La derecha chilena sale a hablar de lo que no sabe: el aborto

Yasna Mussa, he Washington Post

Cuando el 23 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley Nº 21 030, que regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación), Chile era uno de los cuatro países en América Latina que negaba a las mujeres este derecho en todas sus formas, como parte de una política conservadora que selló el dictador Augusto Pinochet en 1989. Pero no siempre fue así: hasta antes que el dictador dejara como legado esta política regresiva, las mujeres que habitaban este país tenían derecho a interrumpir su embarazo con fines terapéuticos, tal como lo establecía el código sanitario.

Pero decía la escritora francesa Simone de Beauvoir que los derechos de las mujeres nunca deben darse por consolidados, sino que debemos estar siempre vigilantes. Y así nos lo recordó el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, cuando el pasado miércoles 28 de septiembre presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en Chile y aumentar las penas por su práctica. Ante los medios, el militante del partido de extrema derecha reafirmó su postura asegurando que “una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”. Más tarde, en un programa de televisión, añadiría que para que una mujer quede embarazada como consencuencia de una violación “tiene que ser una violación lamentablemente reiterada además, para que una mujer quede embarazada, abortar no va a quitar el daño producto de la relación", dejando ver no solo su ignorancia, sino además banalizando la violencia que sufren las mujeres.

Por más increíble que parezca, en 2022 hay sectores como los que representa Urruticoechea que quieren hacernos retroceder en más de medio siglo de discusiones y consensos sobre por qué el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito es asunto de salud pública y no depende del antojo, credo o ideología de quienes ocupan cargos de poder o representación. Desde ese punto de vista, el tema ni siquiera es debatible: organismos internacionales han definido las directrices que los países deben tomar en torno al aborto que, como lo asegura la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como finalidad proteger la salud de las mujeres y las adolescentes y ayudar a prevenir a los más de 25 millones de abortos inseguros que se producen actualmente cada año.

Su discurso misógino no es nuevo, pues entre sus filas han puesto en duda incluso el voto femenino. Aunque intenten disfrazar su política de filantropía, sus propuestas no pueden estar más alejadas de las necesidades que existen en un país donde muchas mujeres no solo tienen que asumir solas los riesgos y ausencia de políticas reproductivas, sino también la crianza: Chile ha destacado con lamentables cifras de irresponsabilidad parental. Para julio de 2020, 84% de las pensiones alimentarias estaban impagas, algo que la nueva ley aprobada el 17 de agosto pasado espera revertir en el futuro. Ante esto, los retrocesos que defiende la derecha parecen más bien un castigo a los cuerpos femeninos, negándoles no solo el derecho a decidir sino incluso revictimizando a quienes han sufrido una violación.

Presentada como una provocación, en la misma fecha en que se conmemoraría el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la propuesta del Partido Republicano pretende dejar a la deriva a miles de mujeres —3,000 casos anuales se proyectaban mientras estaba en discusión el proyecto por las tres causales— que necesitan recurrir a la salud púbica para tener acceso a una solución, pues no cuentan con los recursos o las redes de apoyo de aquellas que tienen la posibilidad de acceder a clínicas privadas u otros métodos clandestinos.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 8% de las muertes maternas se deben a abortos practicados en condiciones riesgosas. De ahí la necesidad de entender el aborto como lo que es: un procedimiento médico. Pero esas cifras podrían ser incluso menores si la derecha tuviese también la voluntad de legislar sobre todo lo que precede a un embarazo, es decir, a favor de una educación sexual integral, promover la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos eficientes. Temas en los que se ha empeñado en mantener como tabú, diabolizándolos, tergiversándolos o amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional, como lo hicieron cuando en el país se debatía la distribución de la llamada píldora del día después.

Este domingo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que el gobierno se encuentra trabajando, en diálogo con organizaciones feministas, en una ley que permita el aborto sin causales. “El aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro, entonces apunta también a la discusión social”, dijo Orellana. Cuando llegue el momento de legislar, será la oportunidad de que la oposición demuestre su compromiso con el Estado laico que habita y la realidad social de su territorio. La buena noticia es que podrán mantener su “agenda valórica” en la intimidad de sus decisiones y no como imposición pública. Será un ejercicio pro vida que beneficiará a millones de mujeres, pues en materia de derechos fundamentales solo se puede avanzar, jamás retroceder.

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