Pan y Circo
En Ciudad de México la gente en situación de calle no solo es invisible, también es un chivo expiatorio
Luisa Cantú Ríos | The Washington Post
Joshua España Sánchez, Damián Hernández Hernández y Mauricio Ramírez Ramírez tenían 23, 21 y 29 años de edad cuando fueron detenidos y encarcelados en Ciudad de México por un asesinato que no cometieron. Fueron víctimas en 2021 de una detención arbitraria, violaciones al debido proceso, y de discriminación y criminalización por vivir en la calle.
Según organizaciones civiles especializadas, este no es el único caso en la capital mexicana, pero no podemos dimensionar el tamaño del problema porque no hay registros suficientes. Además de la invisibilización que sufren las personas en situación de calle, podrían estar siendo utilizadas como “chivos expiatorios” para la supuesta resolución de crímenes. Si hay una excepción al debido proceso legal podría haber muchas más, y esto significaría que no tenemos certeza real sobre las cifras que se presentan respecto al combate a la inseguridad y la impunidad. Si las autoridades quieren la confianza ciudadana, necesitan erradicar de fondo estas malas prácticas.
La madrugada del 17 de mayo de 2021 hubo una pelea entre dos grupos de jóvenes que viven en las calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. A unos metros de ahí, aproximadamente a la misma hora, un vecino de la zona fue asesinado con un arma de fuego. Morelos es donde más asesinatos se cometen en Ciudad de México.
Cuando los policías llegaron al lugar se encontraron con Saul Martínez Zamarripa, que se quedó en la zona herido tras los golpes por la riña. Se lo llevaron en la patrulla y, según él mismo denunció, lo obligaron a inculpar a tres jóvenes del homicidio bajo la amenaza de que, si no lo hacía, el inculpado sería él.
La declaración de Martínez Zamarripa es lo único que vincularía a Mauricio, Joshua y Damián con el asesinato. La acusación inició siendo homicidio por golpes, después el delito pasó a ser homicidio con arma blanca y finalmente homicidio con arma de fuego. Pero una revisión a la carpeta de investigación y a las audiencias orales es suficiente para confirmar su inocencia. En las cámaras de vigilancia se comprueba que ellos no estaban presentes en el momento en que la persona que falleció recibió los balazos y también que ellos no dispararon un arma de fuego. Ante estas pruebas, la agente del Ministerio Público cambió el delito por cuarta vez: en la sexta audiencia se dijo que “no realizaron ninguna acción para evitarlo”. El juez estuvo de acuerdo y les condenó a más de 20 años de cárcel.
Si los jóvenes no hubieran sido usuarios de Ednica, un centro comunitario para personas en situación de calle de la colonia Morelos, quizá nadie se hubiera dado cuenta de que el homicidio se “resolvió” de esa manera. Pero las mujeres a cargo del lugar consiguieron un abogado y han denunciado ante medios que lo que pasó con Mauricio, Damián y Joshua no fue una excepción o una irregularidad, sino algo común.
“Decidieron que las personas idóneas para ser juzgados y para culparlos de ser los homicidas eran ellos por el simple hecho de ser personas que estaban viviendo en calle”, me dijo Patricia Secunza, directora de Ednica, en entrevista para La Octava.
La institución tiene más de 25 años operando y, de acuerdo con Secunza, todas las personas en esa situación con quienes han convivido ahí vivieron algún tipo de violencia por parte de un policía. Agrega: “Se vuelven chivos expiatorios y se les discrimina por el simple hecho de su condición de calle; seguramente el número de personas en centros penitenciarios que previamente vivieron en calle son altísimos”.
Sus datos coinciden con el estudio “Poblaciones callejeras en la Ciudad de MeÌxico, CiudadaniÌa y derecho a la identidad legal” de la UNAM, que señala: “En contraste con las dos de cada diez personas de la poblacioÌn general que refieren haber sido discriminados en Ciudad de MeÌxico, en la poblacioÌn callejera encuestada ocho de cada diez denunciaron haber sido discriminados o agredidos por servidores puÌblicos, preponderantemente policiÌas”.
Esto sucede a pesar de que, desde 2020, existe un protocolo interinstitucional de atención a personas que viven en esta condición en Ciudad de México. Este dicta que los elementos de la Policía deben capacitarse sobre “derechos de las personas que viven en situación de calle” y “deberán abstenerse de realizar detenciones ilegales o arbitrarias”. A las fiscalías les obliga a garantizar que "en las instalaciones de las agencias del Ministerio Público existan las condiciones mínimas necesarias para la atención de las personas que viven en situación de calle”, y a “implementar mecanismos de denuncia accesibles para las personas en situación de calle, para que puedan denunciar los delitos en su contra, lo cual debe ir acompañado de una sensibilización sobre cuáles son sus derechos”.
Le pregunté al secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, sobre los protocolos específicos para tratar con personas en situación de calle y su respuesta fue que la oficina de Asuntos Internos revisa todas las quejas: “Lo que le puedo asegurar es que cada caso de violencia, sea a personas en situación de calle o cualquier situación de abuso policial, lo investigamos a fondo. Tendríamos que hablar de casos específicos”.
Hasta ahora es imposible comprobar cuántos casos de incumplimiento del protocolo existen, dado que no se les pregunta a quienes están dentro de prisiones si estaban en situación de calle al ser aprehendidos. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) pregunta sobre escolaridad, antecedentes laborales y familiares, orientación sexual y condiciones de salud relevantes, pero nada específico sobre condición de calle. Este apartado sería fundamental para confirmar o descartar la hipótesis de las organizaciones y universidades.
Lo que pasó con Mauricio, Joshua y Damián, cuyo caso actualmente se encuentra en apelación, es una falta doble a la sociedad: por la discriminación contra ellos pero también porque resolver crímenes con falsos culpables no trae justicia a las víctimas.
Para resolver y prevenir cualquier problema, lo primero que hay que hacer es entenderlo, pero las propias autoridades desconocen los protocolos y obligaciones que tienen. Otro ejemplo son los recientes dichos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien mostró en un video a personas en situación de calle y se refirió a ellas como “gente a la que no le gusta el orden”, como si no tener una casa fuera una elección y no el producto de violencias previas como la pobreza y la falta de oportunidades.
El reconocimiento de los derechos de esta población ha sido lento pero constante. El Protocolo Interinstitucional incluye datos de censos desde 2008 y, en 2017, la Secretaría de Desarrollo Social local organizó un Censo de Poblaciones Callejeras que dio luz sobre el universo de personas y los motivos que les llevaron ahí. Un siguiente paso sería averiguar qué pasó con esas ocho de cada diez personas que dijo ser víctima de agravios por parte de alguna autoridad y especialmente la Policía: ¿Fueron detenidas? Si así fue, ¿tuvieron un debido proceso? ¿O están en prisión pagando delitos de otras personas?
Además, quienes gobiernan alcaldías, integran a la Policía y los ministerios públicos, así como las personas juzgadoras, deben recibir capacitación para evitar estigmatizarlas. Que haya una persona viviendo en la calle es un fallo de toda la sociedad, también lo son los crímenes violentos. Ninguno de los dos se resolverán si no corregimos los vicios de las autoridades que los tienen en sus manos.
aranza
