Tras Bambalinas
¿Qué hay detrás de la muerte de Navalny?
Amnistía Internacional
Cómo la Rusia de Putin acaba con la libertad de expresión de activistas y opositores
Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, se ha acelerado en Rusia un preocupante aumento del uso indebido de una legislación antiterrorista imprecisa, todo con el objetivo de sofocar la disidencia y controlar el discurso público de maneras alarmantes y desgarradoras.
Así empezaba la carta que Aleksei Navalny envió a su hija a finales de diciembre de 2023 tras pasar más de tres semanas desaparecido: "Soy tu nuevo Padre Escarcha. Tengo un abrigo de piel de oveja, un gorro Ushanka con orejeras, pronto me darán unas botas Valenki, y me ha crecido la barba. No hay ciervos, pero hay perros pastores enormes. Y lo más importante, ahora vivo más allá del Círculo Polar. Como soy el Padre Escarcha, probablemente te interese el tema de los regalos. Pero me temo que soy el Padre Escarcha de un régimen especial, así que sólo recibirán regalos los que se hayan portado muy mal".
El Padre Escarcha es una figura mitológica típica del norte de Europa, con el poder de hacer caer la nieve o crear las condiciones típicas de invierno. A pesar de las condiciones de la prisión a la que acababa de ser trasladado, le quedaban fuerzas para bromear con sus seres queridos. Poco antes, el 25 de diciembre, su portavoz, Kira Yarmysh, posteó en X: "Hemos encontrado a Alexey, ahora se encuentra en la colonia IK-3, en Kharp, 60 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico y a casi 2,000 kilómetros de Moscú".
Desde el 5 de diciembre no tenían noticias suyas: había desaparecido del listado oficial de la colonia penitenciaria IK-6, en Melekhovo, a unos 250 kilómetros al este de Moscú, donde cumplía condena.
¿Cómo murió Navalny? Un envenenamiento sospechoso
Aleksei Navalny empezó a ser conocido en Rusia en el año 2017. Durante el mes de marzo se celebraron manifestaciones contra la corrupción en varias ciudades rusas. La gran mayoría fueron prohibidas. Sin embargo, en ciudades como Moscú, la gente se echó a la calle desafiando a las autoridades. Más de 1,000 personas fueron detenidas. Una de ellas fue Aleksei Navalny. Pasó la noche en comisaría y al día siguiente fue condenado a pagar una cuantiosa multa por diversos cargos relacionados con la organización de la manifestación. También le acusaron de desobediencia a la policía por presuntamente resistirse a la detención y le impusieron una sentencia suspendida de cinco años.
Desde entonces, Navalny entró y salió de prisión en varias ocasiones. Hasta que en agosto de 2020, el avión en el que viajaba tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk. Pasó varios días en coma inducido, hasta que fue trasladado a Berlín, donde los médicos dijeron que había indicios de que había sido envenenado con un agente neurotóxico,Novichok, una potente neurotoxina desarrollada en la Unión Soviética y en Rusia en los años 80 y 90 que puede administrarse en forma de líquido, polvo o aerosol. El veneno causa espasmos musculares que pueden detener el corazón, causar una acumulación de fluido en los pulmones que puede ser mortal, así como daño a otros órganos y células nerviosas. No se llevó a cabo ninguna investigación, algo que reforzó las sospechas de la implicación de altos cargos rusos.
Sobrevivió al Novichok, pero no a las condiciones de las colonias penitenciarias rusas
Cinco meses después, en enero de 2021, tras recibir tratamiento médico y recuperarse en Berlín, Navalny regresó a Rusia y, en una acción más típica de una película de acción que de la realidad, las autoridades rusas desplegaron en el aeropuerto de Vnukovo a cientos de policías, que arrestaron y expulsaron a los simpatizantes que esperaban allí al activista, a una temperatura de -20°C, y desviaron el vuelo a otro aeropuerto, el de Sheremetyevo. Navalny fue detenido, una vez más. Pero en esta ocasión ya no volvería a saber lo que es la libertad. Fue acusado de haber violado el régimen de libertad condicional de una condena anterior no privativa de libertad, impuesta por motivos políticos. En marzo de 2022 fue declarado culpable de nuevos cargos y condenado a nueve años más de cárcel. Posteriormente, el 4 de agosto de 2023, el tiempo que pasaría entre rejas aumentó un total de 19 años, tras ser declarado culpable de financiación y promoción del “extremismo” y “rehabilitación de la ideología nazi”.
