Cuentas Claras
TUMOR CANCEROSO: Deuda Pública
CIFRAS DE ESPANTO - CAPITULO 17
Por lo que hemos visto, si pudiéramos quitarnos el peso del IPAB-FOBAPROA nos ahorraríamos anualmente no menos de 180,000 millones de pesos y el costo de la Deuda Pública se reduciría a menos de la mitad. En este caso el total de la Deuda Pública se reduciría a una tercera parte. Nada más fácil y sencillo que quitarnos este peso del IPAB-FOBAPROA si nos lo proponemos como tarea nacional número uno, antes que cualquier otra.
Así de sencillo como les fue a los ex banqueros traspasar sus deudas y sus quebrantos al gobierno, de la misma forma debemos devolverlos y analizar con la lupa y el raciocinio cada uno de los adeudos que ahí se encuentran. Sobran los argumentos y reflexiones para encontrar una solución en algún otro lado, que no quieran absurdamente que el pueblo la pague. Esta sí que debería convertirse en deuda pública, pero no para cargar con ella, sino para analizarla y exponerla públicamente. ¿Acaso no se ha mantenido como una deuda secreta?
La función de la banca pública lleva implícita la responsabilidad ineludible de responder por las pérdidas o quebrantos de sus clientes, por los errores cometidos a la hora de prestar sin las garantías suficientes pues bien sabemos que tuvieron que ser por un amplio margen a su favor. ¿Qué no sabemos qué pasó? Entonces, sería bueno que nos lo cuenten ellos. Desde luego que sabemos que ya no son los dueños de los bancos cuyos quebrantos traspasaron al Fobaproa antes de venderlos. Sabido es que casi todos los vendieron o se salieron oportunamente antes de que llegaran los problemas que se están presentando y que tienen al país en una virtual bancarrota. Así fue la gran estafa: eludir la responsabilidad de absorber las pérdidas y responder con sus capitales a los quebrantos que maquinaron y propiciaron con los créditos que perdieron o que no devolvieron.
¿Por qué el gobierno paternalmente los salvó de la quiebra? ¿Por qué tuvo que ser el pueblo el que con sus impuestos tuvo que pagar y seguir pagando los desfalcos que cometieron los neobanqueros?
Lo más absurdo e incongruente fue el haberles permitido que vendieran y traspasaran los bancos en estas condiciones y que se quedaran todavía con una buena tajada de la venta, sin ni siquiera pagar los consiguientes impuestos que estas operaciones llevan implícitamente. Solamente dejaron las deudas y los quebrantos a cargo del Estado y se fueron con las manos limpias. ¿Cómo fué posible que el gobierno fuera capaz de comprar basura: cartera vencida e incobrable a sabiendas que no obtendría ningún beneficio ni recuperación alguna?. ¿Cómo pueden los ingresos públicos servir para semejante artimaña y confabulación?
Este sobrepeso en la hacienda pública ya rebasó el billón de pesos, es decir: un millón de millones. Su monto y costo son mayores que el de la deuda externa y el de la deuda interna. En un año, será el doble de las dos deudas juntas si permitimos que siga creciendo. Abundan las tesis, los estudios, los análisis, las controversias y las opiniones sensatas que invalidan jurídica y constitucionalmente esta deuda del IPAB-FOBAPROA.
En todos los periódicos y revistas se ha publicado y denunciado este megafraude contra la Nación. Sin embargo el gobierno: la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, el Banco de México y la Secretaría de la Función Pública, se han hecho de la vista gorda y han permitido este asalto bancario al fisco. ¿Cómo es posible que las autoridades en el gobierno no sepan a quiénes pertenecen las deudas que se encuentran en el IPAB? ¿Por qué les perdonó la deuda? ¿En dónde están esos créditos y garantías que los respaldaron? Esta es
la magnitud del problema.
