Nacional - Seguridad y Justicia
México sopesa cambios a su política de prisión preventiva
Por MARK STEVENSON
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.
Se prevé que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie pronto sobre esta figura legal, de la que algunos magistrados sostienen que viola los tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse sólo en casos “excepcionales” para evitar que los sospechosos huyan de la justicia.
Las personas acusadas de asesinato y otros delitos violentos rara vez quedan en libertad bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, la lista de cargos que permiten detener a un sospechoso que espera un juicio ha aumentado a 16, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales.
Sin embargo, aproximadamente sólo dos de cada 10 personas acusadas de un delito en México son declaradas culpables. Eso significa que, de los 92,000 sospechosos que se calcula están ahora en las celdas a la espera de un juicio, a menudo junto con criminales endurecidos, unos 75,000 pasarán años encerrados en las hacinadas y peligrosas prisiones del país, con pocas probabilidades de ser declarados culpables.
Los juicios en México pueden alargarse por un tiempo sorprendentemente largo. Hace poco, dos hombres fueron liberados con tobilleras electrónicas después de pasar 17 años en prisión mientras eran juzgados por asesinato. Extrañamente, ahora que han sido declarados culpables, los dos están en libertad mientras presentan sus apelaciones.
Uno de ellos, Daniel García Rodríguez, dijo: “Nos preocupa también que casi 100,000 mexicanos se encuentran en prisión preventiva sin sentencias. Ellos y sus familias son en su mayoría pobres, y la prisión preventiva los ha ubicado en una condición de más vulnerabilidad”.
Todo ello hace que muchos inocentes pasen años en prisión. Los activistas dicen que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a optar por una forma de negociación de los cargos, simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres que el que pasarían si fueran declarados culpables.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el número de delitos que se consideran no aptos para obtener una fianza y ha pedido públicamente a la Suprema Corte que no libere a más personas que están esperando un juicio.
Su gobierno argumenta que eso crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puerta giratoria” en el que los sospechosos podrían salir de la cárcel tan pronto como son detenidos.
“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”, señaló la Secretaría de Gobernación al exhortar a la Suprema Corte a no cambiar las normas.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, alegó el viernes que, debido a que los jueces mexicanos son muy corruptos, “no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta... cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces algunos presuntos criminales y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales”.
Los activistas dicen que también es necesario examinar si México debería encerrar a personas durante años sólo con base en la opinión de la policía. Las fuerzas policiales del país no son conocidas por tener sofisticadas técnicas de investigación y a menudo mantienen a personas encerradas por la más mínima sospecha mientras intentan construir casos contra ellas.
“Lo que hace es: ´Te detengo y luego te investigo’”, comentó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, exfuncionario de derechos humanos.
Luis Alejandro Chávez pasó dos años en prisión a la espera de un juicio por un asesinato que dice no cometio. ¿La evidencia en su contra? Lo apodaban “El Potro”, igual que otro hombre en un estado vecino.
“Simplemente por un apodo le arruinaron la vida a alguien”, comentó Chávez en un documental producido por la organización activista Renace, que a la larga tomó su caso y consiguió su libertad.
Chávez, como la mayoría de los sospechosos detenidos a la espera de un juicio, no tenía dinero para pagar un abogado privado, por lo que tuvo que depender de uno de los defensores de oficio del gobierno, mal pagados y sobrecargados de trabajo, que a menudo deben manejar 300 casos a la vez. Chávez dijo que, después de su audiencia inicial, prácticamente no volvió a ver al abogado.
México no dispone de fianzas en efectivo ni de propiedades como Estados Unidos. En cambio, para aquellos que son liberados antes del juicio, hay más de una docena de mecanismos destinados a garantizar que se presenten ante el tribunal, los cuales van desde dispositivos de vigilancia electrónica hasta la confiscación de pasaportes y controles periódicos.
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Chrístel Rosales de México Evalúa, un grupo que se dedica a vigilar al gobierno, dijo que esas medidas han demostrado tener un 90% de efectividad para asegurar que las personas se presenten a juicio, sin el dolor, el costo y las perturbaciones de mantener a alguien en prisión.
La prisión preventiva pesa mucho sobre las mujeres, dijo Rosales. Aproximadamente siete de cada 10 mujeres en las cárceles mexicanas están detenidas a la espera de un juicio, una cifra que se eleva a nueve de cada 10 en algunos estados.
Tampoco los sicarios de los cárteles de droga —los mayores culpables de la violencia en México— son el principal objetivo de la detención preventiva, dijo Rosales. Alrededor del 30% de las personas encarceladas a la espera de un juicio están acusadas de robos en domicilios, cerca del 20% por violencia doméstica y el 10% por venta o posesión de drogas de bajo nivel.
El senador Álvarez Icaza califica la prisión preventiva obligatoria de “populismo punitivo”, diseñado para desviar la atención de la incapacidad del gobierno para detener los delitos violentos.
López Obrador ha sido incapaz de reducir la altísima tasa de homicidios de México, pero alega que mantener a más personas en prisión es una señal de éxito.
Álvarez Icaza lo llama “una acción desesperada que (pretende) satisfacer la legítima preocupación de seguridad de la gente. Creen que con eso logran resolver el problema, pero lo hacen peor... porque la gente que entra a la cárcel va a salir mucho peor”.
El presidente dice que respetará el fallo de la Suprema Corte sea cual sea, pero ha presionado públicamente al tribunal de una manera que ningun gobierno previo había hecho antes.
La población carcelaria de México se ha incrementado en alrededor de un 30% desde que López Obrador amplió el número de delitos que conllevan prisión preventiva en 2019. Ingresar en las cárceles mexicanas, las cuales están sobrepobladas, carecen de fondos y están controladas por pandillas, puede ser un infierno para los que están en prisión preventiva, que a menudo entran sin habilidades para sobrevivir en ellas ni conexiones con pandillas.
“Todo cuesta” para los prisioneros debido a los sobornos y la extorsión, comentó Álvarez Icaza. “Cuesta la visita, cuesta la comida... Incluso en ocasiones tienes que pagar protección para que no lo maten. Y cada visita tienes que pagar al guardia”.
Esto ha llevado a un número cada vez mayor de sospechosos a optar por algún tipo de acuerdo, conocido en México como “juicio abreviado”, en el que se declaran culpables. Rosales dijo que las investigaciones muestran que hasta el 85% de los casos que ahora derivan en condenas son el resultado de estos acuerdos.
“En realidad”, dijo Rosales, “cuando una persona es detenida es presa de forma inmediata, pues cierto es que va a buscar la manera de poder salir, poder encontrar una solución”, incluso si eso significa declararse culpable de un delito que no cometieron.
Jamileth
