Internacional - Seguridad y Justicia

329 detenidos y cinco personas abatidas por la fuerza pública tras secuencia de ataques

2024-01-10

TC Televisión no estaba funcionando el miércoles en su sede de Guayaquil. La noche...

 

QUITO (AP) — Militares custodiaban el miércoles infraestructura estratégica y algunos medios de comunicación en Quito y Guayaquil mientras a Ecuador le costaba recobrar la normalidad un día después que el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró que el país andino entraba en un conflicto armado interno contra grupos criminales que suman miles de miembros tras una nueva espiral de violencia que derivó en el inédito asalto de un canal de televisión cuando transmitía en vivo.

En declaraciones a la radio privada Canela por la mañana, el joven mandatario señaló que el país atraviesa un momento muy duro y que con firmeza su gobierno está “luchando por la paz y contra grupos terroristas”, que —dijo— integran más de 20,000 miembros. Advirtió a jueces y fiscales que dan ayuda a las bandas criminales que también serán procesados como parte de la “red terrorista”.

Las autoridades han informado que al menos 70 personas han sido detenidas por los actos de violencia de la víspera, entre ellas los intrusos encapuchados que ingresaron armados en el canal público TC Televisión en la ciudad costera de Guayaquil, considerada la más violenta del país.

En su cuenta de X, antes Twitter, la policía informó que como parte de las acciones desplegadas también se logró la liberación de tres policías secuestrados por bandas criminales, se recapturó a 17 presos fugados y que decomisó explosivos, cartuchos, armas y vehículos, en operativos realizados en todo el territorio.

En tanto, el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó el miércoles que 125 agentes de seguridad penitenciaria y 14 trabajadores administrativos permanecen retenidos desde el lunes en las cárceles de cinco provincias.

El viceministro de Gobierno, Fernando Torres, dijo a los medios que están actuando para que “salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente”.

“El país está en relativa calma”, aseguró a periodistas el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, a su arribo temprano junto con otros funcionarios a la sede presidencial donde se reúnen altos funcionarios del gobierno y del cuerpo diplomático. Al menos unos 700 militares resguardan la zona.

Ecuador está viviendo por primera vez “un momento de unidad”, en el que el enemigo del Estado “es el crimen organizado”, señaló Izurieta.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habló con el embajador de Ecuador ante la ONU, José De La Gasca, el miércoles por la mañana manifestando que “está alarmado por el deterioro de la situación en el país, así como por el disruptivo impacto que ha tenido en las vidas de los ecuatorianos”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric. “El secretario general condena enérgicamente estos actos criminales de violencia que hemos visto y envía un mensaje de solidaridad al pueblo ecuatoriano”, agregó Dujarric.

Sin embargo, el ambiente era incierto y había temor en el país de casi 18 millones de habitantes. Buena parte de los ciudadanos se resguardaron el miércoles en sus casas para evitar eventuales actos de violencia mientras en las calles circulaban patrullas de la policía y el ejército.

La decreto del gobierno de Noboa, difundido poco después de la toma violenta del canal de televisión, busca un despliegue más amplio de los soldados en todo el país para combatir a una veintena de bandas del crimen organizado. Soldados con armas largas amanecieron custodiando el recién inaugurado metro en Quito, hospitales y algunos medios de comunicación en la capital y en Guayaquil, a donde llegaron incluso en tanquetas.

En las calles de las principales ciudades también se observaba poco tráfico vehicular, con muchos comercios cerrados y sin estudiantes debido a que las clases presenciales fueron suspendidas en todos los niveles de educación.

Muchos empleados públicos y privados optaron por realizar trabajo telemático ante la crisis de seguridad y luego de una jornada con una treintena de actos violentos que se generaron tras el estado de emergencia decretado por el gobierno el lunes después de la aparente fuga de un peligroso líder de una banda de narcotraficantes de una prisión.

Pero lo que más impactó al país fue cuando el grupo de encapuchados armados irrumpió violentamente en TC Televisión mientras transmitía en vivo el noticiero del mediodía y amenazaron con armas y explosivos a presentadores, camarógrafos, productores y personal administrativo. El asalto dejó como saldo un camarógrafo herido de bala en la pierna derecha y otros dos empleados del canal con contusiones, según las autoridades.