De esta manera nos quedan más claras las transas y trastadas que se han venido haciendo en el sector bancario en donde indudablemente se encuentran los actos de corrupción más arbitrarios, ilegales y deshonestos que se han dado sobre el erario público. Precisamente estos son los hechos que más han impactado en el deterioro de las finanzas públicas y son el motivo de la astringencia presupuestaria en todos los sectores económicos y sociales. Por eso mismo son el centro de nuestra atención a la hora de considerar las opciones que tenemos para reestructurar la Deuda Pública, para el encuentro de soluciones que permitan un equilibrio entre los ingresos y egresos de la Nación.
Definitivamente la deuda del IPAB-FOBAPROA debería de desaparecer como Deuda Pública y ubicarla en cualquier otro lado, menos en la hacienda pública. Deberíamos retrocederla hasta el punto en donde está la dirección correcta que debió haber tomado desde el principio, cuando estalló el problema que se les hizo fácil cargar al gobierno y por ende a los contribuyentes. No tiene caso discutir más sobre este asunto.
Por qué no, como una de tantas soluciones que puede haber, hacer un fondo bancario (en realidad lo debieron haber hecho) con un porcentaje proporcional sobre las jugosas ganancias y comisiones que están obteniendo y con él se comienza a amortizar el importe total al que lleguen los quebrantos. Que el IPAB se les transfiera a ellos y que a su vez se lo descuenten o cobren a quienes verdaderamente tienen la obligación legal de pagarlos. Los ex banqueros de "mala fe" que vendieron sus bancos deben asumir su responsabilidad ante quienes se los compraron de "buena fe" y responsabilizarse de los quebrantos anteriores y poner en práctica la ética que nunca han observado.
Estas operaciones de compra-venta de los bancos debieron, sin lugar a dudas, pactarse libres de pasivos y de responsabilidades futuras a cargo de los vendedores, si así se estila hasta en las microempresas. Porque tampoco sería justo afectar a los inversionistas que son los nuevos propietarios de los bancos castigándolos y haciéndoles pagar deudas que no son de ellos; caso similar al nuestro que como contribuyentes nos quieren imponer el pago del IPAB, cosa de lo más absurda.
EL PRESIDENTE FOX DEBE RECUPERAR LA MEMORIA
No podemos aceptar que el presidente Fox se retracte de la posición que tenía hace 6 años respecto a este problema y que no cumpla sus promesas de echar para atrás este asunto ya que él mejor que nadie sabía que era una desfachatez y sinvergüenzada de los ex banqueros.
Es inaudito e inadmisible que el presidente de todos los mexicanos se parcialice ahora con los banqueros en contra de los intereses de la Nación y que todavía, sin ningún recato por su investidura, interponga controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que esos bancos sean auditados y facilitar que sea legalmente factible intercambiar los bonos del Fobaproa por los del IPAB.
Algo realmente insólito, sobre todo cuando podemos recordar aquella frase de Vicente Fox como candidato a la presidencia: el Fobaproa (el ‘muerto en el clóset') es «consecuencia directa de las tarugadas y errores que cometieron Salinas, Pedro Aspe, Jaime Serra Puche, el propio Zedillo y demás miembros de la familia revolucionaria-tecnocrática». En esa misma ocasión agregaba: «Si México viviera la democracia en su plenitud, cada año, al presentarse el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le exigirían cuentas al Ejecutivo y no se habría permitido que creciera un monstruo de las dimensiones de Fobaproa. ¿Quién le pidió cuentas al gobierno?».
Además, reconocía que el Fobaproa estaba relacionado con la resistencia a pagar impuestos: «Si a un ciudadano le preguntan si está de acuerdo en cubrir con sus impuestos el dinero que se robaron los ricos banqueros, sólo un tarugo contestaría que sí». Al mismo tiempo prometió: «hay una buena cantidad de culpas que tendrán que facturarse a su debido tiempo».
¿Qué pasó entonces señor presidente, qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y pasarse del lado de los banqueros? ¿Por qué cambió su manera de pensar y de ver las cosas? ¿Qué raro embrujo cambió sus convicciones?
