Calamidades
América Latina necesita enfrentar la pobreza como si fuera una pandemia
Olivier De Schutter | The Washington Post
Cuando el COVID-19 barrió por primera vez América Latina y el Caribe, la perspectiva de vacunar a 650 millones de habitantes de la región parecía una tarea hercúlea.
A pesar de eso, de los problemas significativos de suministro y a lo complicado de la logística, hoy más de dos tercios de la población tiene el esquema completo de vacunación, una proeza admirable que hace de la región un líder mundial de la vacunación contra el COVID-19.
Pero hay otra pandemia que aún sigue causando estragos. Una que ha causado más sufrimiento, pero generado menos urgencia que la de COVID-19: la pandemia de la pobreza.
Estimativas recientes de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe calculan que el número de personas que viven en situaciones de pobreza en la región es de 201 millones. Son personas que no tienen acceso a los derechos humanos más básicos: alimentos, agua potable, vivienda adecuada, educación, salud.
Conocemos una vacuna que puede poner fin a esta pandemia: la protección social. Estos sistemas de prestaciones y servicios que no solo suponen una vía de escape para la gente atrapada en las cadenas generacionales de pobreza, o una red de seguridad para todos nosotros en estos tiempos de crisis, sino que son, en última instancia, generadores de sociedades más resilientes y prósperas.
Aunque se han realizado progresos considerables en las últimas décadas, a la hora de aumentar la cobertura de la protección social en América Latina se ha prestado sorprendentemente poca atención a quienes no pueden beneficiarse de ella.
En otras palabras, tenemos la vacuna; el reto es conseguir que llegue a todas las personas que la necesitan.
En toda la región, las prestaciones de la protección social quedan sin utilizar en la que sospechamos es una escala masiva, un fenómeno conocido como “la no percepción de derechos”. Este problema urgente que a menudo se pasa por alto es el tema de mi último informe para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con los datos disponibles, calculamos que entre 30% y 40% de la población que tiene derecho a prestaciones como ayudas por hijo o a la vivienda no piden esta ayuda.
Para entender por qué, llevamos a cabo un estudio mundial de la no percepción. En todas las regiones, incluidos los países de la región de América Latina y el Caribe cubiertos por el estudio (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú, República Dominicana y Venezuela) la razón más citada para que las personas no pidieran las prestaciones era simplemente que no sabían que existían.
Este es el cuello de botella al que nos enfrentamos en la pandemia de pobreza: no se puede solicitar una prestación cuya existencia se desconoce.
Los grupos marginados son los más golpeados. Las tasas de alfabetización tienden a ser más bajas entre las personas en situación de pobreza, las poblaciones rurales y las mujeres, de manera que tienden a ser menos conscientes de la existencia de los programas de protección social. Por ejemplo, en Haití, aproximadamente 90% de las mujeres de más de 65 años de edad son analfabetas.
El idioma también es una barrera. En Colombia, la información acerca de los sistemas de inscripción para las prestaciones sociales solo está disponible en español, lo cual supone un obstáculo significativo para los pueblos indígenas cuya primera lengua puede ser otra.
Hay otras muchas razones para la no percepción. Los procesos de postulación complejos, costosos y a menudo humillantes también constituyen un obstáculo que tiene que reconocerse y abordarse, mientras que las condiciones estrictas estipuladas para evitar fraudes disuaden a millones de personas de acceder a la ayuda que es suya por derecho.
Para terminar, la falta de financiación pública de ciertos programas de protección social supone que no lleguen a cubrir a todos las personas elegibles. En Brasil, el tan publicitado programa “Bolsa Familia” fijó un límite en la cantidad de fondos a disposición de cada municipio, y en consecuencia algunas familias se quedaron sin acceso a partir del momento en el que todos los fondos habían sido asignados ya.
No se trata de una lista insignificante de problemas, pero los gobiernos podrían quizás inspirarse en el programa de vacunación de COVID-19 en la región.
Imaginemos que se desplegara el mismo nivel de urgencia, energía y recursos en una campaña que buscase llegar a aquellos a quienes no alcanzan las prestaciones que tan desesperadamente necesitan para salir de la pobreza.
Hay sitios en los que esto está sucediendo ya. Brasil, por ejemplo, transformó autobuses y barcos en agencias móviles para tratar con los beneficiarios potenciales de su programa rural de pensiones. En Uruguay, la información acerca del sistema de seguridad social del país está ya entretejida en los programas escolares.
Pero el nivel de respuesta en la región sigue siendo desigual y, en términos generales, insuficiente. Se tiene que hacer mucho más para llegar de manera proactiva a los beneficiarios potenciales para que puedan saber qué prestaciones les corresponden.
El despliegue de las vacunas de COVID-19 en toda América Latina demostró que, con imaginación e iniciativa, ningún reto es demasiado grande. El despliegue de la protección social no es menos crucial para la humanidad, y debería darse a continuación.
aranza
