Internacional - Seguridad y Justicia
Cómo Estados Unidos recomendó castigos distintos en masacres de un Walmart en Texas y sinagoga en Pittsburgh
CHICAGO (AP) — Dos tiroteos separados por 3.218 kilómetros (2,000 millas) de distancia. Uno mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh. El otro mató a 23 en una tienda de la cadena Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ambos estuvieron motivados por el odio racial. Ambos involucraron a atacantes que después alegaron tener una enfermedad mental.
Sin embargo, a principios de este año, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) recomendó la pena de muerte sólo para el caso en Pittsburgh. Los miembros del jurado responderán pronto la pregunta más relevante: ¿Debe ser ejecutado Robert Bowers? El juicio de Bowers se encuentra en la fase de condena después de ser sentenciado en junio por el ataque antisemita de 2018.
El viernes pasado, un juez federal le dio a Patrick Crusius la sentencia máxima disponible por el ataque de 2019 en Walmart contra hispanos: cadena perpetua. Se declaró culpable después de que el DOJ retirara la posibilidad de recomendar la pena de muerte.
Las decisiones contrastantes en dos casos similares ilustran unas políticas de pena de muerte turbias, a menudo desconcertantes y aparentemente incongruentes del DOJ. La toma de decisiones del Departamento y los criterios que favorece también están envueltos en el secreto.
Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones y por quién?
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE BIDEN
Una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden fue la de abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Aunque él aún no ha dado pasos para cumplirla, su Departamento de Justicia ha realizado algunos cambios notables.
En 2021, Garland anunció una moratoria de las ejecuciones federales mientras se completa una revisión de los procedimientos de ejecución. No obstante, eso no impide que los fiscales busquen sentencias de muerte.
El DOJ también retiró el permiso para sentencias de muerte en 24 de los 29 casos autorizados por administraciones anteriores y el Departamento no ha autorizado penas de muerte para ninguna de las cerca de 400 nuevas acusaciones durante la presidencia de Biden que conllevaron sentencias capitales. No obstante, aún reflexiona sobre si recomendará la pena capital para Payton Gendron, un supremacista blanco que mató a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en 2022.
¿QUÉ NO HA CAMBIADO BAJO BIDEN?
Los críticos del DOJ destacan una división departamental enigmática, la llamada Capital Case Section (Sección de Casos Capitales). Con apenas nueve abogados de carrera y un administrador, la oficina ayuda a las fiscalías de Estados Unidos en los casos de pena capital y desempeña un papel vital asesorando a los comités de revisión del Departamento, que votan sobre recomendar la sentencia de muerte, aunque el secretario de Justicia, Merrick Garland, tiene la última palabra.
A pesar de que muchos fueron contratados durante otros gobiernos, todo el personal actual trabajó en la oficina bajo el presidente Donald Trump, quien supervisó una racha histórica de 13 ejecuciones federales en seis meses. Richard Burns, el líder del equipo, se convirtió en jefe de la Sección durante el mandato de Trump.
Los críticos argumentan que haberlos dejado en la administración de Biden ha contribuido a una continuidad indeseada.
El Departamento ha luchado de igual manera bajo Biden, como lo hizo bajo Trump, para boicotear todos los intentos de unos 40 reclusos en el pabellón federal de sentenciados a muerte en Terre Haute, Indiana, quienes buscan que se anulen sus condenas capitales, alegando prejuicios raciales y otros motivos.
“No creo que sea una sorpresa que, en ausencia de alguna política declarada en la Casa Blanca y teniendo al mismo personal en la Sección de Casos Capitales, no haya cambios a gran escala”, explica Robert Dunham, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de Temple y exdirector del Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte).
Monica Foster, defensora federal en jefe en la oficina de los Indiana Federal Community Defenders (Defensores Comunitarios Federales de Indiana), argumenta que la Sección tiene un interés establecido para presionar para dar luz verde a algunos casos de pena capital.
“Sin los casos de pena de muerte, no tienen razón de ser”, subraya Foster, quien se ha enfrentado con los abogados de la Sección en los tribunales.
La Sección, dijo, alguna vez solo llevaba documentos a los comités de revisión, pero ahora asume un papel más activo y realiza investigaciones y entrevistas para prepararse para las decisiones de pena capital.
“Pueden terminar dirigiendo el resultado”, agrega Foster.
El portavoz del Departamento de Justicia, Scottie Howell, asegura que la afirmación de Foster y otras acusaciones sobre la Sección son falsas y añade que el personal del DOJ “toma todas las decisiones con base en los hechos y la ley, y se apega a los estándares más altos”.
SALUD MENTAL Y OTROS FACTORES EN LAS DECISIONES DEL DOJ
Una revisión de The Associated Press de archivos judiciales y guías del personal de la era del presidente Biden ofrece pistas sobre qué influye en las decisiones del Departamento de Justicia. Muestran que es más probable que el DOJ apruebe penas de muerte cuanto se trata de ataques racistas y terroristas y cuando las familias de las víctimas están de acuerdo.
