Detrás del Muro
Biden expande una política de Trump para expulsar a migrantes venezolanos
Alejandro Tarre | The Washington Post
La semana pasada, la administración de Joe Biden en Estados Unidos anunció que ofrecería permisos condicionales humanitarios para 24,000 migrantes de Venezuela que cumplan con una serie de requisitos, al mismo tiempo que comenzaría a deportar a México a los venezolanos sin documentos, detenidos en la frontera, que buscan cruzarla a pie.
Ha habido confusión sobre este plan al intentar entender qué es más relevante: los permisos humanitarios o las deportaciones. Pero los primeros no deben distraernos de la noticia importante: el nuevo plan de la Casa Blanca para controlar la migración venezolana es una reafirmación de la nefasta política de deportaciones del expresidente estadounidense Donald Trump, apoyada en el Título 42, que permite las expulsiones “en caliente” y sin posibilidad de pedir asilo. El gobierno de Biden había intentado suspenderla en marzo de este año y un juez se lo negó, pero ahora, en un giro contradictorio, decidió fortalecerla y expandirla.
Por sí solo, el nuevo ofrecimiento de otorgar 24,000 permisos condicionales humanitarios es una buena noticia. Después de todo, una de las mejores maneras de atacar la crisis fronteriza es ofrecer alternativas legales a los cruces ilegales. El problema es que los permisos, en el contexto del resto del plan, parecen un intento de dorar la píldora de las deportaciones.
No cabe duda de que hay una grave crisis en la frontera sur de Estados Unidos. En el año fiscal 2021, las autoridades fronterizas realizaron 1.7 millones de detenciones, una cifra récord. En este año, aun cuando faltan los resultados de septiembre, el número ya sobrepasó los 2.1 millones. Tradicionalmente la mayoría de los detenidos son de México y los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero esto ha cambiado recientemente: migrantes de otros países —sobre todo de Venezuela, Cuba y Nicaragua— representan un porcentaje cada vez más alto de las detenciones.
Venezuela lidera a este trío de países. Este agosto las autoridades estadounidenses registraron más de 25,000 detenciones de venezolanos en la frontera, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo mes del año pasado. Por primera vez los ciudadanos de ese país ocuparon el segundo lugar en número de detenciones, después de México. En septiembre esta cifra, ya alta, volvió a incrementarse y llegó a los 33,000.
Para Biden esta ola de migrantes es un dolor de cabeza. ¿Qué ha hecho para tratar de contenerla? En buena medida se ha valido de la herramienta que heredó de Trump. A principios de 2020, al inicio de la pandemia, Trump invocó la regla sanitaria Título 42 para deportar inmediatamente a los migrantes detenidos en la frontera en vez de procesar sus solicitudes de asilo, con la coartada de evitar la propagación del COVID-19. Desde entonces, tanto Trump como Biden la han utilizado para expulsar a migrantes más de 2.3 millones de veces.
El Título 42, sin embargo, tiene una limitación: es una herramienta ágil solo si México acepta a los deportados. Y bajo el acuerdo inicial, este país solo aceptó recibir a mexicanos y ciudadanos del Triángulo Norte. Por un tiempo esto no fue un problema para Estados Unidos porque el grueso de los migrantes era de esos cuatro países. Pero comenzó a serlo conforme fue aumentando la migración de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Como Estados Unidos no podía expulsar a estos migrantes a México ni a su lugar de origen —por la complicada relación de Washington con sus gobiernos— un porcentaje alto no estaba siendo deportado, lo cual fue un incentivo poderoso para que más migrantes de esas nacionalidades se aventuraran a la frontera.
Todo esto llevó a Estados Unidos a ejercer presión sobre México para que recibiera en su territorio a nicaragüenses, cubanos y venezolanos expulsados bajo el Título 42.
El nuevo plan de otorgar permisos a venezolanos, con todo este contexto migratorio, es insuficiente. En primer lugar, porque el número de permisos es vergonzosamente bajo: solo en agosto el número de detenciones de venezolanos en la frontera fue casi igual al número total de permisos ofrecidos. Para poner esta cifra en perspectiva hay que contrastarla con la ayuda de Colombia, que ha otorgado un Estatuto de Protección Temporal a 1.8 millones de venezolanos.
Otro problema es que los requisitos para obtener un permiso son tremendamente excluyentes. Los solicitantes deben contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos, y quienes hayan entrado ilegalmente a Panamá o México a partir del 12 de octubre no pueden postular. Solo esto último excluye a los miles de refugiados y migrantes venezolanos que están cruzando ahora la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense unas 3,000 personas, la mayoría de Venezuela, están llegando cada día a Panamá por el Darién.
Los permisos humanitarios también pierden valor cuando se considera la otra parte del plan. Las deportaciones bajo el Título 42 significan que muchas personas que merecen asilo pierden su derecho a solicitarlo. Un número importante de venezolanos califican para el asilo y Biden reconoció esta realidad el año pasado, cuando designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés). Pero la decisión de deportar expeditamente a venezolanos es una violación del derecho a asilo de esta población que Biden, a través del TPS, reconoció que era vulnerable y podía merecer protección.
Hoy el Departamento de Justicia de Biden sigue peleando a favor de la suspensión del Título 42 que le negó el juez, mientras su administración da este giro incoherente de convertirlo en la piedra angular del nuevo plan para controlar la migración venezolana. Cualquier que sea la razón del giro, el nuevo plan no solo afecta a los migrantes venezolanos, también a países de tránsito como Panamá y Costa Rica, que no tienen los recursos y la infraestructura para lidiar con estas olas migratorias; y a México, donde los albergues para migrantes en la frontera desde antes del anuncio ya no se daban abasto.
En vez de implementar medidas draconianas para reducir los flujos migratorios, la administración de Biden debería enfocarse en seguir expandiendo las vías para la migración legal y buscar maneras de fortalecer y ampliar las protecciones para los refugiados y migrantes. O mínimo no eliminarlas.
aranza
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