Un monumento al olvido del sismo del 19 de septiembre en México

Sergio Beltrán-García | The Washington Post

Hay días como el 19 de septiembre de 2017, en el que murieron al menos 370 personas en México por un sismo, que desearíamos olvidar. Pero, al menos para mí, es necesario mantenerlo presente en la memoria —por más doloroso que sea— porque, como hace cinco años, algún día (esperemos que no pronto) volverá a temblar de esa forma en el país.

Si bien un sismo de magnitud 7.1 cuenta con la suficiente brutalidad como para arrasar con la zona centro de México y generar estrés postraumático, para quienes nos dedicamos a la arquitectura existe un estrés añadido. En mi caso, el recuerdo de ver el edificio ubicado en la calle Álvaro Obregón 286 (AO286), en Ciudad de México (CDMX), convertido en una maraña de acero y concreto me sigue estimulando lo que viví esos días.

Han pasado cinco años desde entonces y ya hay indicios de que estamos perdiendo esta memoria, sobre todo en las instituciones de Ciudad de México que deberían encargarse de jamás olvidarla. Aunque el sismo de 2017 arrasó con municipios de estados como Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz, en pocos sitios se condensa tanto una historia de olvido como en AO286, en la colonia Roma Norte de la capital.

En 1997, la Secretaria de Transporte y Vialidad del entonces Departamento del Distrito Federal buscaba alquilar un espacio en AO286. En abril de ese año, inspectores de la Secretaría de Obras y Servicios reportaron un desplome de 15 centímetros del edificio y advirtieron el riesgo de que, en un sismo intenso, el inmueble marcado con el número 286 chocara con el contiguo, el 284. Recomendaron no rentar en ese predio. Durante el terremoto de 2017, cuando el edificio 286 colapsó, parte de su losa de azotea terminó sobre el 284, indicando que muy probablemente se cumplió la advertencia hecha dos décadas antes. Múltiples reportes periodísticos han presentado evidencia de la negligencia institucional y la corrupción inmobiliaria que AO286 ejemplifica.

En mi trabajo de arquitectura forense generé una investigación —con una reconstrucción en 2D y 3D del edificio— que señalan más de diez violaciones a los Reglamentos de Construcciones vigentes durante el tiempo que estuvo en pie. A pesar de los indicios de la negligencia criminal de los expropietarios del inmueble y las autoridades omisas, que no dieron seguimiento al riesgo de su colapso, a cinco años del sismo aún siguen abiertas causas penales por el homicidio de algunas de las 49 personas que allí laboraban. Pero la ausencia de memoria no se detiene allí: en ese predio sigue pendiente la construcción de un memorial.

En noviembre de 2017 el diputado Manuel Granados señaló que se expropiaría el predio para la construcción de un espacio de memoria. El 14 de febrero de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de CDMX la declaratoria de utilidad pública y el 13 de marzo, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno, firmó el decreto de expropiación para que en AO286 se construyera el Memorial 19S. Por parte de los dueños del inmueble, en noviembre de 2018 hubo amenazas de promover juicios de amparo en contra del anuncio de la expropiación, pero convenientemente dijeron que desistirían de tales acciones cuando el gobierno les pagó 46 millones de pesos (2.33 millones de dólares) para convertir el terreno en propiedad pública. En semanas posteriores, los ya expropietarios ofrecieron pagar una indemnización de 930,000 pesos (47,000 dólares) a cada una de las 49 familias afectadas —un total de 45,570,000 pesos (2.31 millones de dólares)— a cambio de que firmaran cartas para liberarlos de responsabilidad por el colapso. Seis familias rechazaron la oferta y cinco continúan luchando mediante una acción penal.

A esto le siguió un concurso organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no involucró a las familias que perdieron a sus seres queridos en el colapso. El proyecto que debía reivindicar la memoria de las personas afectadas estaba construyéndose lejos de las exigencias de conocer la verdad de saber por qué cayeron tantas estructuras y lejos de las exigencias de justicia para sancionar a responsables de tanta negligencia estructural. Ante ese panorama, un grupo plural de ciudadanxs —personas damnificadas y que perdieron a familiares, artistas, arquitectas y activistas contra la corrupción inmobiliaria— protestamos contra el equivocado proceso del concurso y exigimos un replanteamiento que privilegiara una verdadera reconstrucción: un memorial que nos prepare para el siguiente sismo y no un monumento al olvido.

Aunque hubo un proyecto ganador, logramos que la construcción del memorial se pospusiera y se hiciera con la satisfacción de las personas damnificadas. Han pasado cuatro años y seis meses desde la expropiación del predio, no hay memorial y las protestas continúan.

Al inicio de la administración de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, me acerqué a ella para dar seguimiento a la construcción del memorial bajo estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no hay indicios de que haya interés de concluir el proyecto. De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Expropiación, si en cinco años un bien no ha sido destinado para el fin por el cual fue expropiado, el predio que nos pertenece y que debería usarse para construir memoria de manera permanente podría ser devuelto a los expropietarios que niegan que fueron causantes del riesgo estructural que llevó al colapso de AO286. Si en seis meses no iniciamos la construcción del Memorial 19S, lo habremos perdido.

La exigencia al gobierno es que genere las condiciones para diseñar el memorial de manera transparente y colectiva, con las víctimas liderando y con procesos apegados a los principios de políticas públicas de memoria que marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un ideal de Memorial 19S tendríamos 780 metros cuadrados para guardar un acopio permanente de herramientas especializadas que durante la emergencia procuramos colectivamente. Imaginemos un espacio para realizar talleres de capacitación de autoconstrucción y rescatismo. Un centro seguro y equipado para autogestionar la respuesta ante el siguiente gran sismo. Un espacio donde podamos denunciar irregularidades en las construcciones que habitamos; donde la memoria forje una verdad que no repita mentiras, con justicia que detenga la impunidad, con reparación que no ocasione mayor daño a las víctimas, un espacio donde cotidianamente generemos auténticas garantías de no repetición.

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