Internacional - Seguridad y Justicia
La impunidad y el desmontaje democrático en El Salvador a 32 años del fin de la guerra, según ONG
Hugo Sánchez
San Salvador, (EFE).- El Salvador cumple este martes 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), sin saldar deudas con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con un desmantelamiento democrático y con los pocos avances judiciales "neutralizados", a juicio de las ONG Cristosal y Tutela Legal.
El 16 de enero de 1992, el Gobierno salvadoreño y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de oposición, firmaron los Acuerdos de Paz en México con la mediación de las Naciones Unidas.
Para David Morales, de la organización humanitaria Cristosal, estos acuerdos facultaron "avances históricos", como un sistema de elecciones más fiable, el ejercicio de la libertad de expresión, y otros que permitieron los "mínimos democráticos" alcanzados.
Señaló a EFE que la "más importante deuda" es la que se tiene con las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad con juicios ejemplarizantes y otros procesos de reparación.
"Lamentablemente los gobiernos de turno y el poder militar impidieron el cumplimiento de esta agenda de los Acuerdos de Paz relacionada a los derechos de las víctimas", que fueron discriminadas mientras se protegió a los victimarios, además de "otras prácticas de impunidad".
El letrado, que representa a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote (1981) en un proceso penal, destacó que en 2016 se eliminaron los obstáculos para juzgar a los responsables de crímenes de guerra con la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993.
Este fallo de la Sala de lo Constitucional permitió la reapertura de procesos penales que estuvieron cerrados por décadas, como el de la matanza de unos 1,000 civiles en El Mozote, la masacre de 6 sacerdotes jesuitas (1989), entre otros.
Para Alejandro Díaz, de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández", "se ha neutralizado lo que es esta (resolución de) inconstitucionalidad".
"Se han estancado estos casos", subrayó Díaz, cuya organización también es parte de la querella en la causa penal contra más de una docena de mandos militares por cargos de lesa humanidad en la masacre de El Mozote.
El Gobierno de espaldas a los Acuerdos
Este 2024, el Gobierno de Nayib Bukele y el Estado salvadoreño suman 5 años de no realizar actos conmemorativos por la firma de los Acuerdos de Paz, después de que el mandatario dijera que fueron una "farsa".
Bukele respaldó en 2020 el bloqueo a una serie de diligencias ordenadas por el juez que llevaba el caso de El Mozote, Jorge Guzmán, en los archivos militares. El juzgador pidió a la Fiscalía que indagara si el presidente salvadoreño y sus mandos militares habían cometido algún delito.
Para Díaz las acciones del Ejecutivo de Bukele y del Congreso, de amplía mayoría oficialista, han afectado los casos judiciales, principalmente tras la destitución irregular de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021 y la remoción de jueces, entre ellos Guzmán.
Según Morales, todos los altos mandos de la Fuerza Armada y presidentes civiles, hasta el actual, han mantenido una postura de bloquear investigaciones y "proteger criminales de guerra".
Lamentó que con Bukele "se está afincando nuevamente un dictadura en El Salvador y la militarización está alcanzado niveles mucho mayores" a los registrados en administraciones anteriores.
Advirtió sobre un "desmantelamiento de la división de poderes y socavamiento de la independencia judicial que ha promovido el Gobierno de Bukele y su bancada legislativa, limitando las posibilidades de alcanzar justicia en los casos de crímenes de la guerra".
La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del FMLN, ahora partido político de oposición y que gobernó El Salvador por 10 años (2009-2019).
La conmemoración de la firma de la Paz se da en momentos en que El Salvador se encuentra bajo un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas y en medio de un ambiente electoral de cara a las elecciones presidenciales del 4 de febrero, en las que Bukele buscará la reelección a pesar que la Constitución lo prohíbe.
Jamileth
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