Durante todo el tiempo que permaneció encarcelado, Navalny fue trasladado de prisión en varias ocasiones, cada vez a colonias penitenciarias con condiciones más duras, donde era sometido a un trato de especial dureza. Fue encerrado en repetidas ocasiones -hasta 23- en las llamadas celdas SHIZO (celdas de aislamiento de castigo), donde no podía recibir visitas ni cartas, ni hacer ejercicio o pasear por el exterior. En abril de 2021 se declaró en huelga de hambre porque las autoridades rusas le negaban un examen médico por personal médico independiente. Todo esto influyó en su estado de salud, que se fue deteriorando rápidamente.
El precio de oponerse a Putin en Rusia
Seguidores y colaboradores perseguidos y silenciados
A la vez que la salud de Navalny empeoraba, sus apoyos en el exterior crecían. Pero también crecía una ola de represión brutal. En una manifestación pacífica que tuvo lugar el 31 de enero de 2021 en su apoyo, fueron detenidas más de 5,000 personas. En las comisarías de Moscú no había suficientes celdas y muchas personas fueron recluidas en régimen de incomunicación en autobuses policiales atestados, sin saneamiento adecuado y en plena pandemia de COVID-19.
En abril del mismo año, las autoridades rusas empezaron a desmantelar la Fundación Anticorrupción y la Fundación para la Protección de los Derechos Ciudadanos, creadas por Navalny, y perseguidas ya desde años atrás, cuando el Kremlin fijó su mirada en ellas. Ambas organizaciones fueron calificadas oficialmente de “extremistas” y prohibidas. Además, las autoridades se encargaron a conciencia de no dejar un resquicio “legal” a los colaboradores de Navalny, llegando incluso a encarcelarlos: Lilia Chanysheva, excoordinadora de las oficinas de Navalny, Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción, y otros colaboradores fueron detenidos y condenados al mismo tiempo que otras personas del equipo de Navalny abandonaron Rusia por temor a la persecución política. En octubre de 2023 la policía registró los domicilios y los despachos de tres abogados, Vadim Kobzev, Aleksei Liptser e Igor Sergunin, todos ellos representantes jurídicos de Aleksei Navalny, investigados por “organización de un grupo extremista”, cargos que podrían conllevar hasta 10 años de cárcel.
El caso de Aleksei Navalny quizá sea el más conocido, pero no es el único
Estos últimos días la imagen de Navalny ha llenado portadas y espacios informativos. Personalidades de todo el mundo han manifestado su consternación por la muerte del activista, político y opositor al Kremlin. Sin embargo, su caso es uno más en una preocupante lista. Su muerte se suma a las de Anna Politkovskaia, que murió acribillada a balazos en el portal de su casa de Moscú en octubre de 2006 o Boris Nemtsov, destacado político asesinado cerca del Kremlin en febrero de 2015.
Otros opositores han tenido “mejor suerte”. Vladimir Kara-Murza, de 41 años y padre de tres hijos, fue un estrecho colaborador de Boris Nemtsov. Sobrevivió a dos intentos de envenenamiento en 2015 y en 2017, y en abril de 2022 fue detenido tras haber criticado la invasión de Ucrania en varios actos públicos. Fue condenado a 25 años de cárcel por “alta traición”, “difundir a sabiendas información falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia”, y “llevar a cabo actividades de una organización indeseable”. Actualmente cumple condena en la colonia penitenciaria IK-7 de Omsk, en el sur de Rusia.