Los cambios en la orientación del Departamento también especifican que las enfermedades mentales pueden servir en contra de la aprobación de penas de muerte, lo cual es diferente de la orientación de la era de Trump: al menos dos reclusos ejecutados durante el gobierno de Trump padecían enfermedades mentales graves.
La guía fue fundamental para la decisión de Crusius, y los abogados del Departamento aceptaron que el atacante tenía un trastorno esquizoafectivo. Rechazaron las afirmaciones de que los episodios psicóticos de Bowers apuntaban a la esquizofrenia.
En documentos judiciales de abril que explican su decisión sobre Bowers, el Departamento señaló que la mayoría de las familias de las víctimas querían que Bowers muriera si era condenado. El DOJ también intentó realizar una evaluación mental propia de Bowers antes de su decisión final sobre la autorización. La defensa se negó diciendo que los fiscales no les asegurarían que las declaraciones sobre el examen de Bowers no se usarían en el juicio. Los expertos en salud mental del gobierno tuvieron acceso a Bowers justo antes del juicio.
En respuesta a las críticas, el Departamento también negó que su decisión fuera incongruente con las relativas a Crusius y otros, y dijo que la masacre comentida por Bowers se destacó porque las víctimas, adultos mayores, eran particularmente vulnerables y porque el crimen ocurrió en una casa de culto. Al final el juez del caso Bowers estuvo de acuerdo.
¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LA DIVISIÓN ESPECIAL?
Una demanda por discriminación de género presentada en 2016 por una exempleada de la Sección contra el DOJ ofreció más información sobre la reservada Sección de Casos Capitales. Durante el litigio de la demanda, que después fue desestimada, exmiembros del personal aseguraron que la Sección estaba desorganizada y uno acusó a un abogado de la Sección de retener las notas de la entrevista en el caso de Andrew Rogers.
Mientras estaba en una prisión federal, Rogers mató a un compañero de prisión en 2013 en un intento por ser ejecutado y evitar el aburrimiento de una vida tras las rejas. Dijo a los investigadores de homicidios: “Si recibo la pena de muerte, la aceptaré con una sonrisa”. El Departamento de Justicia de Obama autorizó que fuera ejecutado.
Foster, quien representó a Rogers en un intento por anular la autorización en 2018, citó las acusaciones hechas en la demanda por discriminación de género. Argumentó que las notas retenidas de las entrevistas con un psicólogo de la prisión y otras habrían demostrado la enfermedad mental de Rogers.
Apenas unos días antes de una audiencia de 2019 en el caso de Rogers para examinar las denuncias de conducta inapropiada de la Sección derivadas de la demanda por discriminación, el Departamento rescindió la autorización de sentencia de muerte.
Foster dijo que lo hizo para evitar una audiencia programada que podría haber probado las acusaciones, y que la defensa estaba obligada a terminar el caso al permitir que Rogers se declarara culpable y recibiera cadena perpetua.
Un expediente del DOJ de 2020 dijo que una investigación de la Office of Professional Responsibility (Oficina de Responsabilidad Profesional, u OPR, por sus siglas en inglés) no encontró irregularidades por parte del abogado de la Sección en el caso de Rogers. El abogado aún trabaja en la Sección. El Departamento nunca hizo público un informe de la OPR sobre esa investigación.
Una carta de la OPR del 21 de noviembre de 2022 a Foster —obtenida por la AP— dice que el informe de 114 páginas abordaba, entre otras cosas, si los fiscales del Departamento “realizaron una investigación sesgada para influir indebidamente en el fiscal general” para que autorizara la pena de muerte para Rogers.
La carta dice que el informe concluyó que no hubo “mala conducta profesional” con base en que, al final, la defensa recibió evidencia útil antes de que Rogers se declarara culpable, incluso si se recibió tarde.
Pero la carta también dice que el informe encontró que un abogado del Departamento “hizo a sabiendas una declaración falsa al abogado defensor”, que uno no “siguió las instrucciones de un supervisor para entregar las notas del abogado a la defensa” y que mostró una “falta de atención general al caso”.
LOS CAMBIOS NO PUEDEN DARSE SIN BIDEN
Quienes rechazan la pena de muerte dicen que el Departamento de Justicia de Biden debe ser juzgado bajo el estándar de que Biden Biden mismo hizo una promesa y que debería oponerse a todas las ejecuciones, incluida la de Bowers.
Pero la culpa por el incumplimiento de la promesa de Biden de poner fin a la pena de muerte federal recae en la cadena de mando, señala Dunham.
“Si Joe Biden no quiere la pena de muerte federal, o está atorado con una y quiere que sea más justa, entonces él y (los designados políticos del) Departamento de Justicia deben tomar medidas para lograrlo”, agrega.
aranza
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