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López Obrador pisa el acelerador para impulsar la reforma del Poder Judicial
Por Almudena Barragán | El País
Andrés Manuel López Obrador ha empezado el año con fuerza. El mandatario ha señalado que entre sus prioridades este 2024 está impulsar la reforma del Poder Judicial, un cambio en la legislación que buscará elegir a jueces y magistrados a través del voto popular. Así lo ha anunciado este martes, durante su primera conferencia matutina desde Yucatán: “No vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Voy a enviar una iniciativa para que a jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, ha dicho desde Mérida.
Ante la pregunta de cuándo se producirá esta solicitud, López Obrador ha respondido que “lo antes posible”. Por sus palabras, se nota que el presidente ha pisado el acelerador para enviar la iniciativa al Congreso para febrero, cuando arranca el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura saliente y antes de que se produzca el inicio de las campañas electorales, el 1 de marzo. “[La iniciativa] es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, ha explicado ante la prensa.
Las palabras del presidente coinciden con las declaraciones de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, que señaló este lunes que entre los temas prioritarios a discutir durante el próximo periodo de sesiones está la reforma del Poder Judicial. La noticia no es nueva. Desde el año pasado, López Obrador ya había anunciado que enviaría un paquete de medidas, entre las que se incluyen la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral y un nuevo proyecto sobre la Guardia Nacional.
En un principio, el Gobierno había señalado que trataría de pasar este paquete de medidas después de arrasar en las próximas elecciones de junio 2024, lo que coloquialmente se ha conocido como “Plan C”. De acuerdo a esos cálculos, Morena, el partido del presidente, lograría una mayoría calificada en ambas cámaras que le otorgaría el poder de cambiar la Constitución. Sin embargo, la reciente ruptura dentro de la oposición ha hecho tambalear estos planes y ha abierto las puertas a negociar las reformas antes de que acabe el mandato del presidente, de ahí la premura.
La relación del presidente con el Poder Judicial se ha vuelto cada vez más tensa en estos años, en especial, con los ministros de la Suprema Corte, quienes han ejercido un control constitucional y han echado para atrás varias reformas de López Obrador, aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso. En su último informe de Gobierno, el presidente no dudó en dirigir una de sus críticas más duras, ya no solo contra los magistrados de la Suprema Corte, sino contra todos los jueces en general, y les acusó de tener conflictos de interés y de actuar “bajo consigna de intereses delictivos”. Justificando así la reforma para que los togados sean elegidos por el pueblo.
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