Huesped
Contra la libre expresión
Jesús González Schmal, El universal
Este 27 de enero se cumplieron tres años de la muerte de quien fuera pionero del género periodismo civil radiofónico que, desde 1976, abrió los micrófonos a la pluralidad nacional en materia política. Sin lugar a dudas este hecho fue el precursor de lo que dos años después posibilitó la reforma legislativa que generó la primera cámara pluripartidista sin exclusión de ninguna corriente ideológica de las existentes en el país.
Paco Huerta creó, asimismo, el periódico Voz Pública que todavía edita Martha Elena Ramírez Ortiz y quien, a su vez, conduce un programa radiofónico en la cadena Radio Bilingüe desde México a los radioescuchas de habla española en la Unión Americana. Ella, apenas unos días después de que fue cancelado el noticiero de Carmen Aristegui en W Radio, sufrió un robo en las oficinas desde donde se transmite la nueva versión de la emisión radiofónica.
Quién no recuerda, en esos espacios de libertad, los primeros debates que permitieron colmar el sagrado derecho ciudadano a la información. Sin censura, se escucharon todas las posiciones y opiniones políticas de la época y se oyó, en esas mesas de análisis, lo más destacado de las voces periodísticas de la época. Carlos Monsiváis, María Victoria Llamas, Feliciano Béjar, Saúl Uribe, etcétera, cada uno en su especialidad, aportaron a la democracia radiofónica que se estrenaba, sus lúcidos juicios sobre el acontecer nacional y el desempeño del poder en turno.
Naturalmente, al poco tiempo, el sistema político oficial se incomodó. Al igual que con Hoy por hoy con Carmen Aristegui, la subida de rating fue su cima y su sima. Al fin de cuentas, Voz Pública inauguraba, sin necesidad de ley, el acceso del pueblo a la transparencia con información que el mismo ciudadano proporcionaba de los actos de la autoridad encomiables y reprobables. Para nuestra mala fortuna abundaron los segundos sobre los primeros y José López Portillo cerró el programa por primera vez el que, no obstante, se pudo reinstalar posteriormente en diversos periodos y que, finalmente en 2006, Marta Sahagún, no resistiendo la entrega que le hizo Paco Huerta de la grabación de la voz ciudadana en los casetes que le entregó en Los Pinos, giró la orden al concesionario de Radio Fórmula quien, obsecuente o bien retribuido, corrió a Paco Huerta y a su extraordinario equipo de la estación radiofónica.
El paralelismo con José Gutiérrez Vivó, quien seguramente abrevó de la experiencia huertista y reeditó un periodismo radial independiente, salta a la vista. El neopanismo en el poder resultó, paradójicamente, más represivo contra la libertad de expresión de lo que fuera el priísmo de añejas épocas.
La muestra indudable de este agravante actual no es sólo lo que Huerta y Gutiérrez Vivó experimentaron en el foxismo, sino lo que ahora vivimos todos con el calderonismo en el caso de Carmen Aristegui, en el que el nuevo ingrediente es que se descubre que los concesionarios radiofónicos ya no son sólo los tradicionales mexicanos, sino ahora el interés del control del derecho a la información en el país es también tarea de los nuevos propietarios de nacionalidad española.
No somos ingenuos al no encontrar el paralelismo cuando nos percatamos de que el primer cierre de Voz Pública en 1982 ocurrió cuando López Portillo endeudaba estratosféricamente a la nación con la riqueza petrolera y atizaba la inflación criminalmente. Que el segundo cierre, en 1990, se consumó cuando Carlos Salinas se ufanaba de haber logrado la aprobación del TLC e irrumpía el movimiento zapatista en Chiapas reclamando justicia para los indígenas empobrecidos con el neoliberalismo. La cancelación definitiva en 2006, que le costó la vida al gran periodista ciudadano, acaeció cuando el desafuero de López Obrador era la obsesión de la pareja Fox-Sahagún y el país se abatía con la corrupción más cínica de la casa presidencial.
Tampoco es casual relacionar el embate a Monitor de Gutiérrez Vivó con la preparación del fraude electoral, ni con el primer balance sexenal del neopanismo. Y el último atentado y flagrante violación a los artículos 14 y 16 constitucionales contra Carmen Aristegui, casualmente ocurre cuando el régimen de Calderón se aprestaba a cambiar secretario de Gobernación para cubrir políticamente el flujo libre de capital español a todas las áreas de la economía nacional, incluyendo petróleo y energía eléctrica.
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
LLG
