálogo, con acompañamiento internacional, entre actores políticos venezolanos. Siete meses después, y luego de ciertas concesiones por parte de Estados Unidos, las partes anuncian oficialmente el inicio de conversaciones para retomar “el espíritu de México”.
El martes 16 de mayo se conoció que, entre los gestos de buena fe para convencer a Maduro de reiniciar el diálogo con la opositora Plataforma Unitaria, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, permitiría que la petrolera Chevron hable con la estatal Petróleos de Venezuela. De igual manera, la agencia AP afirma que entre los acuerdos para incentivar el retorno a la mesa de negociaciones está el levantamiento de las sanciones personales a Carlos Erik Malpica Flores, extesorero nacional, sobrino de la esposa del mandatario venezolano y considerado uno de los más poderosos y con mayor influencia en el entorno familiar presidencial.
A horas de haber sido divulgada esta información los jefes de las delegaciones negociadoras, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, publicaron un tuit idéntico, con una fotografía en la que se dan la mano y que dice: “En reunión de trabajo, para planes de futuro. En el rescate del espíritu de México”.
El mensaje es algo críptico. No necesariamente significa que sea en breve cuando las partes se sienten. Sin embargo, el levantamiento de la sanción a Malpica Flores indica que todo es negociable y que el gobierno chavista aun puede pedir más, como efectivamente hizo Rodríguez posteriormente a su foto con Blyde, al recordar que el empresario colombiano Alex Saab es miembro de la delegación oficialista en la mesa de negociación. La detención de Saab en Cabo Verde y su extradición a Estados Unidos fue la justificación del chavismo para dejar la mesa de negociación en octubre de 2021, cuando apenas llevaban tres reuniones con la mediación de Noruega.
Durante semanas, la alianza opositora Plataforma Unitaria había mostrado su disposición a retomar las conversaciones. Sin embargo, Maduro reclamaba otros estímulos, tomando como base la ventana que se abrió en marzo con el encuentro en Caracas entre una comisión de Estados Unidos y el propio mandatario chavista, su esposa Cilia Flores y Rodríguez. Fuentes allegadas a la reunión en la que estuvo Juan González, asesor del presidente Biden y director del Consejo de Seguridad para el hemisferio occidental, y que han pedido que sus nombres no sean revelados, aseguran que la petición a favor de Malpica Flores era un punto de honor.
¿Pero para qué volver a México? ¿Son estas concesiones de Estados Unidos una señal de que Maduro y su estrategia van ganando? ¿Qué se puede buscar entre las partes para el beneficio de la población venezolana? ¿Hay interés real en aliviar el sufrimiento de los venezolanos? ¿A qué costo se llegará a México?
En Venezuela hubo un fuerte debate sobre distintas solicitudes que cursaron en las últimas semanas ante la administración de Biden. Hay quienes propusieron la suspensión de las sanciones generales —especialmente las que afectan a la industria energética— en seguimiento a un lobby que ha sido permanente para que empresas petroleras estadounidenses puedan operar sin tantas limitaciones en Venezuela; y otros que sostienen que no se pueden levantar este tipo de castigo y mucho menos las sanciones personales.
En el medio, las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos se enfrentan a algunos dilemas. Algunos aducen razones humanitarias para solicitar el levantamiento de sanciones generales y otros recuerdan, con hechos y testimonios, que el gobierno de Maduro tiene una política de violación de garantías fundamentales.
La organización Provea, en su más reciente informe, asegura que se ha afianzado “la crisis de la institucionalidad democrática, el ajuste económico de Nicolás Maduro está generando una desigualdad histórica”. Sostiene el retroceso en los derechos sociales y revela que “entre los meses de enero y diciembre de 2021 registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148.4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registro más alto de los últimos 33 años”.
Luego del encuentro de marzo —y hasta los anuncios recientes— la actuación de Estados Unidos se percibía incoherente, con idas y vueltas, negando filtraciones publicadas en medios de comunicación. El gobierno de ese país incluso desmintió afirmaciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien el 10 de mayo dijo en su conferencia de prensa mañanera: “Aunque se hizo en lo oscurito ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios”. Lo del millón de barriles podía ser una barrabasada del mandatario mexicano, pero no estaba tan lejos cuando denotaba la opacidad de un eventual acuerdo.
López Obrador también afirmó que él no asistirá a la Cumbre de las Américas si persiste la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Levantar las sanciones generales con la esperanza de que los ingresos que se generen por la reactivación de la industria petrolera sean invertidos en la población no tiene realmente un asidero porque, entre otras cosas, la corrupción es una constante en el gobierno de Maduro. Lo cual no niega que exista esa necesidad. Además, el modelo de acciones contra el mandatario luce agotado o, al menos, estancado.
Es posible que retomar seriamente la agenda establecida en el memorando que suscribieron las partes en agosto de 2021 no sea sencillo. El foco se ha mantenido en lo político más que en lo humanitario. También es posible que el mecanismo de negociación caiga otra vez en el limbo por un tiempo indefinido, durante el cual saldrían más venezolanos del territorio nacional y el chavismo y su modelo autoritario podría ganar unas elecciones más. Un lapso que lleve a que las fuerzas democráticas se rindan por el agotamiento, o que ocurra una implosión interna en el chavismo que produzca una transición. Pero mientras pase algo que avizore un cambio político, millones de personas venezolanas seguirán en la precariedad. Para todos ellos, el tiempo de los políticos es criminal.
Jamileth
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