Cuentas Claras

Opciones para pagar la Deuda Pública: Opciones Inmediatas

2006-07-06

Llegó el momento de pensar en serio sobre estos problemas con el ánimo de...

CIFRAS DE ESPANTO - CAPITULO 18 - 2da Parte

 

¿Qué tiene que ver la corrupción con la Deuda Pública? Tiene que ver en todo. Simple y sencillamente, si no fuera por ella, no la deberíamos ni tendríamos que estar soportando su peso sobre nuestras carencias y miserias.

Como parte de la solución, tenemos que considerar a la Corrupción. Si no fuera por ella no existiría la Deuda Externa ni la Interna, o si fuera el caso no sería de semejante magnitud y tampoco ningún problema u obstáculo para nuestro desarrollo que está estancado. Ya hemos dicho que en la Deuda Pública se encuentra la suma del total de la corrupción habida en nuestro país en toda nuestra historia contemporánea. El paso de los sexenios solo ha servido a los gobernantes para borrar sus huellas de corrupción y para que sus sucesores se encarguen de cubrírselas o borrarlas. A eso obedecía y se debía la política presidencialista del dedazo a la hora de elegir al sucesor, tomando en cuenta que el nuevo presidente tenía o tiene la obligación de cubrir la retirada y la espalda de aquél que se va.

La red de la corrupción abarca o afecta a todos los sectores, tal como está de manifiesto en el balance periodístico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, en los que indudablemente se sirvieron con la cuchara grande y se repartieron lo más que pudieron llevarse. Salinas de Gortari desmanteló la economía del Estado y malbarató al sector privado los bancos y las banco-empresas, carreteras, ferrocarriles, Teléfonos de México, aeropuertos, aseguradoras, etc. Por su parte, Ernesto Zedillo, más hábil y no menos inteligente, perdonó la deuda a los banqueros que resultó por el quebranto de sus bancos (FOBAPROA-IPAB), y se le hizo fácil traspasarla y sumarla a la Deuda Pública para que el gobierno y la Nación la absorbieran fraudulentamente, monto que actualmente es superior a 1 billón de pesos, cien mil millones de dólares aproximadamente.

Es por ello, que debemos evitar que las pocas empresas del Estado se privaticen, se malbaraten y que se ordeñen como si fueran vacas rentadas. El presidente no es el director general de una holding comercial ni puede gobernar el país como si fuera una fábrica y distribuidora de refrescos y ver al pueblo como público consumidor. El gobierno no debe ejercer sus funciones con criterio comercial y mercantilista. Ninguno de los miembros del gabinete puede negar su extracción empresarial, pero como gobernantes deben actuar pensando en los intereses de la nación y no de los grupos privados a los que están o estuvieron ligados. Hay que dejar de ser empresarios y ser políticos y fomentar el espíritu nacionalista.

De allí que hay que evitar que el gobierno privatice lo último que nos queda y que son las fuentes de nuestra riqueza: la electricidad, el petróleo, el gas. De aquí se derivan la petroquímica básica y las plantas de gas y energía que son la planta energética del país y sobre la que no pueden traspasar la codicia y la ambición de particulares. Recordemos que ningún otro gobierno ha podido atravesar la muralla que tienen en la Constitución. Estas dos paraestatales, PEMEX y la CFE, siempre han sido el pilar de la economía del Estado, especialmente después de su expropiación y nacionalización. La Constitución las protege de por vida para todos los mexicanos y no permite el usufructo de ellas para beneficio de particulares, menos tratándose de extranjeros.

No es válido que haya pretensiones privatizadoras, ni que se pretendan aprovechar de la crisis de liquidez y descapitalización por la que atraviesan estas dos empresas, para hacer negocios particulares y privados a través de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que es bien sabido que son inconstitucionales y una estratagema del gobierno. Tarde o temprano estos "contratos" se tendrán que echar para atrás constitucionalmente y estaremos hablando de la segunda expropiación petrolera. No se puede privatizar lo que de ninguna manera puede ser privatizado. Esto no es cuestión de botas ni de espuelas. Es un asunto de Estado que compete solamente a nuestra constitucionalidad.


LA BANCA EXTRANJERIZADA

Es una verdadera lástima que la banca mexicana se haya extranjerizado y que sea el resultado de una privatización que dio como origen los grandes fraudes que cometieron los banqueros cuyos créditos se encuentran encerrados hermética y sigilosamente en el FOBAPROA. Más del 90 por ciento de la banca en México, se encuentra en manos de banqueros extranjeros, rindiéndoles las mejores utilidades y rentabilidad, más que en cualquier otra parte del mundo.