Así pues, hay que recordarle al presidente esas convicciones que en aquel entonces defendía tan vehementemente, que recuerde sus promesas de campaña y que rectifique el rumbo. Ya basta de tanta hipocresía y de tantas mentiras porque ya estamos hartos.
México se sabe así, abandonado por su presidente y utilizado solamente para satisfacerle sus más egoístas aspiraciones: sacar al PRI de Los Pinos, solamente como un capricho, pero no para servir mejor a la Patria, más bien para servirse de ella. La democracia se siente traicionada y el pueblo vilmente desilusionado. Todo resultó una farsa y una mentira. Una continuidad de tantas otras, pero nunca habían sido tan graves ni tan exageradas.
Finalmente, esta es una síntesis sobre la historia del Fobaproa y del IPAB que escribió recientemente Carlos Fernández Vega en el periódico La Jornada ("En nombre del estado de derecho"). Después de leerlo no harán falta mayores comentarios y quedaran comprendidos los fundamentos de la oposición cerrada hacia la deuda pública por este concepto.
"Si el Legislativo no puede revisar el expediente Fobaproa, ¿qué instancia será la indicada para investigar el rescate bancario más oneroso?
El avance de la investigación y, especialmente, sus resultados pusieron al borde de un ataque de nervios a más de dos, y por ello el Poder Judicial sentenció: que la Auditoria Superior de la Federación saque las manos del expediente Fobaproa, porque ese es un asunto que trasciende sus atribuciones, que no es de su incumbencia, que no lo toque, que se aparte, que se olvide, que lo cierre.
De acuerdo con el criterio de esa instancia de gobierno, corresponde al Poder Ejecutivo y sus dependencias, atender y resolver se supone que en beneficio de la nación todo lo relacionado con el Fobaproa, los pagarés, las auditorias, los dineros, las recuperaciones y demás dulces obsequiados por uno de los rescates bancarios más onerosos y, por lo visto, ineficientes del mundo.
El legislativo y sus instancias infringen la ley cuando pretenden que el burro deje de dar vueltas a esa noria llamada rescate bancario y sus más de 800 mil millones de pesos, rutina por llamarle de alguna manera que atenta contra el erario. Entonces, si esa instancia no es la legalmente facultada para detener la sangría, o morir en el intento, entonces ¿cuál es la buena? Porque quien afirme que es la Presidencia de la República junto con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) la institución que defiende los intereses nacionales en el caso de los banqueros y sus excesos estará narrando un pésimo chiste de negro contenido".
En este sentido, La Jornada ilustró a quienes desde 1995 vienen cubriendo la factura: «la Secretaría de Hacienda junto con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte negocian un acuerdo secreto para cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 109 mil millones de pesos, correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera que los banqueros incluyeron en el Fobaproa. Buscarán efectuar el canje por títulos del IPAB para cerrar el capítulo del rescate del sector. Otros informes señalan que el monto podría llegar a 167 mil millones de pesos; su aprobación en el IPAB estaría prácticamente lista, porque la junta de gobierno quedó a modo de las autoridades hacendarias con la renuncia de los vocales Bernardo González Aréchiga y Adalberto Palma Gómez, y la salida del secretario ejecutivo, Julio César Méndez, en septiembre de 2003, por presiones de Hacienda».
La descrita no es más que una intentona adicional del Ejecutivo y sus dependencias financieras para lograr que a una decisión que dice el Poder Judicial busca privilegiar el estado de derecho la suceda otra que lo viole abiertamente y desde el centro del poder público, comprometido afirman algunos a defender los intereses de la nación.
Obvio es que dicho acuerdo secreto dejaría a un lado las auditorias que por normatividad (artículo quinto transitorio de la Ley para la Protección del Ahorro Bancario, que condiciona el trueque de papeles a la realización de dichas auditorías) deberán practicarse a las instituciones bancarias que, ansiosas, esperan el momento preciso para intercambiar sus pagarés Fobaproa por títulos más sólidos y con aval del Poder Legislativo, asunto éste en el que la participación del Congreso sí es aplaudida y reconocida por Los Pinos y la Asociación de Banqueros de México.
