Policrato Philodemos
"Desgaste" por defender la seguridad nacional
La debilidad se opone al deberÂ…
inventando argumentos para esconder
deslealtades, cobardías, y egoísmos.
Estamos viviendo un tiempo de crisis en el que diariamente los sicarios del crimen organizado ponen en jaque a la seguridad ciudadana, actuando como comandos paramilitares que lo mismo secuestran, convoyan drogas en carreteras, aeropuertos y litorales, asesinan, roban vehículos, trafican con indocumentados, extorsionan vendiendo protección a los comerciantes, de la misma manera perpetran actos terroristas contra la población civil, y feudalizan territorios para convertirlos en santuarios y cuarteles desde donde lanzar sus operativos criminales, todo ello en un reto evidente a los poderes federal y locales, buscando disminuir las capacidades de las instituciones del Estado Mexicano, y tratando de imponer un clima de paranoia colectiva que amedrente a la población e inhiba al gobierno, para crear así el caos social que les garantice la impunidad de los crímenes que cometen, utilizando tácticas que son propias de la guerra psicológica.
Dentro de este escenario de vesania criminal y degradación de la seguridad ciudadana y nacional, es asombroso leer o escuchar en los medios de difusión a dudosos "analistas", exigiéndole al gobierno federal que regrese a la tropa a sus cuarteles y no use a las fuerzas armadas para "combatir al crimen organizado", aduciendo, en una lectura torcida de la constitución, que esta función solo le corresponde a las policías.
Cuando se conocen los argumentos que esgrimen estos "analistas" en contra del empleo de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, (como lo ha hecho el señor Emilio Alvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Milenio Diario, 13/10/08), no se sabe si lo piden por ignorancia del problema, por buscar el fracaso de las autoridades federales para después acusarlos de incompetentes, por estar coludidos con estos grupos criminales, o bien porque son unos perfectos imbéciles que han perdido la capacidad de razonamiento, aunque en cualquiera de los casos ninguno ha sido capaz de proponer alguna forma coherente de solución al problema, aún sabiendo que es pública y notoria la penetración que han logrado las bandas criminales al interior de los cuerpos policíacos, por lo que pedir su participación para combatirlas significa convertir al combate en una simulación, o peor aún en un apoyo más para que las policías coadyuven como cómplices en las operaciones ilícitas.
De la misma manera estas plañideras de una supuesta legalidad parecen ignorar la realidad, o perversamente pasan por alto el que por complicidad, miedo, incompetencia, o desidia, los rabadanes de la política nacional dejaron crecer al crimen organizado desde hace más de 20 años, tiempo en que se consolidaron apoderándose de territorios y pueblos enteros a los que feudalizaron como poderes fácticos, diversificando sus operaciones criminales que actualmente abarcan todo tipo de ilícitos con alto rendimiento económico, hasta convertirse en una rica y poderosa trasnacional del crimen que pudo contratar a sus propias fuerzas armadas, ahora compuestas por grupos de mercenarios paramilitares y de sicarios, con capacidades tácticas propias de un comando, con la ventaja de la sorpresa, y con armamentos superiores a los de cualquier cuerpo policiaco.
Quienes están pidiendo que las fuerzas armadas sean retiradas del combate al crimen organizado, no saben distinguir (o perversamente evaden), la diferencia entre un problema policiaco de uno de seguridad nacional, radicando esta diferencia en que mientras en un problema policiaco es el criminal quien está a la defensiva de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, quienes se encuentran en desventaja en poder de fuego y carecen de la iniciativa táctica, mientras que en un problema de seguridad nacional (aunque aparentemente se trata del mismo problema policiaco), éste ya adquirió una dimensión extraordinariamente grande en capacidad de fuego, iniciativa táctica, e impunidad ante la ley, lo que incluye el control de territorios ("Feudalización" de la región), donde los criminales se han convertido en el poder fáctico con organización, capacidades e iniciativa táctica semejante a la de un grupo paramilitar, que supera en mucho a las policías, de tal manera que son éstas y las instituciones del gobierno las que se encuentran a la defensiva, lo que transforma el problema policiaco a uno de seguridad nacional, así como en obstáculo para el ejercicio soberano del poder del estado.
Quienes claman por el confinamiento de las de las fuerzas armadas a sus cuarteles, están pidiendo en su discurso que el estado renuncie a sus obligaciones de gobernar, olvidando que entre estas obligaciones está el derecho a emplear la fuerza legítima de que dispone para mantener la paz interior de la república, razón suprema de estado que tiene como fin garantizar la seguridad ciudadana y la existencia misma de sus instituciones, pues de otra manera faltaría a sus obligaciones por omisión y traicionaría a la ciudadanía que lo eligió democráticamente, al dejarla a merced del crimen organizado que se convertiría en el poder de facto en las calles.
