¡Basta ya!
Entre el espectáculo, el oportunismo político y la impunidad
Mariana Limón Rugerio | The Washington Post
Caso Ariadna Fernanda
El 31 de octubre el cuerpo de Ariadna Fernanda López fue encontrado por ciclistas en una autopista cerca de Ciudad de México. Desde entonces, usuarias y usuarios en redes sociales y medios nacionales intentan reducir el crimen a un espectáculo, como si se tratará del episodio nuevo de una serie de terror: “Se repite el caso de Debanhi”, “Ari y Debanhi, la misma y la otra”, en referencia al caso Debanhi Escobar en abril de este año, que aún no se resuelve como un feminicidio.
Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia, recurrió a la conexión burda de los casos: “Ojalá pronto tengamos resultados de lo sucedido, porque se atrajo el asesinato del feminicidio de la joven Debanhi y se tiene que aclarar. Y ayer hubo otro caso en la autopista México-Cuernavaca (…) y también se está trabajando”.
Pero Ariadna —o Ari, como le decían de cariño— no es Debanhi. Ari tenía 27 años, era mamá de un niño de cinco. Su sueño era poner un salón de belleza. Pero su cadáver fue arrojado en el estado de Morelos, un día después de que su familia reportó su desaparición. Ari es víctima de un país donde cada día, en promedio, se asesinan a 11 mujeres y desaparecen a seis más. Para cambiar esto, debemos tratar cada caso con la dignidad, rigor e indignación que se amerita.
Lo que tienen en común Ari, Debanhi y otros casos tan mediáticos en México —como los de Cecilia Monzón, Ingrid Escamilla, Lesvy Berlín, Mara Castilla o Victoria Salas— es que el tratamiento de sus asesinatos sigue una fórmula perversa que los atrapa entre el espectáculo, el oportunismo político y la impunidad. Por eso importa denunciar el patrón de negligencias y malas prácticas que repiten, caso tras caso, las autoridades, los medios y la ciudadanía.
El espectáculo alrededor del caso de Ariadna creció tras una acusación de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: “El fiscal general de Justicia de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio”. El fiscal Uriel Carmona dijo que la acusación “carecía de sustento” y que está “dispuesto a colaborar” en el esclarecimiento del caso.
A partir de la disputa, arrancaron coberturas mediáticas deshumanizantes. Una especie de reality show que persigue, minuto a minuto, las exclusivas más lacerantes del caso, las filtraciones más dramáticas y las declaraciones de familiares más desgarradoras. Se publicaron videos revictimizantes de su cadáver y filtraciones sobre las conversaciones entre Rautel ‘N’ y Vanessa ‘N’, ambos vinculados a proceso por su probable participación.
Esto ya ha sucedido en otros casos, donde se han publicado materiales de la carpeta de investigación como fotos del cuerpo de la víctima, autopsias y videos de cámaras de seguridad. Las filtraciones son una práctica tan recurrente que este 2022 se aprobó la Ley Ingrid para castigarlas, ya que entorpecen el debido proceso y pueden ser utilizadas a favor de los perpetradores. Aunque, como lo ejemplifica el caso de Ariadna, la ley no ha logrado su objetivo.
Una parte crucial del problema también somos nosotros como audiencia, pues la ciudadanía consume y comparte estas filtraciones, así como entrevistas a familiares en estado de shock, riñas entre funcionarios y demás contenidos que abonan a la espectacularización de los feminicidios.
En la arena política, de forma oportunista Sheinbaum ha lucrado políticamente con el caso. Dijo que “como mujer y gobernante, ningún fiscal debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte”. Agregó que si la Fiscalía capitalina no hubiera intervenido, el caso habría quedado impune. En pocas palabras, insinuó que la justicia para Ariadna será mérito de su administración. Los datos contrastan con sus declaraciones: de los 95 asesinatos contra mujeres en este 2022 en CDMX, solo 52 se investigan como feminicidio. Además, aumentaron los delitos de acoso, violación y agresión sexual y se dispararon las desapariciones de mujeres.
La instrumentalización política y la indignación a modo sobre los feminicidios es una práctica común. En el caso de Debanhi Escobar, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó videos sobre su riña con la Fiscalía estatal. En el de Cecilia Monzón, diputados de oposición se pronunciaron contra la violencia, lo mismo que en el de Ingrid Escamilla.
Pero estas declaraciones no se traducen en justicia. Basta con revisar el desenlace de algunos casos mediáticos: el caso de Debanhi permanece impune; en el de Cecilia, el juicio será en 2023; el de Ingrid tardó dos años en resolverse y el de Victoria Pamela, cuatro. Aun los que ya se juzgaron presentan fallos: cinco años después de sus muertes, la familia de Mara aún pide una sentencia más alta para el feminicida y la madre de Lesvy exige una sentencia definitiva. Lo peor es que estos casos, donde sí hay avances judiciales, son anomalías: la tasa de impunidad de los feminicidios supera 95 % y solo 2% concluye en una sentencia.
Además de la impunidad, en la crisis feminicida existen problemas de fondo que, caso tras caso, permanecen sin resolverse. Al contrario, se agravan. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), por ejemplo, denuncia que en los últimos 12 años estos se duplicaron. A pesar del incremento exponencial, señala que el tipo penal del feminicidio no está homologado en las 32 entidades, lo cual dificulta que los asesinatos se investiguen y acrediten de forma correcta. Investigaciones periodísticas lo confirman: 46% de los feminicidios no se registran como tal.
Organismos como ONU Mujeres y México Evalúa advierten que faltan datos confiables y homologados, y diagnósticos para entender la evolución de las dinámicas de la violencia de género. Sin ellos, las políticas públicas se convierten en improvisaciones que no están basadas en evidencia y, por lo tanto, su eficacia es limitada.
Activistas, legisladoras y académicas han denunciado el fracaso de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo que busca reducir los feminicidios mediante la capacitación de servidores públicos en perspectiva de género, fortalecimiento de las Policías y la instalación de módulos de atención. A la fecha, se han declarado 25 alertas en 22 de los 31 estados de México. Si bien el mecanismo ha tenido resultados positivos parciales, el diagnostico general es que las alertas han sido “un fracaso” debido a omisiones, falta de coordinación y de adjudicación de responsabilidades. En Morelos, donde fue encontrado el cuerpo de Ariadna, activistas denunciaban desde 2019 que la alerta no funcionaba.
Por último, uno de los problemas más graves es la falta de presupuesto, el cual se agudizó este sexenio: desde 2018 se destinan menos recursos a los programas para mujeres y la tendencia continuará en 2023. De acuerdo con el proyecto de presupuesto que recién presentó el gobierno, los programas de género tendrán un recorte de 3% frente a 2022.
Vale la pena repetirlo: Ari no es Debanhi. Y las diez mujeres que son asesinadas diario no son Ari. Es momento de que la ciudadanía, los medios de comunicación y los funcionarios entendamos que hay una crisis con problemas de fondo sin resolver. Frente a esta crisis, nuestra responsabilidad colectiva es sentir indignación, respetando la dignidad de las víctimas. De no hacerlo así, los feminicidios permanecerán enredados en dinámicas nocivas en las que cada vez hay más show, pero menos justicia.
aranza
