Pide Colombia a EU reparto equitativo de incautaciones a extraditados

Washington, (Notimex).- El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, planteó hoy a su homólogo estadunidense Eric Holder la distribución equitativa de activos incautados a extraditados colombianos en Estados Unidos.

"Nuestro planteamiento es una distribución equitativa de 50-50", dijo Montealegre a periodistas, quien indicó que "Estados Unidos aceptó que se va a hacer una distribución de esos bienes", con base en la actualización de convenios firmados en el pasado.

"Parte de esos bienes deben ir para fortalecer el derecho de las víctimas en Colombia, a la reparación, a la justicia, a la verdad y para el fortalecimiento de la justicia colombiana", anotó.

Explicó que el monto de bienes incautados en Colombia relacionados con el narcotráfico asciende a los tres mil millones de dólares, pero evitó comentar sobre el valor de los bienes de extraditados colombianos en Estados Unidos.

Señaló que en la reunión con Holder no se mencionaron casos particulares, como el del general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del anterior presidente colombiano Álvaro Uribe, quien está arrestado en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el narcotráfico.

El fiscal general colombiano explicó que existe una "investigación preliminar" y que no existe hasta este momento ninguna imputación concreta contra Santoyo, y que Colombia está evaluando "la posibilidad de un proceso de extinción de dominio" en su contra.

Manifestó que los puntos acordados incluyen además el acceso a pruebas en procesos de extradición, la cooperación para escuchar a los ex jefes paramilitares extraditados, una escuela de capacitación de fiscales y policías, y una cumbre de fiscales generales.

Montealegre formuló sus declaraciones como parte de una gira de trabajo esta semana, en la que se reunió con Holder, la directora de la Agencia Antidrogas (DEA), Michelle Thomas Leonarth, funcionarios de los departamentos de Estado y Justicia, y legisladores.

También se reunió con miembros de organizaciones no gubernamentales, incluidos "una conversación muy constructiva" con el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con quien reconoció desacuerdos sobre un marco constitucional para la paz.

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