Internacional - Seguridad y Justicia
No hay señal de adversarios detrás de síndrome Habana: Estados Unidos
Por NOMAAN MERCHANT
WASHINGTON (AP) — Las agencias de inteligencia estadounidenses no han podido vincular a un adversario extranjero con ninguno de los incidentes asociados con el llamado “síndrome de La Habana”: cientos de casos de lesiones cerebrales y otros síntomas reportados por personal estadounidense en distintas partes del mundo.
Las conclusiones difundidas el miércoles por funcionarios de inteligencia estadounidenses ponen en duda las sospechas planteadas por gente que denunció esos casos de que Rusia u otro país podrían estar detrás de una campaña global para acosar o atacar a estadounidenses por medio de alguna forma de energía dirigida.
La mayoría de los casos que se han investigado parecen tener distintas causas, desde factores ambientales hasta enfermedades no diagnosticadas, señalaron los funcionarios, quienes dicen que no han encontrado una explicación que sea válida para la mayoría o para todos los reportes.
En cambio, dicen los funcionarios, hay pruebas de que no hubo participación de gobiernos extranjeros. En algunos casos, Estados Unidos detectó en países adversarios cierta confusión acerca de las acusaciones y sospechas de que el síndrome de La Habana era un complot estadounidense. Los investigadores no encontraron “evidencia creíble” de que algún adversario hubiera obtenido un arma que pudiera causar los síntomas reportados, o de que un dispositivo de escucha haya lastimado a las personas de forma involuntaria.
El gobierno del presidente Joe Biden ha enfrentado intensa presión por parte de personal gubernamental que reportó lesiones y de intercesores, incluidos miembros del Congreso, para responder a los casos de síndrome de La Habana. El mandatario promulgó en 2021 la Ley HAVANA, que otorga indemnización a las personas que sufrieron lesiones que encajan en lo que el gobierno describe como “incidentes anómalos de salud”.
Mark Zaid, abogado de más de una veintena de personas que reportaron lesiones, señaló que la nueva evaluación carece de transparencia y no responde a cuestiones clave.
“En tanto no se levante el velo de misterio y se ponga a disposición el análisis que llevó a las conclusiones dadas a conocer este día y quede sujeto a una debida confrontación, las supuestas conclusiones carecen de un valor sustancial”, señaló en un comunicado. “Pero el daño que ha causado al estado de ánimo de las víctimas — en particular al desviarse del hecho de que el gobierno no evaluó toda la evidencia — es real y debe ser condenado”.
Dos funcionarios al tanto de la evaluación informaron a la prensa el miércoles bajo condición de anonimato, en apego a las reglas fijadas por el director de Inteligencia Nacional.
Los investigadores estudiaron unos 1,500 casos en 96 países. Muchos de esos casos, dijeron, se han vinculado a otras posibles causas ajenas a una campaña extranjera: enfermedades, mal funcionamiento de aparatos de aire acondicionado y ventilación, u ondas electromagnéticas provenientes de artefactos como un mouse de computadora. Además, algunas personas pudieron haber reportado síntomas basándose en lo que habían escuchado de otros casos o debido a la extensa cobertura mediática sobre el síndrome de La Habana, añadieron.
Un grupo central de una veintena de casos identificados en una evaluación preliminar publicada el año pasado ha sido objeto de estudios exhaustivos, dijeron los funcionarios. Ninguno de los casos fue vinculado a un ataque de un adversario.
Los funcionarios enfatizaron que su investigación fue exhaustiva y contó con la participación de siete agencias federales. Uno de los funcionarios dijo que revisó un reporte de un estadounidense que informó que posiblemente fue chocado por otro vehículo mientras conducía. Los investigadores federales dieron con el vehículo y el conductor e investigaron las relaciones personales de esa persona y cualquier viaje al extranjero.
A algunas de las pistas se les dio seguimiento hasta por nueve meses, indicó el funcionario.
Los funcionarios que informaron a la prensa se negaron a indicar cómo es que la evaluación más reciente, reportada en primera instancia por The Washington Post, podría afectar los pagos establecidos por la Ley HAVANA. El Departamento de Estado ha compensado a los empleados afectados con pagos únicos de entre 100,000 y 200,000 dólares.
Líderes de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja insistieron en que “no debería haber cambios” en las compensaciones en lo que llevan a cabo una revisión del reporte.
“Buscaremos garantizar que la revisión se llevó a cabo con el más alto grado de rigor analítico y que tomó en cuenta toda la inteligencia disponible y todas las perspectivas, documentando todas las diferencias sustanciales en el análisis”, señalaron los representantes Mike Turner y Jim Himes en un comunicado conjunto.
El síndrome de La Habana se refiere a una serie de trastornos cerebrales reportados en 2016 en la embajada estadounidense en Cuba. Diplomáticos, agentes de inteligencia y personal militar en Washington y misiones en el mundo han denunciado incidentes. Algunos agentes de inteligencia sospechan desde hace tiempo que Rusia utiliza artefactos de energía dirigida para atacar a personal estadounidense.
Pero el año pasado la CIA dijo que le parecía improbable que Rusia o algún otro adversario extranjero utilizara microondas o alguna otra forma de energía dirigida para atacar a funcionarios estadounidenses. La agencia ha sido objeto de críticas de parte de aquellas personas que han reportado casos y de activistas que acusan al gobierno de desestimar los padecimientos.
Incluso con la falta de respuestas y de atribución de responsabilidad, los funcionarios han intentado reiterar su compromiso con la salud de las víctimas.
“Quiero ser sumamente claro: Estos hallazgos no ponen en tela de juicio las experiencias y los problemas de salud reales que el personal del gobierno federal y sus familiares — incluidos agentes de la CIA — ha reportado mientras sirve a nuestro país”, dijo el director de la CIA, William Burns, en un comunicado. “Permaneceremos alerta a cualquier riesgo para la salud y el bienestar de los miembros de la agencia, para garantizar el acceso a la atención médica, y darle a los agentes la compasión y el respeto que merecen”.
aranza
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