Resumiendo lo expuesto anteriormente puede afirmarse categóricamente y aún en contra de los espíritus "políticamente correctos", a quienes les gusta maquillar las palabras negando la crudeza de la realidad, y que siempre acaban simulando la solución de los problemas, que la situación existente es la de una guerra que el crimen organizado le ha declarado al estado y a la sociedad mexicana, guerra de baja intensidad e irregular a base de golpes de mano con grupos armados a la manera de los comandos, que hasta la fecha (Octubre 14), lleva cometidos 3725 asesinatos, una enorme cantidad de secuestros, robo de vehículos, extorsiones a la población civil y comercios, tráfico de drogas y de personas, así como toda clase de ilícitos que les han redituado alguna ganancia económica y/o política-territorial, por lo que el estado mexicano no puede ni debe cruzarse de brazos, sino en contrario, actuar decididamente para deshacer el estado de sitio que, de facto, le ha emplazado el crimen organizado, utilizando como herramienta a sus grupos paramilitares de mercenarios en contra de las instituciones del estado mexicano.
El mejor argumento y evidencia para llamarle guerra a la situación actual que priva en el territorio mexicano, es el recuento de bajas civiles y de fuerzas del orden (incluyendo las del instituto armado), causadas por el crimen organizado a través de sus fuerzas paramilitares, quienes no toman prisioneros sino que asesinan, incluyendo el degüello de sus víctimas, bajas que han alcanzado la cifra de 3,725 asesinatos cometidos con singular vesania, excediendo en cifras a las bajas de las fuerzas norteamericanas en la guerra que sostiene en Irak, desde hace más de tres años de campaña.
Las ventajas táctico-estratégico-políticas de llamarle "guerra"al problema de seguridad nacional que actualmente enfrenta el estado mexicano, es que despeja las implicaciones político-partidistas que conlleva, para así poder establecer con claridad quien es el enemigo con nombre y apellido, así como para establecer una estrategia dirigida contra un enemigo en concreto, y no con fantasmas difusos, y para destruir sus soportes logísticos, de manera que se pueda actuar (a través de medidas de inteligencia y golpes de mano), inutilizando sus bases de aprovisionamiento económico y el flujo de material bélico que lo sostienen.
Otra ventaja, no menor, es que se identificarían como cómplices o aliados del enemigo, a todos aquellos que de alguna manera apoyan las operaciones del crimen organizado y sus grupos paramilitares, ya sea desde dentro del sistema bancario y/o financiero (bancos, casas de bolsa, negocios simulados, casas de cambio, etc.), o desde las filas mismas de las instituciones del gobierno y/o de seguridad, actuando como lavadores de dinero, quintacolumnistas, o espías, respectivamente, a quienes así se les podrían acusar y enjuiciar de acuerdo con las leyes de la guerra como enemigos del estado mexicano, que en este caso le han declarado también de facto, la guerra a las instituciones del estado mexicano y a la nación en general, lo que siguiendo las leyes de la guerra (acuerdos de Ginebra), daría lugar a la confiscación de los bienes del enemigo, incluyendo en esto a las instituciones bancarias, de financiamiento, o de cambio de divisas que sirvan al crimen organizado.
Finalmente y como colofón de lo anteriormente expuesto, puede añadirse como otra ventaja, para la mejor defensa de las instituciones de estado mexicano amenazadas, y para proteger la seguridad nacional en peligro por esta guerra irregular y de baja intensidad, que el llamarle guerra al estado de sitio establecido por las fuerzas del crimen organizado, permitiría al gobierno federal declarar la suspensión de garantías constitucionales, en las zonas feudalizadas que sirven de santuario a los enemigos del estado mexicano, para así llevar a cabo las operaciones de liberación y limpieza de los mismos, sin el obstáculo (muchas veces interesado) de las autoridades locales y de los trámites jurídico-legales necesarios en tiempo de paz, para anular más fácilmente el poder del enemigo, que en este caso lo constituyen todos los que componen las redes y fuerzas del crimen organizado.
Actuar de manera diferente es condenar a la sociedad al sometimiento al crimen organizado, y a la seguridad nacional a una simulación interminable que solo beneficia a los enemigos de México, con deterioro de la seguridad ciudadana, que todos los gobiernos están obligados a proporcionar, so pena de perder legitimidad ante su pueblo.
LLG
