Ciencia y Tecnología
Europa amplía el uso de tecnologías de vigilancia ciudadana, sin garantizar su privacidad
Ginebra, (EFE).- El uso de tecnologías para vigilar a la ciudadanía se está extendiendo de forma rápida y amplia, pero esto no va de la mano con el reforzamiento del derecho a la privacidad y de la protección de datos, dijo hoy una experta de la ONU en derechos humanos, Fionnuala Ní Aoláin.
"En el contexto europeo estamos viendo un tremendo aumento en el despliegue y uso de tecnologías de vigilancia", confirmó Ní Aoláin, quien es relatora especial de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
La relatora ha presentado esta semana al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, su último informe, que dedica a las consecuencias que está teniendo el uso de nuevas tecnologías en el combate del terrorismo.
En una conferencia de prensa hoy, Ní Aoláin cuestionó el mensaje que se está transmitiendo a "la sociedad democrática" europea, donde las tecnologías para la vigilancia pública se han normalizado, pero sin que se hayan reforzado a la vez la protección de los derechos ciudadanos.
"Europa tiene que demostrar que es posible funcionar sin vivir en una sociedad altamente vigilada y que la práctica generalizada de recolección, uso y almacenamientos de datos y la vigilancia que se está viendo no sirven a la democracia", reflexionó.
En su informe, la experta apunta que el uso de drones por parte de las fuerzas de seguridad en el mundo se ha normalizado y que estos aparatos también sirven "para recolectar una gran cantidad de datos de mucha gente a la vez, con escasa regulación sobre el uso de esos datos".
Asimismo, enfatizó la necesidad de que se declare una moratoria de los drones armados, de los que se está haciendo uso por ejemplo en el contexto de la guerra en Ucrania.
Ní Aoláin visitó el pasado febrero el centro de detención de Guantánamo, donde desde 2002 Estados Unidos ha retenido a cientos de sospechosos de terrorismo, en su mayoría sin cargos concretos y sin presentarlos a la justicia.
La misión de esta relatora a esa prisión fue la primera que Estados Unidos ha autorizado a un representante de la ONU.
Ní Aoláin dijo que tiene previsto hacer públicas sus conclusiones y recomendaciones en un plazo aproximado de 45 días, ya que todavía no ha finalizado la etapa de entrevistas con exdetenidos que fueron repatriados o enviados a terceros países, así como con víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Jamileth
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