Inicia juicio en Estados Unidos de exsecretario de seguridad, García Luna

Por JENNIFER PELTZ

NUEVA YORK (AP) — Protegidos por el anonimato y seguridad adicional, los jurados escucharon el lunes el inicio de un inusual juicio en Estados Unidos a un exfuncionario federal mexicano acusado de aceptar sobornos para ayudar a los narcotraficantes que debería estar combatiendo.

Después de lanzar un beso a su esposa e hija en la sala del tribunal, Genaro García Luna, quien alguna vez fue el principal funcionario de seguridad pública de México, observaba sin mostrar mucha reacción mientras se pronunciaban los alegatos iniciales. Su caso abarca la política mexicana, el extenso y violento narcotráfico, la incómoda relación entre ambas esferas y la relación entre Estados Unidos y México en el combate a las drogas y la corrupción.

García Luna está acusado de aceptar portafolios llenos de efectivo — millones de dólares en total — para permitir que el conocido cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“La persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa en realidad era su bien más valorado… y con su ayuda, el cártel ganó millones”, dijo el fiscal federal asistente Philip Pilmar al jurado. Calificó a García Luna como “un hombre que traicionó a ambos países: el suyo y el nuestro”.

Agregó que aunque García Luna se hacía pasar en ambos países como un héroe del combate a las drogas ilícitas, se encargó de que el cártel recibiera información sobre las investigaciones, tuviera paso fácil para la cocaína a través de puntos de revisión policiales y escoltas policiales, y, en ocasiones, incluso insignias oficiales para miembros del cártel. Agentes entregaban cargamentos de drogas personalmente de los aeropuertos, y actuaban como mercenarios para matar a personas que el cártel quería desaparecer, afirmó Pilmar.

García Luna ha dicho que es “mentira, difamación y perjurio a mi persona que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material”.

Su principal abogado, César de Castro, le dijo a los miembros del jurado que la acusación del gobierno se basa en “rumores, especulación y las palabras de algunos de los mayores criminales del mundo”: miembros de cárteles dispuestos a testificar en su contra.

“Ningún dinero, ninguna foto, ningún video, ningún texto, ningún email, ninguna grabación, ningún documento, ninguna prueba creíble, verosímil, de que Genaro García Luna ayudaba al cártel”, dijo el abogado en su alegato inicial. Describió el caso como “un alarde muy público y airado” de un gobierno de Estados Unidos que abandonó a su socio en la lucha contra las drogas.

De Castro dijo que la persecución diligente de García Luna contra grupos narcotraficantes le ganó una amplia gama de enemigos, incluidos cárteles, policías corruptos y políticos que se oponían a la guerra contra las drogas. El abogado argumentó que los miembros de cárteles que están dispuestos a testificar mienten para disminuir sus propias sentencias y vengarse de un funcionario público que consideran responsable de su aprehensión.

“No dejen que los cárteles jueguen con ustedes”, le dijo al jurado.

Con estudios de ingeniería, García Luna trabajó en agencias policiales y de seguridad nacional de México durante más de 20 años. Dirigió del 2001 al 2005 la Agencia Federal de Investigación, y luego fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012.

Como jefe de seguridad pública, García Luna era visto como el encargado de la sangrienta guerra de Calderón contra los cárteles y un aliado clave en la iniciativa estadounidense que comenzó con el gobierno del expresidente George W. Bush y proporcionó a la policía mexicana equipamiento, tecnología y capacitación para intentar contener el flujo de drogas a través de la frontera. En fotos mostradas en el juicio, se ve a García Luna con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exsenador John McCain y otros altos funcionarios de Estados Unidos.

Sin embargo, durante años, García Luna también fue señalado de tener lazos con narcotraficantes.

Luego, durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, un exmiembro de cártel de Sinaloa testificó en 2018 que él personalmente entregó al menos 6 millones de dólares en sobornos a García Luna y que miembros de cártel acordaron recaudar 50 millones de dólares para sobornarlo.

García Luna, quien se mudó a Miami después de dejar su cargo gubernamental, fue arrestado en 2019 en Texas y desde entonces está detenido sin derecho a fianza en una prisión federal. Se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y de participar en una empresa delictiva. El hombre de 54 años podría pasar décadas en prisión si se le declara culpable.

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ve con buenos ojos el juicio, que podría sacar a la luz la corrupción bajo el mandato de un predecesor conservador. También insinuó que Washington investiga a sus propios policías que trabajaron con García Luna.

México dijo en el pasado que sus funcionarios deberían ser juzgados en casa si son acusados de corrupción. En 2020, Estados Unidos recibió una solicitud para extraditar a García Luna para que enfrentara cargos de enriquecimiento ilegal, pero el gobierno mexicano no ha ejercido la misma presión que ejerció para truncar el juicio en Estados Unidos de un exsecretario de Defensa mexicano acusado de recibir sobornos para proteger al cártel del H-2. Regresó a México en 2020 y rápidamente fue absuelto. En ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores presentó el caso de García Luna bajo una luz diferente al señalar que el exfuncionario había estado viviendo en Estados Unidos.

García Luna está siendo juzgado en la misma corte federal de Brooklyn en la que Guzmán fue declarado culpable de manejar durante décadas una vasta operación de narcotráfico.

Al igual que con Guzmán, la identidad de los jurados del proceso contra García Luna se mantiene confidencial. También son escoltados hacia y desde la corte por alguaciles federales y aislados del público mientras están al interior.

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