¡Basta ya!
La comunidad internacional debe dejar de hablar y comenzar a actuar ante la dictadura Ortega-Murillo
Wilfredo Miranda Aburto | The Washington Post
La presa política Dora María Téllez tomó una decisión extrema el 23 de septiembre: iniciar una huelga de hambre para exigir el cese de su confinamiento solitario en la lúgubre prisión de El Chipote. Lo hizo a pesar de que, tras más de un año de haber sido arrestada, ha perdido casi 30% de su masa corporal por la mala alimentación que impone el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La mítica comandante de la guerrilla sandinista tiene 66 años y pide material de lectura y sol. Hasta este 4 de octubre —en la víspera de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Lima, Perú, y donde exigen su liberación y la de más de 205 reos nicaragüenses— se desconoce su estado físico y de salud.
Lo mismo ocurre con otros tres presos políticos que se han declarado en huelga de hambre: el sociólogo y economista Irving Larios, el abogado Róger Reyes y el periodista deportivo Miguel Mendoza. Lo que piden estos dos últimos presos políticos ni siquiera es un desconfinamiento, sino algo que reafirma la perversión de la dictadura que los mantiene cautivos: ver a sus hijas. Los carceleros —que responden directamente a la pareja presidencial— no lo permiten.
Reyes y Mendoza tienen niñas de tres, cuatro y ocho años de edad, respectivamente. Las pequeñas resienten día a día la ausencia de sus padres. Un vacío que ya las golpea psicológicamente, según sus familiares. “Hola papi, he grabado videos, he realizado dibujos con la esperanza de que alguien te los pueda mostrar. Mi corazón sufre mucho, porque tengo más de un año de no verte. Te amo”, reza la carta que Alejandra envió a su papá periodista, pero que él no ha podido leer. Otro pedido similar es el de la presa política Suyen Barahona: lo único que quiere es una llamada telefónica con su hijo de cinco años.
La dictadura Ortega-Murillo siempre tiende a ser más cruel y la tortura que los presos políticos sufren desde su encarcelamiento, a partir de junio de 2021, ahora tiene una extensión en sus familiares, acentuada en los menores de edad. La demanda de estos presos políticos se circunscribe en un contexto de más represión en Nicaragua y que se aúna con el torpedeo de la pareja presidencial a todas las propuestas de diálogo de la comunidad internacional. Empezando por la intermediación del gobierno de Gustavo Petro, El Vaticano, Estados Unidos y ahora la OEA, cuya Asamblea General discutirá en Lima un proyecto que exige la liberación inmediata de los reos, mientras busca la creación de “una comisión de alto nivel”, cuyo mandato pretende ofrecer al régimen “la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes”, en el sentido de aceptar las ofertas “de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia”. En Nicaragua muchos no entienden lo diplomático y estas propuestas suenan cansinas y hasta ingenuas, aunque su espíritu tenga mucho de humanitario.
La comunidad internacional lee muy lento los trazos de Ortega y Murillo, o de plano son incapaces de frenar a una dictadura que a diario consolida un totalitarismo en todas las esferas de la vida nacional. ¿Por qué proponer diálogo a un gobierno que, lejos de conciliar, la semana pasada expulsó de facto a la embajadora de la Unión Europea, rompió relaciones con Países Bajos, mantiene su rechazo al nuevo embajador de Estados Unidos para Managua y destierra a científicos y activistas, o que tilda al presidente Gabriel Boric de “perro faldero del imperialismo” y que responde toda crítica a su barbarie con la manida diatriba de “injerencismo”?
El poder en Nicaragua se está cerrando y lo único que nos receta es más maldad. Después de arrestar y expulsar del país a toda voz crítica, ahora ha decidido comenzar a apresar a los familiares de exiliados. En los últimos tres días, la dictadura acusó por “conspiración y propagación de noticias falsas” a 17 personas, la mayoría familiares de perseguidos políticos en el exilio, sacerdotes y trabajadores del diario La Prensa. Un sistemático agravamiento que la OEA, por ejemplo, responde únicamente con comunicados, declaraciones de intenciones y resoluciones… a pesar que los dictadores confiscaron sus oficinas en Managua. Mientras tanto, los organismos multilaterales mantienen el grifo del dinero abierto a la dictadura y, en Roma, el papa Francisco se muestra blandengue ante el arresto domiciliario que su obispo Rolando Álvarez sufre desde hace casi 60 días.
La semana pasada entrevisté al analista político y exdiputado opositor en el exilio, Eliseo Núñez, y su visión es bastante crítica respecto a la comunidad internacional: los Ortega-Murillo la han arrinconado, es decir maniatado en muchos sentidos: “El dictador ha llevado a ese borde a la comunidad internacional y la arrincona en dos opciones: o hay un cierre internacional total en lo económico, que haga colapsar a Nicaragua, o sentarse y esperar a ver qué pasa, porque el uso de la fuerza no está contemplado. Y Ortega sabe que ambas decisiones no son fáciles de tomar. Entonces quedamos en un stand by que el dictador ocupa para mantenerse en el poder”.
Un stand by funesto para quienes están dentro de Nicaragua y para las y los exiliados que ahora se enfrentan al dilema más pesado de ya no solo comedirse, sino callar totalmente para proteger a sus familiares. Hablo no solo de opositores que denuncian y opinan, sino también de activistas, defensores de derechos humanos, religiosos, periodistas que informamos, catedráticos, feministas, ambientalistas, abogados y un nutrido etcétera de voces incómodas que se enfrentan a la espada de damocles que pende sobre sus seres queridos en el país. Y si uno ya ha exiliado a su familia por protección, como ha sido mi caso, el régimen usa como coacción las propiedades, ya que aprobaron una nueva ley de bienes y raíces que da cabida para aplicar tasas de impuestos arbitrarias a opositores o ciudadanos que no son afines al oficialismo. Es decir, hasta vender una casa es usado para reprimir.
La comunidad internacional podría tener más recursos para no dejarse arrinconar, como sí lo ha hecho el régimen con las y los nicaragüenses, pero se necesita una voluntad firme y decidida para impedirlo. Por ahora, lo que hemos visto son paños tibios para una situación que arde. Ortega y Murillo suben y complejizan la parada y el mundo sigue respondiendo con las mismas formas (sanciones es lo más común) que ellos ya saben esquivar.
aranza
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