Policrato Philodemos
El estado inoperante
La dilución del Estado como política de partido
"No existe sociedad organizada, sea humana o animal, sin un poder que la dirija... y este se pierde cuando no se manifiesta y ejerce".
Cuando analizamos los acontecimientos políticos pos electorales que están ensombreciendo la vida nacional, desestabilizando las instituciones y destruyendo la credibilidad de las autoridades legítimas, se encuentra que son dos las actitudes que destacan en el quehacer de los actores principales, como son la llamada "Alianza Por el Bien de Todos", encabezada por el señor Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades federales, cuya actuación depende del Presidente de la República.
El primero de estos actores tiene como meta principal lograr, a cualquier costo, que su líder de facto llegue a la primera magistratura de la nación (a pesar de que fue vencido democráticamente en los comicios del 2 de Julio pasado), para lo cual ha escogido la estrategia de actuar en el filo de la ley, cruzando frecuentemente la línea que divide el derecho constitucional a expresarse, con el atropello a las garantías constitucionales de la ciudadanía, haciéndolo de manera cotidiana y con provocaciones deliberadas a las autoridades (siempre envueltas de un discurso hipócritamente pacifista, pero que desconoce y descalifica de antemano a las instituciones de la república), buscando que éstas utilicen la violencia legítima del Estado para mantener el orden y la paz pública violentada, para hacer cumplir la ley que es el motivo de su existencia misma y su función fundamental, para después acusarlos con malevolencia de ser arbitrarias, represoras y enemigas del pueblo, todo ello con la evidente finalidad de provocar un martirilogio, y la victimización ante los ojos de la ciudadanía, suponiendo que esa estrategia es una vía fácil para ganarse la simpatía del pueblo y el apoyo a su causa.
Cada día que pasa, este quehacer estratégico de provocaciones es aumentado en función de la impunidad que obtienen, y de las respuestas del gobierno ante el abuso extralegal de sus derechos constitucionales, que aprovechan algunos de sus agitadores profesionales (legisladores entre ellos), para violentar el derecho de la ciudadanía en una escala ascendente, llegando actualmente hasta el secuestro, de facto, del centro histórico de la Ciudad de México, lo que ha provocado pérdidas millonarias a los hoteles, restaurantes, comercios, escuelas, vecinos residentes y servicios, que se encuentran en el área abusivamente allanada (según su líder mesiánico "pacíficamente"), a nombre de la libertad que tienen para expresarse, y que de acuerdo al discurso hipócritamente cínico es para "para construir la democracia", cuando en la realidad se trata de un pequeño grupo de agitadores profesionales a sueldo de este grupo de partidos políticos, quienes así muestran su vocación antisocial y sus métodos patibularios para hacerse del poder.
El segundo de los actores está formado por las autoridades federales (ya que las autoridades locales pertenecen al grupo antes descrito), quienes están cometiendo el delito de omisión a sus responsabilidades, dado que al aceptar sus cargos y asumir sus funciones protestaron en cumplir, y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que emanan de la misma, leyes que diariamente son violadas por el grupo político cavernario, que dice ser una "Alianza por el Bien de Todos".
Aquí cabe señalar que la primera obligación de un gobierno es gobernar, esto es, cumplir y hacer cumplir, sin distinción alguna ni privilegios, las leyes y normas establecidas (democráticamente en el caso de nuestro país), que regulan la convivencia, aseguran la paz, y garantizan los derechos que otorga la Constitución a todo ser humano que se encuentre en el territorio nacional.
El poder del Estado Mexicano (y de cualquier otro), se sustenta en su capacidad para gobernar, pues el poder se asemeja a un terreno con desniveles, que al inundarse siempre tenderá a llenarse parejo y sin admitir vacíos así pues, los vacíos en el caso del poder, al igual que en un terreno, siempre serán ocupados, y tratándose del estado los vacíos que éste deje serán ocupados por un poder diferente, quienquiera que sea y sin importar su legitimidad, origen, ó intenciones, razón de más para que el poder del estado siempre sea el primero que cumpla y haga cumplir, las leyes que lo legitiman ante la sociedad que gobierna, sin dejar opción a que otro poder lo substituya de manera ilegal, pues el poder que no se ejerce y que no se hace evidente ante sus gobernados, está condenado a ser desplazado.