El Poder Judicial diría que la decisión asumida en este sentido no busca más que defender el estado de derecho, pero a quienes gústeles o no pagan el festín, ¿quién los protege?, porque a todas luces no lo han hecho, ni lo harán, las mencionadas dependencias públicas, las mismas a las que uno de los poderes de la Unión tocó con su varita mágica para que resolvieran el entuerto de un rescate que mantiene a las arcas nacionales en permanente inanición.
Los números no son gratos. La información disponible de la Dirección General de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda revela que los pagarés del Fobaproa correspondientes a Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte las instituciones que cuestionó la Auditoría Superior de la Federación por haberse beneficiado del rescate sin fundamento legal para ello «suman vencimientos totales por 253 mil 31 millones de pesos en 2005 y 2006».
"Por el FOBAPROA-IPAB han pasado muchos funcionarios públicos que hoy ¡fuera caretas! trabajan abiertamente para los supuestos rescatados. Otros, sin embargo, no tuvieron tal suerte o no hicieron méritos suficientes y se tienen que consolar con una que otra posición en el gobierno del cambio".
"Sucesor de Julio César Méndez como secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard ya compareció (finales de 2003) ante el Senado de la República Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el mismísimo Fauzi Hamdan y allí precisó que entre el hacer y el decir del instituto existe una marcada diferencia".
"A los inquilinos de Xicoténcatl les aseguró que «desde 2002 el IPAB notificó a las instituciones de crédito involucradas, como Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, una estrategia aprobada por la Junta de Gobierno con el propósito de llevar a cabo la formalización del nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera, al que se refiere el artículo quinto transitorio. El objetivo es revisar y evaluar que las instituciones participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera hayan efectuado la administración, recuperación y cobranza de la cartera en los términos a los que se comprometieron al adherirse al citado programa. En caso contrario, se efectuará la sustitución fiduciaria e incluso se podría proceder a reclamar judicialmente a las instituciones el pago de daños y perjuicios».
Ese es el decir, porque en el hacer ya se sabe que: «la Secretaría de Hacienda junto con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte negocian un acuerdo secreto para cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 109 mil millones de pesos, correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera que los banqueros incluyeron en el Fobaproa»." Todo, en nombre del estado de derecho.
Por eso, ante las evidencias y los recursos legales, haríamos bien en quitarnos la deuda del IPAB-FOBAPROA y en devolverla a quienes la deben para que la paguen. Con esta acción tendríamos un ahorro más sobre la Deuda Pública.
Solamente así vamos a salir de la crisis y reactivar nuestra economía. Por lo tanto, es urgente llamar a cuentas a los banqueros e interrogarlos al respecto. ¿Qué pasó con esos créditos? ¿En dónde están? Es hora de borrar más de un billón de pesos de la Deuda Pública por estos conceptos fraudulentos del rescate a los bancos que hoy, después de haber sido rescatados por el gobierno de Zedillo, ya limpios y bien lavados (con el ISO 9000), se encuentran en manos extranjeras; porque los ex banqueros mexicanos prefirieron huir y rematarlos con el fin de quedarse con la inmensa fortuna que hicieron con el IPAB-FOBAPROA y borrar sus huellas de esta manera.
Pero, ¿Qué dicen los ex banqueros a las múltiples denuncias que se han hecho en los medios periodísticos y de comunicación respecto de sus malos manejos y el faltante del dinero que se cubrió y encubrió a través del FOBAPROA? ¿Qué podrían responder a esta nota de Juan A. Zúñiga e Israel Rodríguez publicada en el periódico La Jornada del 2 de febrero de 2004? :
Se encarecieron 442% desde 1995 los pagarés del rescate bancario
Los papeles del Fobaproa en poder de Banamex-Citigroup eran por 9 mil 30.78 millones; ahora llegan a 56 mil 250.8 millones Todos los bonos emitidos vencen en diciembre de 2005. El valor de los siete pagarés del rescate bancario que vencerán el próximo año asciende a más de 136 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 442 por ciento sobre el monto inicial de 1995, el cual fue de 25 mil millones, indican informes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Estos pagarés constituyen el punto de conflicto entre el Congreso y cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte), que se oponen a la revisión de sus cuentas para determinar si hubo operaciones irregulares durante el rescate bancario de 1995, como habrían sido la inclusión de préstamos relacionados entre socios o empresas del mismo grupo, carteras chatarra, e instituciones que estaban muy lejos de una quiebra, ya que sus niveles de capitalización eran superiores a los establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Estos documentos emitidos en su momento por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no han podido intercambiarse por otros, emitidos por el IPAB, porque el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB establece: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica''.