La banca mexicana les resultó una excelente y jugosa inversión a los precios de remate a los que vendió el gobierno (acciones que salieron de las únicas garantías solventes que tenía el IPAB para responder por los créditos insolventes producto de su bancarrota). La venta del último paquete de BANCOMER que se acaba de rematar es una evidencia de lo absurdo de la venta a los precios que se vendieron las acciones. El monto de la operación fue como quitarle un pelo al gato del IPAB.

Al final de cuentas, es el pueblo mexicano el que les concede semejante descuento en esta oferta. Es el pueblo el que está pagando el FOBAPROA y patrocinando estas gangas bancarias con los impuestos que se destinan al pago, servicio y amortización de la Deuda Pública.

Ninguno de los banqueros quisieron quedarse con ninguna parte de estas acciones que ellos saben que en sus manos son una papa caliente. No son insensatos sino precavidos. La cruda realidad es que se nos ha ido y hemos perdido el tradicional Banco de Comercio del que ni su nombre conservaron los españoles en esta nueva conquista de México en el sector bancario.

Todo esto, sin ningún empacho del gobierno que no se inmuta ante la pérdida del 90% de la soberanía bancaria y a sabiendas del riesgo que esto representa en la seguridad nacional, en un sector tan estratégico para la Nación. A este grado ha llegado la ceguera gubernamental para no ver este descalabro para la economía nacional.

Por eso, cómo no vamos a tomar en cuenta a la Corrupción, si queremos realmente solucionar el problema número uno de la Nación: el de la Deuda Pública. En el caso concreto del FOBAPROA-IPAB, tenemos en la lupa la muestra más clara, cínica y descarada de corrupción; con huellas que no se han borrado todavía y que si se analizaran en el microscopio y se siguiera la pista de los casos que dieron origen a este fraude, podríamos entonces quitarle el gran peso que esta encima de la deuda por más de un billón de pesos.

Cómo dejar pasar por alto este caso de UN BILLÓN DE PESOS a la hora de querer encontrar y dar soluciones definitivas y efectivas al problema fundamental que origina todos los demás. El problema no es aumentar los ingresos a como dé lugar, sino más bien recuperar los fondos que son o fueron producto de la corrupción y que están en manos de los gobernantes corruptos que todos sabemos quienes son. Los únicos que no lo saben o se hacen de la vista gorda son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.

Nadie puede dudar de que en la época que vivimos, en la plena modernidad, con el desarrollo y la tecnología más avanzada a nuestro alcance en equipos y sistemas de computación y telecomunicaciones, no podamos rastrear y encontrar cualquier cantidad de dinero o de personas por insignificantes que ambas fueran. Al mismo Saddam Hussein lo sacaron de debajo de la tierra y sus decenas de miles de millones de dólares se los confiscaron inmediatamente, antes de que lo tomaran preso y mucho antes de que invadiera EU a Irak. Cuando hay deseos y voluntad política todo es posible.


Nadie puede aceptar pagar una deuda que no le corresponde, y menos si ni siquiera sabemos de quienes son los créditos que nos quieren imponer a pagar casi de manera forzosa, y cual su fundamento legal para obligarnos a ello. En la partida del Presupuesto de Egresos que se destina al costo del FOBAPROA, leemos el siguiente concepto: "Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca".

La pregunta de "Juan Pueblo" obligada después de leer esto sería: ¿Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca? ¿Cuál apoyo? ¿Por qué este Apoyo? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los Deudores de la Banca? Finalmente preguntamos: ¿Quién de manera precisa y concreta nos ha respondido estas interrogantes? Estoy seguro que ninguna respuesta nos dejaría satisfechos ni sería una razón legal contundente para dejar de pensar en lo ilegal de esta deuda, y que lo que procede es su anulación y que los ex banqueros rindan cuentas a la Nación.

Entonces tendría también que constituirse un Programa de Apoyo a los Ahorradores y Deudores de la Banca con motivo de cualquier asalto bancario. Tanto el fraude financiero como el robo por asalto son delitos punibles en nuestro país y en uno y otro caso los bancos tienen que responder ante sus clientes de sus quebrantos o defraudaciones.

En ambos casos no hay impunidad. Los riesgos en el oficio de la banca siempre han estado muy bien compensados con las altas tasas de interés y comisiones que cobran a sus clientes por sus múltiples servicios monopólicos. Luego entonces, el gobierno no tiene que pagar el costo de la bancarrota de los neo banqueros bisoños ni tampoco defender lo indefendible. Nosotros como pueblo no podemos tolerar lo intolerable.


EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN, MAS QUE EL DE LA DEUDA PÚBLICA

Por último tenemos cifras oficiales que le han puesto un valor estimado al costo de la corrupción. Para México el costo de la corrupción representa 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en materia educativa el país invierte sólo 5.8 por ciento; la cifra es pavorosa pues este fenómeno afecta a los más pobres, reconoció Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en su participación oficial en la Conferencia de Alto Nivel Político para la firma de la Convención contra la Corrupción, celebrada en Mérida, Yucatán en diciembre de 2003.

Esta cifra en términos comunes representa la cantidad de 630,000 millones de pesos, 80,000 millones más que el costo que tiene anualmente la Deuda Pública. ¿Cómo no va a ser un foco de atención importante la corrupción? Como vemos, no son cacahuates, son lingotes de oro.


EVASIÓN FISCAL, OTRA OPCIÓN

Por su parte, la evasión fiscal, y hablando de corrupción, es otra opción de ingresos para el gobierno que debe combatirse de una sola manera: poniendo candados o cerrando las válvulas por donde se evade y no dando palos a ciegas. El costo de la evasión fiscal se calcula en 617,871 millones de pesos anuales, esto es más que el costo total que tiene la Deuda Pública. La única que no se quiere dar cuenta de quién y cómo evaden al fisco es la Secretaria de Hacienda, la que de diversas maneras solapa y encubre los casos de evasión fiscal de grandes empresas, consorcios, transnacionales y bancos, aparte de las exenciones fiscales que les concede.

La siguiente nota de Sergio Kurczyn Bañuelos, sobre el costo de las exenciones fiscales es también muy ilustrativa sobre las bondades que el gobierno dispensa al sector empresarial, y de lo más detestable si tomamos en cuenta lo inequitativo que en la práctica es el sistema fiscal y la merma que éste causa en la captación de ingresos:

Al cierre de este año (2004) el fisco dejará de captar 417 mil millones de pesos (38 mil millones de dólares) a causa de las exenciones vigentes en el sistema tributario mexicano, lo que equivale al 6.3% del producto interno bruto y a más de la mitad de la recaudación total anual, de acuerdo con estimaciones de Banamex:

Ese monto "es muy elevado sobre todo si se compara con el total de los ingresos tributarios, que alcanzan el 11.8% del producto interno bruto", establece el estudio realizado por Sergio Kurczyn Bañuelos, responsable de Coordinación Económica de la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. "La sangría financiera del fisco se agrava por la evasión, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima en alrededor del 40% para el IVA e ISR", establece el reporte. "El principal rubro que contribuye al boquete de las finanzas públicas es el IVA, que alcanza exenciones del orden de 124 mil 304 millones de pesos (1.9% del PIB) cada año, principalmente por la aplicación de la tasa cero, que significa una sangría de 90 mil millones de pesos (1.4% del PIB) anuales para el erario. Los dos siguientes rubros en importancia son los de crédito y subsidio fiscal, que en conjunto suman casi 214 mil millones de pesos".

"El costo de estas exenciones fiscales equivale a: 53% de la deuda externa del sector público; al 75% del costo total de la Deuda Pública; 18 años de presupuesto para orden público y seguridad, a cifras del 2003; 75% de los requerimientos de inversión del sector eléctrico en los próximos 10 años; 50% del monto de la deuda contraída por el IPAB". ¿Qué le parece? El costo de las exenciones fiscales más la evasión fiscal suman anualmente la cantidad de $ 1,034 mil millones de pesos, 90 por ciento más que el total del costo y amortizaciones de la deuda pública.

Cabe recordar que la Constitución también prohíbe la exención de impuestos (artículos 28 y 115); marca la obligación de los mexicanos a contribuir a los gastos de cada orden de gobierno en el que residan, e indica que los impuestos sean equitativos y proporcionales (artículo 31, IV).

Obliga a que el gasto público se utilice de modo eficaz y honrado para satisfacer objetivos específicos (artículo 134). No permite el pago de lo que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos que aprueba la Cámara de Diputados (artículo 126), y ordena a esta Cámara a señalar en el presupuesto la retribución que corresponde a los empleos públicos (artículo 75). ("La Constitución y la hacienda pública", Jorge A. Chávez Presa, 12/Feb/04, El Universal)

Y por último, si se combatiera la evasión fiscal y se lograra solamente captar la mitad de los 617,871 millones de pesos que por este concepto se pierden, entonces el costo total del servicio y amortizaciones de la Deuda Pública se reduciría a su mínima expresión en el presupuesto de 550,000 millones de pesos, y tendríamos esos recursos para atender y financiar el desarrollo económico del país para hacerlo más productivo. El PIB podría crecer no sólo el 7 por ciento anual sino hasta el doble, como China, con dinero todo es posible.

