Nacional - Seguridad y Justicia
Genaro García Luna es declarado culpable de recibir sobornos del narcotráfico
Por Alan Feuer | The New York Times
Genaro García Luna, quien fuera arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra los poderosos grupos criminales, fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de traicionar a su país y a sus colegas al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que debía perseguir.
El veredicto de culpabilidad, emitido tras varios días de deliberaciones en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, representó una sorprendente derrota para García Luna, un exagente de las fuerzas del orden de mandíbula prominente que estaba tan involucrado en el sistema de seguridad de su país que a menudo se le describía como el J. Edgar Hoover de México.
Mientras el juez Brian M. Cogan leía el veredicto, García Luna mantuvo la compostura y se mostró impasible junto con sus abogados. Su esposa e hija, que estaban detrás de él en la sala del tribunal, tampoco expresaron sus emociones.
El jurado tomó su decisión tras escuchar el testimonio de media decena de narcotraficantes experimentados. Los miembros del jurado determinaron que García Luna había llevado una doble vida y que, de manera secreta, estuvo en la nómina del mayor grupo delictivo de México, el Cártel de Sinaloa, casi todo el tiempo que dirigió la agencia equivalente al FBI en el país y después fue su secretario de Seguridad Pública, un poderoso cargo en el gabinete presidencial.
Desde hace mucho tiempo, los mexicanos sospechan que funcionarios de los más altos niveles del poder han estado aliados con los mismos mafiosos que durante décadas han infligido dolor y sufrimiento a su país, que a pesar de los miles de millones de dólares y décadas de esfuerzos de las fuerzas del orden ha alcanzado nuevos niveles de violencia en los últimos años.
Para muchas personas en México es difícil exagerar el espectáculo catártico que representa que un hombre como García Luna sea declarado culpable de participar en lo que se conoce como una empresa criminal en curso, un cargo por el que ahora se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se apresuró para aprovechar la noticia del veredicto, después de haber utilizado el juicio durante semanas como un arma política contra el partido de la oposición, al que García Luna sirvió durante más de una década mientras trabajaba bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno mexicano, tuiteó un comentario dirigido a Calderón, a quien López Obrador ha acusado reiteradamente de corrupción.
“García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones” en Estados Unidos, escribió Ramírez. “La justicia ha llegado para quien fuera escudero de @FelipeCalderon. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.
En Estados Unidos, la condena fue celebrada como una victoria notable por los fiscales federales que presentaron los cargos contra García Luna a finales de 2019, después de años de susurros, rumores e investigaciones abortadas sobre sus vínculos con los traficantes.
“García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días sabiendo que se demostró que traicionó a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar a los cárteles de la droga”, dijo en un comunicado Breon Peace, fiscal del gobierno de EE. UU. en Brooklyn.
En declaraciones a la prensa a la salida del tribunal, César de Castro, el abogado principal de García Luna, dijo que estaba decepcionado por el veredicto.
“Después de muchos años de tratar de lograr un caso contra García Luna con pruebas creíbles y fiables, el gobierno se vio obligado a conformarse con un caso construido con los testimonios de algunos de los criminales más infames y despiadados que testificaron en este tribunal”, dijo De Castro.
Tradicionalmente, los casos antinarcóticos estadounidenses se han presentado contra capos de cárteles como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo, quien fue condenado en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019 por dirigir un vasto imperio criminal.
Pero el veredicto de culpabilidad contra García Luna asestó un golpe contra la corrupción sistémica en México que durante mucho tiempo ha instigado tanto el implacable derramamiento de sangre del narcotráfico como el flujo de drogas ilegales a través de la frontera.
Desde el inicio, la acusación del gobierno contra García Luna no era muy sólida, ya que carecía de la gran cantidad de mensajes de texto interceptados y conversaciones grabadas que utilizó para garantizar la condena de Guzmán Loera.
Los fiscales basaron su caso contra García Luna casi por completo en el testimonio de operadores del cártel que hablaron al jurado tanto de sus propios delitos como de la forma en la que el acusado había aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa durante mucho tiempo.
