Ecología
¿Estamos haciendo lo suficiente para evitar un desastre ambiental?
María Isabel Torres | Alexa Velez, The Washington Post
En la inauguración de la Conferencia sobre Cambio Climático (COP27) en Egipto, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, abrió con una frase que suena apocalíptica pero refleja fielmente la urgencia ambiental que encaramos y la indolencia con la que varios líderes de las potencias mundiales la están enfrentando: “Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”.
Basta con mirar con detenimiento los resultados finales de este encuentro para entender el sabor agridulce que han dejado en expertos y ciudadanos de todo el mundo. Aunque la creación de un fondo para pérdidas y daños que beneficie a los países en vías de desarrollo es un avance enorme, contrasta con las enormes dificultades para tomar acciones efectivas que permitan reducir las emisiones y el uso de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas. De ahí que Manuel Pulgar-Vidal, expresidente de la COP20 y hoy líder global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés), alertara sobre el riesgo de que esta iniciativa se convierta en un “fondo para el fin del mundo”.
¿Qué nos queda por hacer a las y los ciudadanos para revertir un futuro que la ciencia pinta cada vez más sombrío? Primero, reconocer que la batalla por conservar el planeta, su biodiversidad y nuestras vidas se viene librando en muchísimos más escenarios que el de la COP, muchos de ellos menos publicitados pero igual de importantes y algunos, pocos aún, con resultados alentadores. En estos espacios —lejos de las negociaciones protocolares— líderes indígenas, sociales y ambientales se juegan la vida en defensa de sus territorios y de sus recursos.
En los últimos 10 años, 1,733 personas fueron asesinadas por defender su territorio y el medio ambiente. De ellas, 68% vivía en América Latina y la tercera parte eran indígenas. Si nos enfocamos en la Amazonía, solo en 2021 78% de los ataques letales registrados en Brasil, Perú y Venezuela ocurrieron en la cuenca amazónica. De hecho, en el análisis de la última década, Brasil aparece en primer lugar con 342 muertes y Colombia con 322. “Ahora estamos en un punto de no retorno y no hay opción, defendemos nuestro territorio o desaparecemos”, nos djo con seriedad José Gregorio Díaz Mirabal, presidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, entidad que representa a los pueblos indígenas de los países que comparten la Amazonía. Latinoamérica es, sin ninguna duda, la región más peligrosa para ejercer el activismo ambiental.
Las imágenes satelitales que hoy nos permiten monitorear el avance de la deforestación en tiempo real muestran cómo los bosques son reemplazados por terrenos agrícolas y pastizales para la ganadería en cuestión de segundos. Según un reporte del Instituto Mundial de Recursos, los trópicos perdieron un área equivalente a 10 campos de fútbol por minuto durante 2021.
Los gobiernos que permiten la impunidad y el avance de estos delitos ambientales son los mismos que luego prometen en foros internacionales planes optimistas de transición energética y deforestación cero. Hace un año, a raíz de los continuos derrames de petróleo en la Amazonía, en Mongabay Latam solicitamos a las autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú los registros de cómo se fiscalizaba a la industria petrolera. Las respuestas oficiales confirmaron la falta de transparencia con la que deben lidiar las y los ciudadanos. El gobierno boliviano nunca respondió. Ecuador confirmó ââque entre 2011 y junio de 2021 se registraron 1,202 derrames de petróleo, pero no proporcionó la lista de los responsables ni si habían iniciado procesos de sanción. En Colombia solo obtuvimos información de dos agencias regionales y datos incompletos del ente nacional. Solo Perú entregó todo lo solicitado. Estas dificultades para acceder a información gubernamental clave son una constante en diversas instancias ambientales. El caso se repite con los efectos de la industria palmicultora en seis países de la región, la fiscalización a las pesqueras y a los pasivos ambientales. Ahora mismo, en una investigación sobre deforestación en nueve países latinoamericanos que está en marcha, seguimos recibiendo las mismas respuestas: vacíos y silencios.
A pesar de las dificultades y las amenazas, cientos de ciudadanos siguen organizándose para resistir. Un informe publicado por la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) revisó más de 300 estudios, publicados en las últimas dos décadas, que señalan claramente que las tasas de deforestación son mucho más bajas en los territorios que ocupan las comunidades indígenas. A pesar del éxito demostrado, los representantes de estos pueblos esperan que los fondos climáticos administrados por los países sean destinados a ellos de una manera más eficaz y rápida. Lo mismo sucede en las áreas naturales protegidas, espacios destinados a la conservación de los ecosistemas más representativos del mundo. En ellas, valientes guardaparques hacen todo lo posible para defender enormes extensiones de terreno frente a una serie de amenazas como la tala y la minería ilegal, así como el avance del narcotráfico. “No podemos comer y beber el oro. Pero si protegemos lo que está quedando, sí tendremos esperanza”, dijo Vilma Lucero, guardaparque de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. De acuerdo a un artículo publicado en la revista Science, un tercio de estas áreas enfrentan una intensa presión humana.
La ciencia también está jugando un partido importantísimo no solo para alertarnos, si no también ofreciendo soluciones. En Perú, luego de años de trabajo, un grupo de científicos logró recuperar la población de la pava aliblanca, una especie que estaba en peligro crítico de extinción. De la misma forma, en Ecuador una científica consiguió que una jueza admita una acción legal para proteger el Valle de Intag, al documentar el riesgo que representaba la minería en la zona para dos pequeñas ranas en peligro de extinción.
Las acciones individuales para salvar el planeta son clave. Debemos conocerlas más, apoyarlas mejor y no dejarlas solas en una lucha claramente desigual. Sin embargo, ellas por sí solas no son suficientes para frenar la crisis ambiental que avanza a pasos agigantados. Los cambios que se necesitan son estructurales. Lograr la creación de una iniciativa como el fondo de daños y pérdidas le tomó más de 30 años de arduas negociaciones a los países del sur global y a los estados insulares y aún queda mucho por definir —y volver a negociar— antes de que el dinero llegue a quienes lo necesitan urgentemente. El problema es que cada vez tenemos menos tiempo.
aranza
