Migración
Fiscalía acusa a jefe migratorio por incendio de migrantes en Ciudad Juárez
Por MARÍA VERZA
CIUDAD JUÁREZ, México (AP) — El máximo responsable de la agencia migratoria mexicana fue acusado formalmente el martes por ejercicio ilícito de servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido hace casi un mes en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
Además, aunque desde julio de 2022 recibió fotografías de la ampliación de las instalaciones siniestradas en las que se constataba que el centro no contaba con medidas básicas de la seguridad —por ejemplo, una ventilación adecuada y tenía zonas con rejas— no ordenó su cierre aunque ese hubiera sido su deber.
La fiscal del caso alegó que disponía de grabaciones de video en las que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de Migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y éstos se lo negaron.
El Ministerio Público pidió que se retirara del cargo a Garduño por el “peligro latente” que podía suponer para la comunidad migrante en México y que se le prohibiera salir del país, pero el juez Victor Manlio Hernández Calderón se negó y como medida cautelar sólo le impuso presentarse en los juzgados cada 15 días.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
Varios bomberos, cuyos testimonios dese dieron a conocer durante la audiencia, declararon que llegaron al lugar porque vieron el humo, no porque alguien les avisara. Tampoco fueron informados de que había personas dentro y fueron encontrándose los cuerpos en medio de oscuridad una vez rompieron un muro para entrar, sin saber si estaban vivos o muertos.
Garduño, antiguo responsable del sistema de prisiones de México, no ha dejado su cargo tras el suceso y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo a quien lideró el endurecimiento de la política migratoria mexicana desde 2019 ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump.
Sin embargo, Rodolfo Pérez, abogado del alto funcionario, dijo que en la audiencia de vinculación a proceso prevista para el domingo demostrarán que el jefe del INM puso en marcha medidas “tendentes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las instancias (migratorias y) a que se cumpla con la normatividad vigente”.
La Fiscalía denunció tratos denigrantes en las instalaciones, hacinamiento, falta de agua o cómo algunos grupos de migrantes venezolanos se imponían sobre el resto y les quitaban la comida sin que los guardias hicieran nada.
Según, la acusación, hay constancia de que Garduño recibió copia de documentos en los que se advertían actos de comercio no permitidos en las instalaciones, por ejemplo, de tabaco y otros objetos prohibidos y fue omiso ante ellos.
Algunos extranjeros declararon, además, cómo algunos trabajadores de las instalaciones migratorias les habían dicho que serían liberados si pagaban 1,000 dólares.
El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego.
En varias audiencias quedó constatada la falta de requerimientos contra incendios, la existencia indebida de colchonetas de material muy inflamable, la falta de migrantes registrados y su permanencia en el lugar por varios días, aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional antes del incendio detener a los migrantes por más de 36 horas.
Además, la Fiscalía ha encontrado faltas en el INM que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años.
La defensa de Garduño intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio sino la empresa privada contratada por el INM para la seguridad de las instalaciones.
Dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La fiscalía sólo informó de una orden de captura pendiente.
Según videos de cámaras de seguridad que pudo revisar AP, miembros de esa compañía se encargaron de abrir y cerrar la celda donde tuvo lugar el incendio horas antes del fuego. Luego se perdió la pista a las llaves. Las mujeres sí fueron liberadas y puestas a salvo.
Los fiscales indicaron que en un centro de monitoreo de la capital llegaban grabaciones de las 16 cámaras que había en Ciudad Juárez y gracias a esa vigilancia el año pasado se constataron irregularidades con la empresa de seguridad, de las que tenía conocimiento Garduño, quien no actuó para corregirlas.
El martes se desarrollaba también una audiencia en la que el juez de turno debía decidir si procesaba o no al otro directivo imputado por el incendio.
Las imputaciones contra altos cargos de la agencia migratoria tienen lugar en medio de las exigencias de los países de las víctimas para que se haga justicia, del creciente flujo migratorio y a pocas semanas antes de que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a las restricciones al asilo en la frontera impuestas en la época de la pandemia y aplique nuevas medidas migratorias.
Además, coincide con el avance por el sur de México de un grupo de varios miles de migrantes que caminan pidiendo a México que cierre sus centros de detención.
El martes, un grupo de siete personas se cosió los labios en protesta por la falta de respuesta del gobierno a su petición de diálogo. “Ninguno de los que estamos aquí queremos ser la muerte número 41″, indicó uno de ellos, el activista Irineo Múgica.
Como en ocasiones anteriores, el grupo avanza despacio y pidió a las autoridades autobuses -entre ellos hay muchas familias con niños pequeños- o al menos documentos temporales que les permitan transitar libremente por el país.
aranza
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