El primer testigo del gobierno fue Sergio Villarreal Barragán, un corpulento exagente de policía conocido como el Grande, quien el mes pasado declaró ante el jurado que, a principios de la década de 2000, García Luna se presentó en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo.
El último testigo llamado por los fiscales fue Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada García, socio de Guzmán desde hace muchos años. Replicando lo que dijo durante el juicio de Guzmán, Zambada testificó que él personalmente metió millones de dólares en dos maletas deportivas que le fueron entregadas a García Luna en el restaurante Champs Elysées de Ciudad de México, poco después de que este se convirtiera en secretario de Seguridad Pública del país.
Aunque la evidencia de sobornos era crucial en el caso de la fiscalía, las notas del veredicto del jurado no mencionaron palabras como “soborno” o “corrupción”. Técnicamente, el jurado condenó a García Luna de acusaciones de conspiración para el narcotráfico y de participar en lo que se conoce como una empresa criminal en curso.
A pesar de todos los detalles que el juicio reveló sobre el narcotráfico mexicano —asesinatos sangrientos, descripciones de enormes cargamentos de droga y una referencia a un gato blanco llamado Perico, en referencia a la cocaína—, hubo un tema que rara vez salió a relucir: lo que sabían los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el cártel en una época en la que él trabajaba estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses en México y se reunía con personalidades políticas como el ex fiscal general Eric Holder y Hillary Clinton, quien fue secretaria de Estado.
“Creo que hay una pregunta que el gobierno de Estados Unidos debe responder: ¿cómo fue que Genaro pasó de ser un actor fundamental para Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales a ser alguien que está en un juzgado?”, preguntó Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, que es un organismo mexicano con características similares a la CIA.
García Luna continuó sus relaciones con algunos oficiales de inteligencia y de las fuerzas del orden estadounidenses que conoció en el cargo después de salir de México en 2012 y trasladarse a Miami, donde abrió una empresa de seguridad privada especializada en asuntos mexicanos. En una declaración ante el juez Brian M. Cogan, sin el jurado presente, un fiscal dijo el jueves que el negocio de consultoría de seguridad de García Luna era “altamente dependiente de su continua relación con funcionarios corruptos en México”.
El juicio planteó algunas preguntas suspicaces —pero no concluyentes— sobre otros altos funcionarios de México, entre ellos Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente.
Edgar Veytia, ex fiscal general del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano, declaró el 7 de febrero que el gobernador de Nayarit le había contado en una ocasión que asistió a una reunión con Calderón y García Luna en la que ambos le dieron instrucciones para que ayudara al Chapo en una batalla interna contra rivales de su cártel. Calderón publicó inmediatamente un mensaje enfático en Twitter en el que negaba las “absurdas declaraciones” de Veytia.
Una semana después, el abogado de García Luna preguntó a Zambada si alguna vez le había dado un soborno de siete millones de dólares a un asesor cercano de López Obrador durante una campaña presidencial; una acusación que Zambada negó, contradiciendo su propio testimonio en el juicio de Guzmán. Pero la negativa podría explicarse porque se formuló una pregunta confusa debido a un error en las notas de las entrevistas de Zambada con los fiscales estadounidenses.
Aunque los fiscales condenaron con éxito a García Luna, es poco probable que la victoria desencadene casos de corrupción contra otros altos funcionarios mexicanos. La reticencia del gobierno estadounidense a llevar estos asuntos a juicio se debe en gran medida a las secuelas del fracaso de otro caso de corrupción en Brooklyn contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa mexicano.
A finales de 2020, Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por una imputación confidencial en la que se lo acusaba de haber aceptado sobornos de una violenta organización de narcotraficantes llamada el Cártel H-2. Pero tras una intensa presión por parte de México, el caso fue desestimado y Cienfuegos fue enviado de vuelta a su país natal, donde retomó su vida normal.
Jamileth
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