De la misma manera el poder (como relación social y entendido como la capacidad para gobernar la conducta de otros), no es obedecido por su capacidad real, sino por la que le suponen quienes se ven comprometidos a obedecerle, de ahí la necesidad de que el poder se haga manifiesto y evidente cada vez que sea necesario, ya que de otra manera se expone a ser desobedecido, repudiado, y substituido, tal y como parece suceder en la situación actual, ante el desafío del grupo político (que perdió legal y democráticamente en los comicios presidenciales del 2 de Julio pasado), "Alianza por el Bien de Todos", que ahora pretende conseguir por asalto y presiones extralegales, la silla presidencial que no pudo obtener en los comicios.
No está de más señalar que para que el poder exista deben de darse dos elementos fundamentales, el que manda y el que obedece, pues al no existir uno de ellos el poder desaparece, ley básica de las relaciones de dominio y razón de donde se desprende que la primera obligación del poder (y para asegurar su propia supervivencia), es la de cuidar, procurar su bienestar, y garantizar las esperanzas y derechos de quienes se encuentran bajo su protección y le obedecen.
La tolerancia extrema ante la violación de las leyes y la renuncia de las autoridades que gobiernan, al uso de la violencia legítima y legal del estado, para garantizar la paz social y el estado de derecho en beneficio de toda la ciudadanía, lleva inicialmente a la dilución e inoperancia del poder del estado, y generalmente termina con la anulación y/o desaparición misma del gobierno, que conlleva a la fragilidad e indefensión extrema del estado.
Un estado se legitima y sostiene cuando posee la capacidad para hacer cumplir sus leyes en lo interno y mantener su soberanía en el ámbito internacional ante sus pares, asuntos para lo que crea y sostiene fuerzas policíacas como elemento disuasivo criminal y control de la delincuencia, así como a las fuerzas armadas como recurso para su defensa exterior y como garantía de su paz interior, pues en el mundo de la realidad nadie respeta a quien carece de capacidad para hacer valer sus derechos, pues ¿Cabría concebir la existencia de un estado de derecho, careciendo de fuerzas del orden que garanticen la paz social?... es evidente que no porque reinaría la anarquía absoluta y las relaciones al interior de la sociedad se regirían por la ley del más fuerte y se carecería de algún tipo de organización para producir sinergia social.
Por otro lado, si aceptáramos la posibilidad de que tal sociedad pudiera existir, nada justificaría la creación, existencia y sostenimiento de una policía y fuerzas armadas, como las que hay en nuestro país, solo que en nuestro caso, y bajo las circunstancias actuales, parece que las autoridades federales no están dispuestas a utilizarlas para sostener el estado de derecho, ni para garantizar loa existencia misma de la nación como estado soberano, provocando un vacío de poder que está siendo ocupado por una caterva de oportunistas que utilizan métodos antidemocráticos cavernarios.
Considerando que el "Estado de Derecho" es, comparativamente, como la virginidad de las mujeres, el embarazo, o la honestidad, que no pueden darse a medias ya que, o existen o son inexistentes por lo mismo ¿Cuál es el límite de tolerancia que las autoridades deberán tener ante quien infrinja la ley, sin afectar la existencia misma del estado y/o caer en un estado de ingobernabilidad irreversible?... especialmente en el caso actual, con el intento de desestabilización social que está provocando la "Alianza por el Bien de Todos", cuyo líder y "Mesías" ya ha declarado abiertamente desconocer a las Instituciones de la República y a las autoridades legalmente constituidas ¿Acaso nuestras autoridades federales no estarán siguiendo una política suicida para el Estado Mexicano, ante estos acontecimientos pos electorales?
AAG