Además, precisa la ley que: "una vez concluidas las auditorias, las instituciones correspondientes podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el fondo, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor, y a cambio el fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera''.
Diferencias en la interpretación que han hecho los bancos sobre estos señalamientos han dado lugar a un largo litigio, en el que esas instituciones han contado con el apoyo del presidente Vicente Fox, quien interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que esos bancos sean auditados y facilitar que sea legalmente factible intercambiar los bonos del Fobaproa por los del IPAB.
Banamex, la más poderosa institución bancaria del país, adquirida por el estadunidense Citigroup en 2001, tiene un pagaré Fobaproa emitido el 15 de diciembre de 1995 por 9 mil 30.78 millones de pesos y cuyo valor al 30 de septiembre de 2003 ascendía a 56 mil 250.8 millones. Su crecimiento sobre el monto inicial por capitalización de intereses ha sido de 523 por ciento durante ese periodo.
En el caso de Bancomer, ahora subsidiaria del español Bilbao Vizcaya Argentaria, posee dos bonos. Uno por un valor inicial de 10 mil 951.1 millones de pesos, que actualmente ampara 56 mil 474.8 millones. Otro con un monto que bajó de 608.3 a 132.3 millones de pesos. Ambos fueron emitidos el 31 de diciembre de 1995.
Todos los bonos emitidos por el Fobaproa en diciembre de hace nueve años vencen en diciembre de 2005. Pero antes deberán ser intercambiados por los respectivos pagarés IPAB para su liquidación. El problema radica en que no pueden canjearse debido, precisamente, al litigio existente sobre si el informe Mackey constituyó o no la auditoria que establece el artículo quinto transitorio.
El debate en torno al informe Mackey
Los bancos argumentan que cumplieron con la ley al realizarse la auditoria Mackey, que le costó al Congreso vía recursos de los contribuyentes 22 millones de dólares. El auditor canadiense calificó al documento como un informe, porque no tuvo acceso a todos los documentos para integrar todas las operaciones ilegales, calificadas como reportables.
Ante la negativa de los bancos y la reacia actitud de las autoridades para exigir esa información, Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión para Investigar las Operaciones del Fobaproa durante la 58 Legislatura, interpuso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) un recurso legal para conocer toda la información referente al rescate bancario.
El IFAI determinó como procedente esta solicitud y resolvió que en este caso no procedía el secreto fiduciario o bancario, argumento utilizado por el ipab, la CNBV y la Secretaría de Hacienda para negar toda esta información. El IPAB planea intercambiar los pagarés del Fobaproa durante este año, incluso sin que se realicen las auditorías, y por lo tanto sin aval del Congreso..., según la diputada Dolores Padierna Luna, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Jonathan Davis, presidente de la CNBV, es el mismo funcionario que firmó los pagarés de capitalización y compra de cartera hace casi 10 años, cuando era tesorero de la Federación. En la nueva junta de gobierno del IPAB participa como vocal Héctor Tinoco Jaramillo, quien, según Padierna Luna, no cubre los requisitos de elegibilidad porque no fue electo por las dos terceras partes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como establece la ley.
Entre tanto, el valor de los pagarés sigue en ascenso. Los de Bital (ahora HSBC), que en 1995 amparaban 3 mil 24.8 millones de pesos actualmente ascienden a 18 mil 733.7 millones; esto representa un incremento de 519 por ciento.
