Del Dicho al Hecho
Las pruebas presentadas contra Murillo Karam son endebles
Ricardo Raphael | The Washington Post
Desde que aconteció la tragedia de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2014, se ha privilegiado la política sobre la verdad y la justicia. Sucedió ese año, durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, y también ahora con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En octubre de 2014 el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam —en prisión preventiva desde el viernes—, visitó a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, para pedirle que lo ayudara a contener la presión ejercida contra su oficina desde el despacho presidencial porque agentes ajenos al caso estaban interfiriendo indebidamente con las pesquisas.
En concreto, según fuentes que conocieron de primera mano el encuentro, Murillo Karam se quejó con Osorio por las llamadas constantes de parte del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, para exigirle que cerrara cuanto antes la investigación del caso.
Lo que vino después indicaría que no sirvió de mucho la intervención del exsecretario Osorio. El 7 de noviembre, Murillo Karam informó en conferencia de prensa que las investigaciones habían concluido con la teoría criminal que dio origen a lo que se conoció como la “verdad histórica”, que ya se sabe es falsa.
El autor de esa infame mentira, han señalado los padres de las 43 personas desaparecidas, podría no ser Murillo sino Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien previamente trabajó con el padre de Humberto Castillejos y que en el momento de las investigaciones respondía políticamente al consejero jurídico de la presidencia.
Murillo cometió el peor error en su larga carrera política al convalidar el guion fabricado, según el cual los jóvenes normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y cuyos restos habrían terminado en las aguas del río San Juan.
Para sustentar “la verdad histórica”, los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —bajo las órdenes de Murillo Karam— torturaron a una serie de testigos, quienes de manera coaccionada ofrecieron confesiones armónicas con el falso guion. Esas mismas autoridades, de acuerdo con la actual Fiscalía General de la República (FGR), habrían obtenido restos de al menos dos normalistas que fueron manipulados para volver creíble la narrativa oficial.
Las investigaciones realizadas por la Comisión presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVaj) y por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para ese caso, dependiente de la FGR, son contundentes: prácticamente nada de lo declarado por Murillo Karam aquel día es cierto. Ni los normalistas ni sus victimarios se desplazaron al municipio de Cocula aquella madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014. Así lo indica el análisis de telefonía y muchas otras pruebas y testimonios recabados durante los últimos ocho años.
Acompañado de sus abogados, hoy Jesús Murillo Karam acudió a la audiencia donde la FGR pretende vincularlo a proceso a partir de tres argumentos. Primero, el ministerio público infiere que la tortura sufrida por los falsos testigos confesos no podría haber ocurrido sin el conocimiento del entonces procurador. Segundo, se afirma que, al haber validado públicamente “la verdad histórica” Murillo desvió el curso de las investigaciones y por tanto cometió el delito de obstrucción de justicia. Tercero, dice contar con el testimonio de dos personas que habrían presenciado la participación del exprocurador en eventos de tortura, así como en el momento exacto en que el Murillo ordenó la invención ficciosa del caso Ayotzinapa.
Uno de esos testigos era guardaespaldas de Zerón de Lucio. El otro fue ministerio público bajo las órdenes de Gualberto Ramírez, quien en esa misma época era el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro (UECS), adscrita también a la PGR.
Ambos testimonios son frágiles, ya que fueron obtenidos mediante criterio de oportunidad —no se ejercería acción penal contra ellos a cambio de su cooperación— y, por tanto, podrían estar sesgados. Si la FGR prometió liberar de responsabilidad a estos exfuncionarios a cambio de acusar a Murillo, dichas declaraciones podrían perder credibilidad cuando la acusación llegue a tribunales.
Además, mientras Zerón de Lucio continúe refugiado en Israel y Gualberto Ramírez siga siendo un prófugo de la justicia, las declaraciones de estas dos personas serán difíciles de corroborar.
Con estas pruebas tan endebles, no sorprende que el juez de control haya regañado a las personas que acudieron como agentes del ministerio público durante la primera audiencia celebrada el sábado pasado. Ese día el juez reclamó al Ministerio Público que hubiese llegado tan mal preparado respecto de un asunto tan relevante.
Provoca también dudas sobre la solidez de la acusación que el fiscal especial, responsable dentro de la FGR del caso Ayotzinapa desde hace cuatro años, no haya estado presente en estas audiencias. Omar Gómez Trejo es, desde junio de 2019, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. En su oficina se han validado todas las piezas de investigación relativas al expediente. Todavía más importante: la evidencia ha sido presentada ante el poder Judicial de tal manera que, a diferencia del pasado, se ha sostenido bien en tribunales.
¿Cómo explicar que su oficina no estuviese enterada de las acusaciones de la FGR contra el fiscal Murillo Karam? ¿Qué razón hay para que el equipo de esta unidad haya sido desplazado de las audiencias relacionadas con la acusación?
Si bien Gómez Trejo se encuentra coincidentemente en Israel, negociando para que Tomás Zerón se presente a declarar, no se entiende por qué la aprehensión de Murillo Karam tomó por sorpresa al resto de los funcionarios que laboran en su oficina. Estamos ante un nuevo giro político del caso Ayotzinapa, que pasa por hacer a un lado a Gómez Trejo a pesar de los muy buenos resultados que venía dando.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habrá calculado que el equipo de la Unidad no iba a prestarse a un cierre meramente político del caso Ayotzinapa —donde el acto espectacular de la detención de Murillo Karam ha ocupado el papel estelar— si con ello se atropellaría la promesa que el Estado mexicano hizo a las madres y los padres de las víctimas, en voz del presidente López Obrador, de privilegiar la verdad y la justicia por encima de la política.
aranza
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