Pero no solo los activistas están Bajo el ojo de Sauron, título del informe que Amnistía Internacional publicaba en julio del año pasado y que desvelaba hasta donde llega Rusia en su afán por sofocar a opositores y, en concreto, a todo aquel que se moviliza contra la invasión de Ucrania y que ha sometido a más de 20,000 personas a duras represalias. También políticos, como Aleksei Gorinov, un concejal deldistrito de Krasnoselsky,en Moscú, condenado a siete años, o Ilya Yashin, ex concejal también del mismo distrito, condenado a ocho años y medio de cárcel. Ambos por criticar la agresión rusa en Ucrania.
Entrega de flores en el memorial de Navalny, un símbolo de la lucha por la libertad
La legislación antiterrorista como brazo legal contra el activismo
Desde el año 2013, se ha condenado a casi 4,000 personas por delitos relacionados con el terrorismo en Rusia. Más del 90% de estas condenas no se basaron en atentados terroristas sino en acciones diversas como la supuesta “justificación del terrorismo”. En los últimos 10 años, este tipo de condenas se ha multiplicado por 50. En diciembre de 2023, la “Lista de terroristas y extremistas” del Servicio Federal de Supervisión Financiera incluía a 13.647 personas, de las cuales 11.286 estaban etiquetadas como “terroristas”. De ellas, el 13% eran mujeres y 106 tenían menos de 18 años. La inclusión en este registro, que se produce sin ninguna revisión judicial, conlleva la congelación de las cuentas bancarias y restringe el gasto mensual a 10,000 rublos (unos 100 euros), lo cual plantea a las personas incluidas en la lista graves dificultades para mantener incluso el nivel de vida más básico. Estas son algunas de las cifras del informe Terrorising the dissent, que documenta el número creciente de ataques de las autoridades rusas contra disidentes y manifestantes pacíficos con el pretexto de la “seguridad nacional”
Muchas de las personas que han protestado en Rusia contra la guerra han sido acusadas de terrorismo, por actos como el lanzamiento de cócteles molotov contra centros de reclutamiento y otros edificios oficiales. Incluso varias esposas de soldados rusos en el frente han sido detenidas durante una manifestación en Moscú el 3 de febrero. Se les prohibió congregarse, al tiempo que la policía detenía, entre otras personas, a periodistas que se encontraban documentando la protesta.
Esto nos deja claro que lo que presenciamos actualmente en Rusia no es un mero abuso de la ley, sino que las autoridades instrumentalizan la legislación antiterrorista y antiextremista para sofocar la disidencia y controlar el discurso público de maneras alarmantes y desgarradoras. Estas leyes, de redacción ambigua y aplicación arbitraria, se utilizan para acallar las voces de oposición e infundir miedo entre quienes se atreven a hacerse oír.
La realidad supera la ficción
Ni la mejor película de espías podría abordar la situación de la libertad de expresión en Rusia. Aquellas personas que se atreven a desafiar el sistema acaban detenidas, condenadas a largas penas de prisión, en colonias penitenciarias con durísimas condiciones de reclusión, exiliadas y, en el peor de los casos, muertas. Como Aleksei Navalny, que el 16 de febrero, tras dar un paseo por el patio de la prisión, empezó a sentirse mal y perdió el conocimiento. No volvió a recuperarlo. Según el Servicio Penitenciario Federal, se le prestó atención inmediata y acudió un equipo de ambulancia, pero todos los esfuerzos de reanimación fracasaron, y Navalny fue declarado muerto en la colonia IK-3, en Kharp, también conocida como el Lobo Polar. El mismo lugar desde donde pocos días antes había escrito a su hija para decirle que se había convertido en el Padre Escarcha.
La respuesta de Rusia no ha hecho esperar: Al menos 387 personas fueron detenidas en 39 ciudades del país por participar en actividades en memoria del opositor muerto. ¿El delito? Colocar flores y fotos en lugares simbólicos. Esta nueva ola de represión no sólo es un trágico recordatorio de aquello por lo que luchó Navalny, sino que indica claramente que el objetivo de las autoridades rusas es borrar su memoria. La retirada de sus fotos y la veloz anulación de actos en su memoria en todo el país, es un clarísimo ejemplo de hasta qué punto las autoridades pretenden borrar su nombre de los libros de Historia.
JMRS
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