Mientras, los tres pagarés de Banorte, que originalmente tenían un valor conjunto de mil 455.7 millones de pesos, ahora amparan 4 mil 397.4 millones; es decir, un incremento nominal de 202 por ciento, la capitalización de intereses más moderada de los cuatro bancos involucrados.
ATENCIÓN PRIMORDIAL
Por eso después de considerar los diagnósticos sobre el impacto del IPAB sobre la Deuda Pública lo menos que podemos pensar, sensata y seriamente, es en la disposición para atender este problema antes que cualquier otro y cerrar filas para que la deuda externa e interna se audite como es debido. Nada de que no se puede abrir este expediente o que el asunto es secreto o confidencial. Vaya cinismo y descaro en el que rayan tanto el gobierno como los ex banqueros en esta asociación delictuosa al negarse rotunda y reiteradamente a que se conozca la verdad y el nombre de los deudores de esta deuda oscura y misteriosa que devora cientos de miles de millones de pesos de nuestros impuestos y del presupuesto que
debería destinarse al desarrollo de la nación y no para beneficio de los mafiosos banqueros de aquel entonces y sus cómplices y aliados en el gobierno.
Con semejantes argumentos, evidencias, criterios jurisprudenciales, con la Constitución en la mano, ¿cómo no va a ser posible poner las cosas en su lugar o devolverlas al estado en que se encontraban en estricto apego a la ley y al derecho? Si actuaron anticonstitucionalmente y violando los elementales preceptos jurídicos de la ley de sociedades mercantiles, de la ley bancaria, de la ley del mercado de valores; pasando por alto a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México; después de todo esto no debemos aceptar pagar una deuda que no es nuestra y que tiene nombres y apellidos, siendo también empresas con razones sociales que no pueden hacer a un lado su responsabilidad sobre ella ni tampoco pasar por alto las acciones fraudulentas que tampoco se pueden despenalizar o quedar en la impunidad.
¿Qué diferencia puede haber entre un asaltante o una banda delictiva que asaltan y roban una sucursal bancaria por unos cuantos miles de pesos, frente a un fraude que comete uno o varios banqueros y que despojan de sus ahorros e inversiones a millones de mexicanos por cientos de miles de millones de pesos; porque a sus empresas y familiares no se les dio la gana pagar los créditos que se auto concedieron o porque se gastaron el dinero? Ninguna explicación sensata ni ningún buen juicio en defensa de estas dos clases de delincuentes nos podrá confundir, diferenciar ni dejar de pensar que los dos son delitos punibles aunque fueran distintas las causales y las circunstancias agravantes y que por lo mismo no pueden quedar impunes como tampoco los créditos en el aire. Ambos, el asaltante y el defraudador, son delincuentes ante la Ley. Ambos tienen que devolver lo robado o defraudado y sufrir una pena de prisión para revindicarse. Son delitos del género de asociación delictuosa o de delincuencia organizada.
Entonces el gobierno actual tiene que proceder conforme su mandato Constitucional de velar porque se cumplan las leyes que tenemos impuestas como obligatorias y que nadie las eluda, que cada quien y cada uno de nosotros responda por sus obligaciones y sus compromisos. El gobierno no puede hacerse cómplice de los que violan las leyes y cometen algún delito; mucho menos brindarles impunidad o controvertir los mandatos y resoluciones del Poder Judicial en beneficio de intereses particulares y en contra de los de la Nación.
Es hora pues de invocar los recursos legales para urgir sobre la invalidación de las deudas que ilegítimamente el gobierno ha reconocido como Deuda Pública. Es tiempo de ventilar este reclamo en los estrados judiciales y no solamente en las páginas de los periódicos y en los noticieros. El resultado positivo aliviaría la astringencia económica y financiera del país y se traduciría en la panacea de la economía que se encuentra paralizada por la falta de recursos que se van a esos rescates infructuosos de los ex banqueros y sus cómplices que están coludidos con ellos. Ya es tiempo de borrar de la Deuda Pública ese billón de pesos, la tercera parte del total... para comenzar a ahorrar.
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