Calamidades
Los funcionarios municipales en México, abandonados e impotentes frente a la violencia
Adrián López | The Washington Post
La violencia que el crimen organizado ejerce en México, cada vez con mayor intensidad sobre la clase política mexicana, ya es un fenómeno generalizado. Los flancos más débiles hasta ahora son los candidatos y funcionarios municipales, quienes al mismo tiempo son la expresión de gobierno más cercana a la población.
De acuerdo con datos de la organización Data Cívica, actualizados hasta julio, 2022 ya es el año con más incidentes de violencia criminal-electoral, con un total de 230. En el total de esos episodios, 82% de las autoridades y 78% de los miembros de partidos políticos que fueron atacados tenían algún cargo municipal.
Según este mismo estudio, en los años que hay elecciones la mayor parte de los ataques son a candidatos y la violencia en los años sin elecciones recae en funcionarios. Es decir, los criminales buscan incidir tanto en los procesos electorales como durante los periodos de gobierno, lo que denota una violencia constante y sistemática contra el aparato de Estado. Según las cifras, se ataca más a funcionarios de finanzas o policías sin que suceda en un enfrentamiento. Lo que nos hace pensar que los criminales buscan ejercer presión en las autoridades locales para generar beneficios económicos o redes de protección y vigilancia.
México cuenta con 2,457 municipios y los más vulnerables son, obviamente, los más rurales, pequeños y alejados de los centros urbanos, pero incluso ciudades principales como Culiacán, en Sinaloa, o Tijuana, en Baja California, enfrentan las mismas presiones por parte de los grupos criminales.
La mala noticia es que, mientras la violencia política sucede, sobre todo en los ámbitos locales, el gobierno mexicano lleva muchos años concentrando esfuerzos y recursos en la militarización de la seguridad pública en el ámbito federal, al tiempo que debilita en presupuesto, capacitación y equipamiento a las Policías municipales y estatales, así como a las fiscalías locales.
En menos de dos meses hubo dos casos que lo ejemplifican. El comandante Juan Miguel Silva Alvarado fue asesinado a tiros solo unas horas después de su nombramiento como subdirector operativo de la Policía municipal de Culiacán, el 6 de agosto de 2022. A pesar de viajar con una escolta de dos vehículos y 10 policías, desarmaron a todos sin que nadie activara el botón de pánico y el comandante “Boxer”, como se le conocía por haber sido pugilista de joven, fue acribillado a balazos en el sector Tres Ríos.
Unos días antes, a Sinaloa habían llegado 224 efectivos militares y 63 de la Guardia Nacional para reforzar las tareas interinstitucionales de seguridad, según reportó el periódico Noroeste. Pero el operativo no sirvió para proteger al comandante.
En otro punto al sur del país, en el estado de Guerrero, el 5 de octubre de 2022 un comando armado entró al palacio municipal de San Miguel Totolapan y mató a 20 personas, entre ellas al alcalde en funciones, Conrado Mendoza Almeida, a su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta, y a funcionarios municipales.
De acuerdo con informes con los que ya contaba el Ejército antes del ataque —según documentos dados a conocer por el grupo de ciberactivistas Guacamaya—, las autoridades municipales convivían con el grupo de Los Tequileros, a quienes se les atribuye la masacre, y con su grupo rival, La Familia Michoacana.
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, dice que en la zona hay presencia de autoridades militares y estatales pero que es difícil el acceso inmediato por lo remoto de la comunidad. Las víctimas recibieron el tiro de gracia y los criminales entraron y se fueron sin que nadie los molestara.
Ninguno de los dos hechos son aislados, pues entre 2000 y 2022 en México se han asesinado a 226 autoridades municipales: 94 alcaldes, 100 regidores y 32 síndicos, según datos de la consultora Etellekt.
Según el informe “Votar entre Balas”, de Data Cívica, la violencia se hace más notoria durante las campañas electorales. La violencia está presente en prácticamente todas las regiones del país; las agresiones armadas ya representan 25% del total y el perfil más atacado es el de candidatos a cargos de elección municipal.
Cuatro años después de la creación de la Guardia Nacional, la crisis humanitaria mexicana sigue con 97 homicidios diarios (según datos oficiales de 2021) y más de 106,000 personas desaparecidas oficialmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente emanado de la izquierda mexicana, acumula ya más de 126,000 asesinatos y no hay ninguna intención de ajustar la estrategia de seguridad pues, en el discurso, se insiste en que está funcionando.
La idea de “administrar” al crimen organizado a conveniencia de la clase política con el argumento de mantener una cierta gobernabilidad no se sostiene en los hechos. Como explican Sandra Ley y Guillermo Trejo en el libro Votos, drogas y violencia, los grupos criminales son capaces de ejercer un control político de facto en jurisdicciones locales adyacentes y establecer regímenes subnacionales de gobernanza criminal para monopolizar la violencia y los impuestos.
Pero con todo y la omnipresencia militar, los alcaldes, funcionarios y policías municipales de México quedan cada vez más a merced de los criminales que pueden amenazarlos, cooptarlos y asesinarlos con total impunidad. Y ellos son solo el principio, pues la solidez del Estado y la seguridad de todos nosotros está anclada en esas autoridades. El gobierno, con el apoyo de su partido, Morena, exacerba el fracaso y pone cada vez más militares en las calles sin que esta presencia alcance para lograr una reducción significativa de la violencia que sufre a diario la sociedad mexicana.
aranza