Tampoco hay que olvidar los inmensos recursos por las de las exenciones vigentes en el sistema tributario: otros 417 mil millones de pesos.

Llegó el momento de pensar en serio sobre estos problemas con el ánimo de resolverlos, antes de hacer algún intento de reformas ya sean fiscales, laborales, o de cualquier índole. La Deuda Pública debe ser vista con la importancia que se merece. El costo de las exenciones y las evasiones fiscales, junto con la corrupción, son puntos álgidos que deben de atenderse con objetividad, prontitud e imaginación. Tampoco se trata de cortar cabezas a los cuatro vientos, es cuestión de concientización social y burocrática y de la automatización y programación de los sistemas fiscales a cargo de una excelente ingeniería telemática.

Igualmente si ponemos un alto al endeudamiento sucesivo y constante podríamos pensar en ahorrarle al país otros 336,335 millones de pesos al año. Algunas soluciones serían: no seguir pidiendo prestado y hacer frente a nuestro desarrollo económico y financiero con recursos propios. Utilizar el producto del ahorro del derroche que ha caracterizado a éste y a los demás gobiernos que han pasado.

Ya basta que en cada sexenio suceda lo mismo, ya basta que los gobernantes se dediquen solamente a saquear al país y a ver a la Nación como si fuera su Hacienda propia, ya basta de que piensen que México les pertenece, ya basta de actuar como si no pasara nada, pero sobre todo, ya basta de que nos sigan manipulando a su antojo.

No podemos seguir soportando semejante grado de desconocimiento de las tareas que competen a aquellos que se empeñan en gobernarnos a sabiendas de que son ineptos e incompetentes en sus puestos. No es posible que no sepan qué hacer frente a los problemas y que no puedan resolverlos. Ya basta también de nuestro desapego de este problema de la Deuda Pública que podría resolverse si nos lo proponemos y no esperar a que llegue un nuevo gobierno en el próximo sexenio con la esperanza de que lo atiendan y lo resuelvan.

Finalmente, el costo de las exenciones fiscales, 417,000 millones de pesos (mdp); más el de la evasión fiscal, 617,871 mdp; y luego el de la corrupción, 630,000 mdp; nos da una cifra sin precedentes de 1 billón 665 mil millones de pesos que equivalen al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más de tres veces del costo anual de la Deuda Pública. Esta es la danza de los cientos de miles de millones de pesos que andan VOLANDO y que se embolsan unos cuantos privilegiados de la corrupción. Fondos que nunca llegan y se pierden en la "administración pública". Dinero que se va a la bolsa de los archimillonarios corruptos

¿Cómo no va a ser México un país tan vasto cuando puede generar tanta riqueza para sostener y soportar este tipo de fugas económicas? Qué bien le caerían a la economía ese billón 665 mil pesos si circulara legalmente dentro del presupuesto público. Solamente de IVA, si se captaran, serían 250,000 millones de pesos que se agregarían al Presupuesto de Ingresos.

Aparte debemos considerar el costo financiero de la deuda por concepto del IPAB-FOBAPROA (intereses y amortizaciones), el cual asciende a más de 200,000 millones de pesos al año.

Sumando los derroches, más corrupción, más evasión fiscal, más exenciones, más rescate bancario, carreteras, ingenios, etc; el país deja de percibir o de gastar cerca de 2 billones de pesos anuales, 33 por ciento más que el total de los ingresos y egresos del presupuesto de la federación.


ENTRE PARENTESIS Y AL FINAL

Entre otras cosas, ya es tiempo de que todos los mexicanos recojamos los frutos de ser uno de los países con mayor abundancia de petróleo y que la gasolina y la energía eléctrica nos cuesten menos y no más que a cualquier país que ni siquiera produce, sino que la importa. Ya basta de que el fisco se ensañe en aumentar las tarifas y precios de los energéticos y que los siga gravando a más del doble o al triple de lo que cuesta producirlos, siempre en detrimento de la economía de todos y cada uno de los mexicanos y solamente para solapar y subsidiar la gran corrupción que priva entre el gobierno y estos sectores estratégicos de la economía
nacional, amén de su contribución casi absoluta y tan importante para el pago de la Deuda Pública.



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