Noboa, en sus declaraciones a la radio, dijo que fueron acciones “para tratar de doblegar al Estado; me solidarizo 100% con personal de TC Televisión, entramos con todo (en alusión a la actuación de la policía) y eso lo logramos neutralizar muy rápido”.

El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dijo el miércoles a The Associated Press que ese episodio violento revela que los medios de comunicación “son estratégicos y un objetivo de los grupos criminales”, pues a “su acción terrorista directa” se suma “la operación de una guerra psicológica”, que busca crear miedo, zozobra y caos.

Por ello pidió al Estado “que se preserve la vida e integridad de los trabajadores, periodistas” y se proteja las instalaciones de aquellos con alto nivel de riesgo.

El comandante de la policía Víctor Herrera dijo que en total 18 personas serán procesadas por “actos terroristas” relacionados con la toma del canal, de ellos los 13 detenidos en el interior y cinco en el exterior. Agregó que serían 20 los involucrados, por lo cual restaría la detención de otras dos personas, y que estructura a la que pertenecen sería la banda criminal Los Tiguerones.

A la toma violenta del canal de televisión se sumaron dos atentados a unidades policiales y el secuestro de tres personas, entre ellas dos menores de edad, que fueron liberados la madrugada del miércoles en Guayaquil. Dijo que los últimos actos violentos dejaron como saldo al menos 14 fallecidos.

TC Televisión no estaba funcionando el miércoles en su sede de Guayaquil. La noche del martes había emitido un breve noticiario al aire desde la capital.

La violencia en el país andino emergió con fuerza a inicios de 2021 con una masacre en una cárcel producto de choques entre bandas criminales y del narcotráfico rivales, a la que sucedieron otras matanzas carcelarias y un incremento sin precedentes de la violencia y los homicidios en las calles.

Noboa, de 36 años, asumió a fines de noviembre para culminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso en un país que ya se desangraba en las prisiones y en las calles, y que a poco de celebrarse las pasadas elecciones sufrió el asesinato de un candidato presidencial.

Noboa había declarado el lunes estado de excepción y toque de queda, con lo que se suspendieron algunos derechos ciudadanos y permitió a las autoridades movilizar al ejército en sitios como las cárceles, después de la presunta fuga de un penal de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros.

Los Choneros es una de las bandas a las que las autoridades responsabilizan de un repunte de la violencia, en su mayoría relacionada con el narcotráfico, que alcanzó un nuevo nivel el año pasado con el asesinado del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. El grupo tiene estrechos vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, según las autoridades.

En febrero de 2013, alias Fito, líder de esa banda, escapó de un penal de máxima seguridad pero fue recapturado semanas más tarde. Fito había sido condenado por narcotráfico, asesinato y crimen organizado, por lo que cumplía una sentencia de 36 años en la prisión La Regional en Guayaquil.

El paradero de Fito seguía siendo un misterio. Noboa aseguró que “estamos en una cacería activa”, así como también de Fabricio Colón Pico, otro líder regional de otra banda, Los Lobos, quienes “serán procesados por terrorismo”.

Ubicado en la costa sudamericana del Pacífico entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, en los últimos años Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito y exportación clave para la droga. Gran parte de la violencia que sufre el país se deriva de las luchas entre los grupos de narcotraficantes y con el gobierno por el control de los puertos y las rutas del contrabando.

Los Choneros y otros grupos similares ligados a los cárteles mexicanos y colombianos se enfrentan por el control de las rutas del narcotráfico y el territorio, incluyendo dentro de los centros de detención, donde más de 450 reos han muerto desde 2021, de acuerdo con las autoridades.

Algunos ecuatorianos, hartos de la inseguridad, respaldaban los decretos de Noboa. Humberto Poggi, de 50 años y residente de Guayaquil, en declaraciones a la AP, afirmó que el gobierno “debe poner más mano dura. No tener ninguna piedad, condescendencia ni derechos humanos para los delincuentes”.

Consideró que el país tiene que apoyar esa medida y llamó a las autoridades a replicar la política de El Salvador de “no dar de comer a los presos de las cárceles. Esta situación se ha salido de control. Y es por la falta de medidas extremas”. Aludió al fuerte combate que realiza el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, contra las pandillas.



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